¿De quién es el acceso a la costa? En San Isidro, un nuevo proyecto inmobiliario de casas frente al río genera resistencias

Son ocho viviendas con un costo que arranca en 1,5 millones de dólares, la municipalidad dice que está todo aprobado, pero un grupo de vecinos se opone

Un conjunto de ocho viviendas con vista al río en la costa de San Isidro agitó las aguas del municipio. El proyecto, que se llama Costa Townhouses Al Río, estaría ubicado sobre la calle Elcano y Alvear, en la localidad de Martínez, donde hoy está emplazado el bar Malloy’s, fue aprobado en 2020, pero todavía no tiene fecha de inicio de construcción. Un grupo de vecinos pide que se prohiba y juntaron firmas para oponerse, reclaman que se respete la zona del Parque de la Ribera y que la costa sea abierta y de uso público.

Conjunto de Viviendas Unifamiliares Agrupadas: bajo ese nombre se autorizó su construcción el 10 de noviembre del 2022 según el Decreto número 1974, firmado por Alberto Mauricio Tripoli, concejal oficialista, en representación del Ejecutivo, al que accedió LA NACION. Según el documento, el proyecto estará a cargo del arquitecto Mario Roberto Álvarez y sujeto al cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas para la aprobación definitiva y el otorgamiento del permiso de construcción en un plazo de 180 días. Tanto la municipalidad como la inmobiliaria coinciden en que el permiso fue otorgado.

“Es el eufemismo que nos tiene acostumbrados el municipio para decir lo que es un barrio cerrado”, dijo María Feldtmann de Maurette, concejal por La Libertad Avanza que acompaña el reclamo vecinal, cuando solicitó un pedido de informes sobre el estudio de impacto ambiental del desarrollo inmobiliario.

“El proyecto fue aprobado hace más de un año, encuadrado dentro de lo que permite el Código de Ordenamiento Urbano del Municipio de San Isidro. El 100% de nuestros proyectos ejecutados, nunca fueron tramitados bajo el amparo de excepciones a los Códigos de Ordenamiento Urbano”, dijo a LA NACION Fabián Narvaez, presidente de Narvaez Desarrollos quien destacó, además, que el terreno donde se emplaza el proyecto es propiedad privada y está separado por unos 70 metros de la línea ribera, donde se interpone una fracción pública.

Narvaez enfatizó que no es un barrio privado, sino que se trata de ocho viviendas agrupadas, “sin impacto para la zona donde se encontrarán emplazadas” y destacó que no contarán con acceso al río. “Solo se construirá sobre el 27% del terreno, no pudiendo superar los 6.3 metros de altura; dejando una superficie libre con terrenos absorbentes de 3.976 metros cuadrados de áreas verdes, tendrá incorporado reservorio, se agregaran nueva forestación autóctona, cloacas y gas Natural”, especificó.

En la pared de la inmobiliaria Narvaez, en San Isidro, llegó a promocionarse, sin embargo, junto con otros cuatro barrios privados “en barrancas de San Isidro con vista al río y rodeado de naturaleza”. Los barrios son Martinez Chico, Finca Pueyrredón, Sáenz Peña y Finca Sarmiento. El decreto precisa, además, que el acceso al conjunto será por la calle Sebastián Elcano con un portón de acceso vehicular y una calle interna. De las ocho viviendas que integrarían este emprendimiento, según pudo saber LA NACION, dos llegaron a estar reservadas, pero la comercialización se frenó dado que no saben cuándo podrán empezar a construir. Los valores varían dependiendo la línea de acceso al río pero todas superan los 1,5 millones de dólares.

“Se debe desarrollar un espacio público de unos 11.200 metros aproximados, siendo esto parte de las exigencias solicitadas oportunamente por el municipio al propietario, donde tendrá éste que realizar una fuerte inversión, generando importantes accesos, senderos transitables, nuevas forestaciones, bancos, bebederos, donde podrán disfrutar los vecinos de San Isidro y otros lugares, adicionando caminos que permitan la libre circulación a la gente que quiera ingresar al mismo, dado que en la actualidad, dicho acceso se encuentra vedado la por actividad que realizan los comercios gastronómicos emplazados en el lugar, pudiendo solo acceder al espacio público algunos “elegidos”, los clientes de los mismos restaurantes”, agregó Narvaez.

