Cuándo es la marcha universitaria de mayo 2026
La concentración será frente a la Casa Rosada; el reclamo es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario tras varios intentos del Gobierno de derogarla
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LA NACION
Ya hay fecha para la cuarta marcha federal universitaria: se llevará a cabo el martes 12 de mayo. En ese sentido, la movilización contra el Gobierno de Javier Milei tiene como objetivo reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), en conjunto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, convocaron “a la comunidad estudiantil, docente, no docente y a la sociedad” en distintos puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será frente a Casa Rosada.
Se trata de un conflicto que se remonta a abril de 2014, cuando se llevó a cabo la primera marcha multitudinaria para pedir más fondos para las universidades públicas. En ese momento, el reclamo se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias. Esto obligó al Gobierno nacional a sentarse a dialogar y a conceder el aumento de 270% para estos gastos que reclamaba el sistema universitario.
La Ley de Financiación Universitaria, sancionada por el Congreso en 2025, insta al Gobierno libertario a reforzar fondos de las universidades públicas y contempla una recomposición salarial desde 2023. Pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado dejaron sin efecto este veto, pero sigue sin aplicarse la normativa por parte del Poder Ejecutivo.
Es así que este año se prorrogará el mismo presupuesto que para 2023 dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso. En tanto, los salarios de los docentes universitarios son los más bajos en los últimos 23 años, con casi un 34% de pérdida de poder adquisitivo.
Por su parte, el Gobierno dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada en el Congreso el año pasado. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como le ordenaron dos fallos judiciales.
El Ejecutivo insiste en que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento y señala que “afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”. Marca que, según un informe del Ministerio de Economía, cumplir con la ley requeriría reasignar el 90,3% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado al financiamiento exclusivo de las universidades.
Implicaría “una parálisis significativa del funcionamiento de los tres poderes del Estado, como, por ejemplo, la suspensión del patrullaje de las fuerzas federales en las calles de la ciudad de Rosario, la suspensión en la provisión de alimentos en las cárceles federales, o el cierre de todos los juzgados federales, la Corte Suprema de Justicia, y el cierre de ambas cámaras legislativas”.
A su vez, solicitaron que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen de votar en este expediente por tener cargos docentes vigentes o en licencia. La ley de medidas cautelares contra el Estado, aprobada por iniciativa de Cristina Kirchner, señala que la sola apelación de una cautelar mediante un recurso extraordinario suspende la medida. En ese sentido, desde el Gobierno señalan que, con la sola presentación de este escrito, no les corresponde pagar.
En paralelo a la vía judicial, según publicó LA NACION, el oficialismo buscará reactivar el nuevo proyecto de ley que deroga la actual y la modifica para amortiguar su impacto fiscal. La iniciativa fue presentada en Diputados durante las sesiones extraordinarias en febrero pasado.
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