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Cuestionaron la prescripción de delitos penales
Para el procurador Righi, esa ley no puede ser retroactiva
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El procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictaminó que no ha prescripto la causa en que se investiga la muerte de Marcela Iglesias, la niña de 5 años que en 1996 murió aplastada por una escultura de 270 kilos en el Paseo de la Infanta, en Palermo, por lo que los acusados deben ser sometidos a juicio.
Pero el dictamen va más allá: directamente invalida la reforma del Código Penal que permite, al modificar los plazos de prescripción de delitos, que centenares de causas se cierren. En su opinión, esa ley, que está en vigencia desde enero de 2005, no debe aplicarse con efecto retroactivo, en contra del principio de que a los acusados se les debe aplicar la ley penal más benigna.
Si la Corte Suprema de Justicia recoge los argumentos del procurador, que es el fiscal ante el tribunal, podrían revertirse resonantes procesos que quedaron en la nada tras la polémica reforma, aprobada por el Congreso, sin debate, a fines de 2004. Entre esos expedientes se cuentan el vaciamiento del Banco de Italia y el del Banco del Oeste; el caso por encubrimiento del crimen del soldado Omar Carrasco, que significó el fin del servicio militar obligatorio, y la causa en la que fue condenado a dos años de prisión en suspenso Carlos Spadone, por la venta de leche adulterada al Estado (ver recuadro "Causas cerradas").
El dictamen de Righi además señala que sería injusto que la familia de Marcela tenga que pagar las costas del proceso, máxime en un caso donde no se llegó a una sentencia "gracias a la ineficacia del sistema para actuar en tiempo útil".
"Esta demora, que parece incomprensible en vista de la escasa complejidad probatoria del hecho, está impidiendo satisfacer el derecho de los familiares de la víctima a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los eventuales responsables."
Cuando se declaró la prescripción la causa tenía cinco procesados: el autor de la escultura, Danilo Danziger; la dueña de la galería de arte, Diana Lowenstein, y los funcionarios municipales Héctor Torea, Antonio Mazzitelli y Juan Carlos Favale. Se investigan los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones culposas y omisión de los deberes de funcionario público. Ahora Righi propugna que todos sean juzgados.
El procurador tiene una cruzada personal contra esta reforma penal, a tal punto que impartió una instrucción general a todos los fiscales para que apelen todos los casos en los que se declaren causas prescriptas por la aplicación de la nueva norma.
La causa había sido declarada prescripta por las juezas de la Cámara de Casación Ana Capoluppo de Durañona y Vedia y Amelia Berraz de Vidal. Su colega, Gustavo Hornos, había votado en disidencia.
Los jueces aplicaron en forma automática la reforma del artículo 65 del Código Penal que flexibilizó los criterios de prescripción y la hicieron retroactiva a este caso (de 1996).
Pero ahora, Righi argumentó que esta norma no puede aplicarse así automáticamente. Explicó, con citas de juristas alemanes, que las reglas que acortan los plazos de prescripción implican una forma de autolimitación del Estado, pero no significan que haya cambiado la reprobación social del delito, que será igualmente castigado. Por eso, indicó, esas disposiciones quedan fuera de la razón por la cual corresponde aplicar la ley más benigna, aunque sea en forma retroactiva.
"La aplicación retroactiva de la ley más benigna presupone que se haya producido un cambio en la valoración social del hecho imputado, lo cual es evidente que no ocurre con las leyes que sólo expresan la decisión del Estado de autolimitarse hacia el futuro aún más en el tiempo en el ejercicio de la persecución penal, pero de ningún modo traducen un cambio en la reprobación social del hecho", escribió Righi.
El procurador, además, cuestionó el fallo de la Casación, porque entendió que la pena máxima del homicidio imprudente era de tres años, según una ley vigente al momento de la caída de la escultura. En 1999 esa norma cambió y aumentó la pena hasta 5 años de prisión. Pero al mismo tiempo entendió que debía aplicarse el nuevo sistema que limita la prescripción, de 2005, cuando el aumento de la pena para el homicidio ya era ley vigente. "O se aplica retroactivamente toda la ley vigente o se mantiene toda la ley derogada", criticó Righi.
El procurador dijo que si la Corte convalidara el cierre de la causa, "resultaría de ello una situación evidentemente injusta". Entendió que la causa se dilató "como resultado de la imposibilidad de atender a todos los planteos de la defensa".
Y mencionó, sin querer responsabilizar a nadie, que el caso había podido llegar a esta instancia sin una sentencia por ineficiencia del Ministerio Público, chicanas de la defensa para dilatar el proceso, la lentitud de la Justicia o la reforma legal.
La causa había sido elevada a juicio en 1999 y, tras varias postergaciones, la audiencia oral y pública nunca se concretó. Los acusados, entonces, argumentaron que el asunto estaba prescripto según la nueva ley. Les dieron la razón, pero los padres de Marcela Iglesias seguirán su pelea en la Corte, con media batalla ganada.
Causas cerradas
Quince años después del escándalo por la compra de juguetes a decenas de empresas fantasma se declaró prescripta la causa contra el ex vicegobernador de Santa Fe Antonio Vanrell.
Siete militares acusados de haber encubierto el asesinato del soldado Omar Carrasco, ocurrido en 1994, fueron sobreseídos en junio de 2005 por el Tribunal Oral Federal de Neuquén como consecuencia de la reforma al Código Penal.
Por aplicación de la nueva ley, fueron sobreseídos dos médicos que estaban procesados por la muerte de una mujer de 30 años que contrajo sida durante su embarazo por una transfusión sanguínea y le contagió el virus a su hija al amamantarla.
Fue uno de los casos más famosos de corrupción del gobierno de Carlos Menem: la venta de leche en polvo adulterada al Estado, en 1991. En 2003, el empresario había sido condenado a dos años y medio de prisión, pero en septiembre último se cerró la causa por aplicación de la nueva ley de prescripción.
El traficante de armas sirio Monzer al-Kassar había sido procesado por la presunta falsificación de certificados para obtener la ciudadanía argentina -que logró en 24 horas-. En abril de 2005, a 13 años del hecho, el juez Ballestero declaró prescripta la investigación.
El ex síndico del Banco del Oeste, entidad que con su caída causó un perjuicio al Estado y los ahorristas de más de 100 millones de pesos, fue otro de los beneficiados por la nueva ley de prescripción que provocó el archivo de su causa.
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