Crisis ambiental. Por qué se quema y quiénes son los responsables de los incendios en el Delta

Sin Ley de Humedales para ordenar los usos productivos del territorio, con recursos que son escasos y dificultades de gestión estatales que son enormes, la crisis de las quemas en el complejo y frágil sistema de humedales que constituyen el Delta del Paraná atraviesa su segundo año seguido, potenciada por una bajante histórica del Paraná que aún no llegó a su pico más extremo, que recién será en noviembre.

La ausencia de los cortafuegos naturales por la sequía y el escaso caudal de agua del río, hace que los incendios, utilizados desde hace décadas para “limpiar” el terreno de vegetación seca y favorecer el rebrote de pastos para el ganado, no encuentren freno. Productores agropecuarios en su mayoría, pero también cazadores, pescadores e incluso baqueanos utilizan el fuego como herramienta de manejo, en un ambiente que no se regula naturalmente de esa forma, sino por los pulsos de creciente y bajante.

Ni el antecedente de 2008, cuando el humo invadió la ciudad de Buenos Aires, ni las alertas lanzadas por muchos grupos ambientalistas ya en febrero del año pasado sobre lo que podía pasar con los incendios, sirvieron para desactivar una enorme crisis socioambiental que ya se llevó puesta una buena parte del territorio insular del Paraná y que generó graves episodios de contaminación del aire en las ciudades costeras como Rosario, la ciudad de Santa Fe, San Lorenzo, Villa Constitución y San Pedro.

No hay estadísticas oficiales actualizadas, pero desde las organizaciones ambientalistas como la Red Nacional de Humedales (Renahu) calculan que, en los últimos 20 meses, se incendiaron unas 900.000 hectáreas sobre los 2,3 millones totales del Delta. A los casi 40.000 focos de incendios registrados el año pasado ya se sumaron en 2021 más de 10.000, según los registros que lleva el museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás.

“En 2008 tuvimos una crisis muy grave pero casi no se habló, salvo algunos académicos. Ahora la sociedad empezó a conectar todo: la bajante, las quemas, la contaminación. La catástrofe se hizo evidente, el humo está cerca y lo padecemos en primera persona” sintetizó Jorge Liotta, biólogo y director del museo Scasso. En un escenario de aceleración de la crisis climática global, dentro de la cual los expertos estiman que los incendios forestales serán cada vez más frecuentes y extendidos, las quemas en el Delta son una bomba de tiempo que urge desactivar.

¿Por qué se quema el Delta?

Si el 95% de los incendios son intencionales (así lo afirma el ministerio de Ambiente de la Nación), la pregunta del millón es saber quiénes prenden el fuego, y porqué. Para Liotta y Beatriz Giacosa, también bióloga y parte de la Fundación Humedales, “es una pregunta recurrente sin respuestas sencillas”.

“En la época del rebrote (el final del invierno), siempre aumentan los incendios, entonces hay una vinculación con la ganadería. Pero es algo multicausal, echarle la culpa a un solo sector es simplificar demasiado”, dijo Liotta. La bióloga avanzó en el mismo sentido y explicó que se trata de una práctica habitual para limpiar el territorio que no sólo utilizan los productores, sino también algunas personas que viven en la zona de Islas, así como los cazadores y otros “usuarios” del territorio.

Cesar Massi, de la Renahu, señaló que “ha quedado claro que los incendios no son naturales” y que en los dos últimos años, sequía y bajante mediante, la zona se convirtió “en un polvorín”. Massi apuntó directamente contra los productores ganaderos ya que el fuego se prende “para generar pasturas nuevas y que no se termine el pasto”. “Hay intentos evidentes de quemar grandes superficies para las vacas, puede haber algo de pescadores, cazadores o paseantes, pero visto como se quemaron los 800 kilómetros de costa santafesina del Paraná, los Bajos Submeridionales y buena parte de Corrientes, todas zonas ganaderas, está claro que las quemas son para cambiar el uso del suelo”.

Para Sergio Federovisky, biólogo y actual viceministro de Ambiente de la Nación, hay que diferenciar entre la quema para el rebrote de pasto nuevo (que implicaría incendios a partir de la primavera) y lo que pasó en los dos últimos años: fuego intencional con la finalidad de que avance la frontera agropecuaria para agricultura o ganadería. “Lo que tuvimos en 2020 y este año es desmonte con fuego, porque se usan a los incendios como reemplazo de la topadora”.

