Crisis socioeconómica: subió un 34% el número de personas en situación de calle en la ciudad y se sostiene un conflicto

A días de que comience el Operativo Frío para asistir a la población en situación de calle, el relevamiento que cada abril hace el gobierno porteño registró que este año hay 3511 personas sin techo en la Capital. Así, la cifra aumentó un 34% con respecto a 2022 cuando eran 2611, según confirmó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Para la Ciudad, el incremento se explica por las consecuencias de la crisis social y económica, en coincidencia con el crecimiento de los índices de indigencia y pobreza.

Sumado a esta causa, en base a los reportes de las recorridas e intervenciones diarias de los agentes sociales, se observa un fuerte aumento de personas con adicciones en situación de calle. “Siempre la población en calle estuvo signada por este tipo de individuos con esta problemática, pero quizás era mayor el componente de salud mental que el de adicciones. Eso también empezó a crecer después de la pandemia. Es una problemática que se disparó exponencialmente”, señalaron fuentes del Ministerio.

De acuerdo a los datos preliminares, alrededor del 75% de las 3511 personas en situación de calle son hombres. Y solo un 43% de ellas nacieron en la Capital. El 60% tiene entre 19 y 59 años, mientras que durante el relevamiento se encontraron a 34 menores de 14 años. Actualmente, en los Centros de Inclusión Social (CIS) de la ciudad hay 325 chicos.

Aunque el relevamiento es de algún modo una foto de la noche en la que se realiza, se registró un aumento tanto de quienes duermen en la calle, que ronda el 23% (de 1011 a 1243), como también de quienes permanecen en los estos centros que dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con una suba del 41% (de 1600 a 2268). Pese a que hay plazas disponibles en estos lugares, el 65% de las personas que están en situación de calle van a estos espacios. Con la llegada del frío, el gobierno prevé sumar 360 vacantes en Unidades de Emergencias Temporales y en polideportivos.

Entre quienes deciden no pernoctar en alguno de los 44 centros se repite el mismo argumento: no son seguros. Por ejemplo, durante un operativo del programa Buenos Aires Presente (BAP) en el aeroparque Jorge Newbery solo 10 personas de las cerca de 100 que suelen dormir ahí aceptaron trasladarse al parador Osvaldo Cruz, según observó LA NACIÓN durante una recorrida realizada el 10 de mayo pasado. La mayoría ya había estado allí y coincidían en que había muchos robos y situaciones de consumo problemático. “Es una cárcel con salidas transitorias”, resumió Leonardo Salvador, de 46 años, que pernoctaba en el aeropuerto desde hacía un mes, cuando se peleó con sus vecinos de Balvanera y tuvo que dejar el lugar donde vivía.

Esa noche, cuando la entrada al aeropuerto estuvo restringida por el operativo, optó por dormir afuera de la terminal y rechazó los ofrecimientos del personal del BAP.

Esta situación se repitió con los 130 damnificados por el derrumbe de un PH que provocó la muerte de dos personas y dejó más de 20 heridos en Floresta. Las familias decidieron pasar la noche en la vereda de la propiedad y no aceptaron trasladarse a los paradores ni recibir ayuda para tramitar un subsidio de emergencia. “Yo no puedo quedarme en el parador con mi hija. Yo solo puedo bancármela, pero no es un lugar para una nena de tres años”, dijo en ese momento Marvin Meza, una de las personas que vivía en la casa ubicada en Rivadavia 8758. Finalmente, la segunda noche el gobierno decidió trasladarlos a un hotel.

Según el relevamiento del gobierno, en 2021 una de cada 10 personas aceptaban ingresar a estos centros, mientras que actualmente el número ascendió a 8 de cada 10.