En tanto, el grupo de vecinos agrupados en Plaza Abierta San Isidro piden derogar el decreto y reclaman bajo el hashtag #costaabiertaSI en una petición de change.org que se preserve el valor histórico, paisajístico y ambiental de la zona.

Ramón Lanús, que se impuso en la interna de Juntos por el Cambio y será el próximo intendente, dijo que analizarán qué opciones existen respecto del desarrollo del proyecto inmobiliario. “Según la información que circula, este proyecto no es consistente con la mirada que tenemos para la costa de San Isidro. Su desarrollo generaría una barrera en un lugar que debiera conservar un uso semipúblico. Sin embargo, entendemos que el proyecto fue aprobado ya por el municipio el año pasado, y hemos solicitado más información para conocer los detalles legales y entender las alternativas que tendríamos cuando asumamos la intendencia el 10 de diciembre”, contestó ante la consulta de LA NACION.

“Estamos tratando de que las cosas en San Isidro se hagan limpiamente y una de las cosas que nos están tratando de avasallar es nuestra costa. Se dice que se van a suspender las edificaciones nuevas, pero no se dice que se van a prohibir. La costa debe seguir siendo libre, debe tener acceso a todo el público. Si nos ponen permanentemente barrios cerrados con entradas que no podemos participar nos van a sacar todo lo lindo que tiene”, dijo a este diario Estela Frango, integrante del grupo autoconvocado.

Verónica Knoob, de la misma asociación, agregó: “Queremos que el kilómetro que queda, dentro de los cinco kilómetros de costa que tienen San Isidro, sea de acceso público para los vecinos. No queremos que se privatice, ni que nos impidan el acceso a la costa. Queremos que el municipio tenga una mirada amable frente a las necesidades de las personas que habitamos el municipio y que no haga negocios para pocas personas”.

Suspensión de proyectos

Después de una movilización de los vecinos frente al Concejo Deliberante de San Isidro, Gustavo Posse, el actual intendente, que finalizará su mandato este año, convocó a una sesión extraordinaria para modificar el Código de Ordenamiento Urbano: proponía “suspender la evaluación de nuevos proyectos que impliquen la construcción de viviendas”. Las leyes no son retroactivas, es decir que, la jugada de Posse no tendría ningún tipo de incidencia sobre el proyecto por el que los vecinos están protestando.

“Para que San Isidro siga siendo sustentable, tomé la decisión de suspender la posibilidad de construir viviendas en lotes privados sobre nuestra costa natural. Para ello, envié el decreto respectivo al Concejo Deliberante para su convalidación”, posteó Posse ese mismo día en la red social X.

La sesión se hizo el lunes siguiente y el proyecto se giró a la comisión de Planeamiento Urbano, que todavía no se reunió. La mayoría de los concejales coincidieron en que no contaron con el tiempo necesario para analizarlo.

“La modificación pretendida resultaba deficiente para un tema tan complejo como el desarrollo en nuestra costa, además de que se envió sin contar con el tiempo necesario para realizar las consultas técnicas pertinentes sobre este tema, que incluye cuestiones legales, ambientales, urbanísticas y arquitectónicas, entre otros”, señaló en un comunicado el bloque de ConVocación.

“Todos acá sabemos que este proyecto aparece como un caballo de Troya porque modifica la zonificación para acabar con el Parque de la Ribera, convalida un proyecto constructivo al que los vecinos se están oponiendo y sienta un precedente muy negativo para el futuro de la costa”, disparó Feldtmann. Dado que todavía no se convocó a la comisión no se trató aún su pedido de informe del estudio de impacto ambiental ni un proyecto de derogación que presentó luego.

Lanús, por su parte, dijo esa jornada: “Me parece inoportuno plantear una modificación del código por parte de un gobierno que se está yendo sin dar el espacio para la discusión en comisión como corresponde y con los tiempos que hacen falta para discutir estas cuestiones”.

“Siempre se defendió el Ordenamiento Urbano para preservar nuestro paisaje y nuestra costa. El municipio recuperó miles de metros cuadrados entre el parque público de Villa Adelina, el puerto y los terrenos del hipódromo. Y fue el municipio que más cuidó la costa. El proyecto de Alvear no corta el paso al río y con el nuevo decreto no se podrá construir más”, se limitaron a contestar desde la municipalidad ante la consulta de LA NACION.

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