Desde el sector ganadero, por su parte, reconocen que hay que cambiar pautas culturales históricas para adaptarse a las nuevas demandas sociales, donde la sustentabilidad y el cambio climático ocupan un lugar cada vez más preponderante. Según Raúl Milano, productor agropecuario y director ejecutivo del Rosgan (el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario), la ganadería de Islas es una antigua práctica productiva en las provincias litoraleñas argentinas que hoy representa una enorme oportunidad comercial al trabajar con pasturas naturales, lo que se traduce en animales cuya carne se valoriza más en los mercados internacionales.

“El criterio cultural de quemar para renovar pasturas hoy requiere una acción más responsable y regulada para que estos emprendimientos individuales tengan un contralor importante. Hay que hacer un mix, la ganadería es una oportunidad y no un problema, hay que ser inteligentes y tener elementos de control y regulación para que exista responsabilidad si hay quemas en las Islas”, dijo Milano, quien agregó que la ganadería en pasturas naturales “no tiene ninguna incidencia en el cambio climático”.

La falta de información sistematizada sobre la cantidad de incendios y la superficie afectada es un primer obstáculo para intentar establecer políticas públicas. “No encontrábamos información más o menos continuada sobre las quemas, por eso empezamos a generar la nuestra” explicó Liotta, quien tomó la decisión, en marzo de 2020, de comenzar a elaborar y difundir un reporte semanal de quemas. En base al análisis de datos satelitales, suma los focos diarios en la zona denominada Piecas Delta del Paraná, un área que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Escobar (Buenos Aires), al sur, contemplada en un plan de manejo (el Piecas) creado después de la gran crisis de incendios de 2008. “Tomamos un satélite, que es el que mejor resolución tiene, y hacemos los informes. Tratamos de generar un servicio y que la información esté disponible para todos”. Desde la Renahu estimaron que en los dos últimos años se quemaron más de 900.000 hectáreas solo en esa zona. Según datos difundidos desde el museo Scasso, sólo este año se quemaron unas 153.000 hectáreas.

Estado de la ley de humedales

Para Federovisky, desde lo metodológico, no es determinante publicar la superficie incendiada ya que “no es lo mismo una hectárea en el Delta que una en zona de interfaz en la Patagonia, o 100 hectáreas en el valle de Calamuchita, en Córdoba, que en zona de actividad ganadera”. “Son cálculos que en sí mismos no dicen nada, salvo que vengan acompañados de un contexto que contemple la calidad y el tipo de hectáreas incendiadas”, dice. “Creo que la divulgación de la información respecto de la cantidad de hectáreas quemadas es una cuestión muy controvertida que tiene un valor periodístico discutible”, argumentó el actual viceministro de la cartera ambiental.

La destrucción de un aliado clave contra el cambio climático

En un contexto de aceleración de la crisis climática, detener la destrucción del Delta debería ser una prioridad. Así lo argumenta Graciela Klekailo, ecóloga e investigadora de la facultad de Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Todas nuestras actividades productivas, en este momento histórico, deben ubicarse en un escenario de cambio climático”, señaló, para agregar que los humedales son sumideros de carbono “incluso más importantes que muchos bosques”. Al quemar este territorio, entonces, no sólo se ataca su capacidad natural para atrapar carbono, sino que se suma la liberación de más gases de efecto invernadero. “A la luz del sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, lo que estamos haciendo con el Delta es más grave aún, ya que cuando quemamos grandes superficies de humedales aumentamos la emisión de esos gases”.

En 2008, una gigantesca crisis de incendios en la zona sur del pre Delta llenó de humo durante varios días a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento se articuló el Piecas, un plan de gestión que buscaba acercar a las diferentes jurisdicciones que comparten el Delta que nunca se terminó de activar por completo. “En 2008 se quemó algo parecido en superficie a lo del año pasado. Pero a diferencia de antes, ahora hubo mucha más repercusión pública”, puntualizó Liotta.

Ese año, científicos especializados en el estudio de los Humedales agrupados en la Universidad de San Martín alertaron que, si no se avanzaba con normativa específica y con recursos para control y sanción, esos episodios de quemas masivas se iban a repetir con mayor frecuencia. Nada ocurrió desde 2008 a esta parte y la reacción estatal sigue siendo “correr de atrás” al problema. Así lo afirmó Klekailo, para quien si el plan de manejo del Piecas hubiera funcionado mejor “se podría haber prevenido esta crisis, al menos en parte”, ya que hubiera podido haber una mayor y mejor coordinación entre los diferentes actores que interactúan en el territorio.