Ezequiel Baraja, entrenador de Los Espartanos, un proyecto de resocialización en las cárceles a través del rugby, que comenzó trabajando en el programa BAP y hoy es el gerente operativo de los Centros de Inclusión y Paradores, repite que la solución para convocar a más personas a estos espacios está en trabajar en la convivencia. “Cuesta más entre hombres que entre mujeres. Cuando hay un problema, los instamos al diálogo y trabajamos constantemente con equipos de profesionales. Trabajamos con el cumplimiento de reglas, la principal es la no violencia. Obviamente, no se puede ingresar alcoholizado ni drogado”, detalla. Y señala que un 80% de los residentes de los CIS declaran que son oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Abel Romero hace un mes que reingresó al Hogar Félix Lora, en San Telmo, uno de los centros que recorrió LA NACIÓN. Como la mayoría de quienes pernoctan en estos espacios, no es la primera vez que ingresa a uno. En 2020, se quedó sin trabajo y fue al que está ubicado en la calle Uspallata, en Barracas. “Es más complicado. Están todo el tiempo mandoneándote, hay poco respeto y poca higiene. Para mí, eso es lo más importante: que sea limpio y que haya mucho respeto. Ahí no podés dejar nada, tenés que salir todos los días con el bolso”, describe.

Uspallata es uno de los centros que se reconvirtieron en el último tiempo. Aunque todavía es un dispositivo de primer ingreso, tras las quejas de los vecinos de Barracas que coincidían en que la inseguridad y la violencia en la zona aumentaron desde que el parador, que antes albergaba adultos mayores, se transformó en un CIS, decidieron transformarlo en un espacio solo para recibir mujeres.

Para ingresar hay que anunciarse con el personal de seguridad. Allí hay un gran salón con mesas largas. Pasando ese espacio, se ubica uno de los cuartos, en donde se distribuyen las camas. También hay lockers para guardar las pertenencias. Hay que atravesar una segunda habitación para llegar al patio. Allí, en la recorrida que hizo LA NACIÓN, estaba Adriana, que ingresó hace 15 días. Estaba contenta porque escribió una obra de teatro que iba a empezar a ensayar con algunas de sus compañeras.

Entre espacios propios y de gestión asociada, el gobierno porteño actualmente cuenta con 44 CIS. El Félix Lora alberga a cerca de 100 residentes y funciona como un centro de baja criticidad, es decir que está destinado a personas que no ingresan por primera vez y que podrían retirarse pronto. La Ciudad intenta que la permanencia sea como máximo de seis meses.

Los cuartos están distribuidos entre los tres pisos del hogar. Al igual que en los demás centros, allí ofrecen desayuno, almuerzo, merienda y cena. Cerca del mediodía algunos pocos residentes estaban acostados, otros participaban de algunas reuniones con equipos profesionales, mientras que, según cuentan quienes lo administran, la mayoría sale a buscar trabajo durante el día.

Romero perdió la última oferta laboral que recibió porque no contaba el analítico del secundario. Estaba intentando que se lo envíen desde Mendoza. “Piden muchos papeles”, cuenta.

Otro residente, Rubén, de 52 años, estaba buscando un lugar para alquilar y poder dejar el centro. Hace casi un año que vive en el Lora y consiguió trabajo como cocinero en un restaurante que queda a pocas cuadras. Como parte de la estrategia de reinserción, desde los centros promueven cursos y capacitaciones.

“Yo había entrado en la pandemia a Parque Roca [otro de los CIS]. Un lunes frío me agarré una bronquitis tremenda. Después pedí que me trasladen a un lugar mejor y por mi buen comportamiento, llegué acá. Estoy trabajando como cocinero, desde las 9 hasta al mediodía y después desde las 17 hasta el cierre. Estoy contento, mi jefe está contento”, relata.

Según los datos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, desde enero a abril pasados hubo 168 egresos positivos. Es decir, un 42% se fue con un empleo formal y un 38%, con ingresos propios y un apoyo habitacional. La revinculación familiar alcanzó el 15%. Esto es, aquellos casos que vuelven a la casa de los parientes o cuyas familias los ayudan con una vivienda.

“Trabajamos con equipos profesionales que trabajan para que el egreso sea positivo, duradero y sostenido. Hay un trabajo antes, durante y después. Siempre tratamos de motivar y potenciar las redes de apoyo. En un centro de inclusión, están más cuidados con los profesionales“, señaló Rosario Angelillo, directora general de Desarrollo e Inclusión Social.

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