El Estado bajo la lupa

Las organizaciones ambientalistas han destacado que con el voluntarismo estatal no alcanza para que las cosas funcionen y que la escasa articulación, mala ejecución, poquísimo control y nulas sanciones dejaron el territorio liberado para la destrucción del ambiente. “La crisis de 2008 nos dejó el Piecas y la de 2020/21 los Faros de Conservación, pero que están en el estado que conocemos: a medio implementar. Todo carretea y va muy lento”, apuntó Giacosa. “Hay cosas que desde la gestión llevan tiempo y no está alcanzando lo que se está haciendo. Tener que mover la maquinaria del Estado para acciones concretas hace que todo sea poco o tarde. Hay un cambio, lo vemos, pero todavía no es suficiente, falta mucha articulación entre los organismos y el sector académico”, agregó la especialista.

Liotta avanzó con un argumento similar: “a veces nuestro federalismo nos juega en contra porque las provincias tienen distintos sistemas de monitoreo y Nación sólo envía ayuda si las provincias piden. Nos morimos en esa burocracia y al final las cosas no se hacen”. Klekailo opinó de forma muy parecida al referirse a los Faros de Conservación, el programa de vigilancia y prevención de incendios en el Delta que Nación lanzó el año pasado durante el pico de las quemas, pero que aún casi no funciona: “Un año después vemos que son predios casi sin uso que no están cumpliendo el rol asignado, que era poder lanzar alertas tempranas”.

Desde Ambiente de Nación no opinan lo mismo. Para Federovisky, la instalación de los Faros no está demorada: “es una acción concreta del Estado y hay que valorarla. No hay que quedarse en si se atrasó una semana o dos la colocación de las torres porque es la primera vez que se instala esta tecnología en Argentina”, dijo el funcionario, que agregó que “siempre se dijo que a finales de septiembre u octubre iba a estar funcionando”. “Esto nunca se hizo, es una perspectiva distinta en el trabajo vinculado al fuego porque impone una lógica de prevención y alerta”, aseguró. También agregó que la agudización de los incendios forestales es un fenómeno global potenciado por el cambio climático, que genera sequías más prolongadas y mayor estrés hídrico en la vegetación. “Pasa en todo el mundo, no sólo en la Argentina”, subrayó.

Ley de Humedales, en la columna de los pendientes

Como nunca antes, el reclamo por una Ley de Humedales creció y se instaló en la opinión pública durante 2020 y este año, apalancado en la enorme cantidad de quemas y en los problemas de salud asociados al humo, que son graves y que afectan de manera periódica a centenares de miles de personas que habitan en las ciudades ribereñas del Paraná.

A las masivas movilizaciones sociales que decenas de veces cortaron la ruta que une las ciudades de Rosario y Victoria se sumó una histórica travesía en kayak que, en agosto pasado, unió Rosario con Buenos Aires. “En 2008 tuvimos humo muchos días, tal vez más que ahora, pero sólo se escucharon algunos académicos advirtiendo sobre el problema. Ahora hubo una gran reacción de la gente, tanto a través de organizaciones formales como de forma espontánea. Eso es una gran diferencia”, señaló Giacosa.

Por ahora, y como suele pasar en los años de elecciones, el Congreso da pocas señales de vida. La Ley de Humedales, presentada por primera vez en 2013, ya perdió varias veces estado parlamentario y se encamina a hacerlo una vez más, a pesar de que la presión social y el grado de devastación ambiental en esos ambientes es más fuerte que nunca.

Sin cambios de fondo tanto a nivel normativo como a nivel operativo, las quemas pueden ser cada vez más recurrentes, en un contexto global de crisis climática acelerada y mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales. Para Liotta, en lo que resta del año la altura del rio no mejorará de forma significativa y sólo queda la lluvia como aliada. “No habrá creciente como para que cambie el escenario de los incendios. Nos puede salvar la lluvia, pero cuando se dispara un incendio de 10.000 hectáreas en una semana no lo parás con nada. Lo único es la prevención y la concientización”, dice.

Para Giacosa “existen más preguntas que respuestas”. “Siento una mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque el cambio climático ya es una realidad y no sé qué va a pasar con el rio, nunca dudé que el Paraná todo lo podía y ahora ya no sé. No sé qué va a pasar con el sistema, con la cuenca. La esperanza viene por el lado de que la sociedad está más despierta y más activa. Nos falta un montón, pero hay mucha más gente preocupándose por el río y el ambiente”.

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