Costa Salguero: un fallo declaró inconstitucional la venta de las tierras
Lo decidió un juez porteño al responder un amparo presentado por la diputada Gabriela Cerruti y el Observatorio del Derecho a la Ciudad
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La ley que permitía la venta de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco fue declarada inconstitucional esta tarde por el juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño N°16, Leonardo Fuchi. El magistrado hizo lugar con esta resolución al amparo presentado por Gabriela Cerruti, diputada nacional del Frente de Todos, y el Observatorio del Derecho a la Ciudad contra dicho proyecto.
La iniciativa urbanística para ese sector de la costanera tenía como premisa “llevar ciudad donde no hay”, según ha señalado a LA NACION el secretario de Desarrollo Urbano porteño, Álvaro García Resta. La ley N°6289, que avaló el proyecto, establecía que al menos el 65 % de la superficie del predio tuviera “destino de uso y utilidad pública, vías públicas y espacios verdes parquizados” y que los 30 metros adyacentes a la línea de la ribera solo podrían destinarse a espacios verdes. De acuerdo con la propuesta detallada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el predio de Punta Carrasco sería reformado como espacio público, mientras que el 35% de Costa Salguero podría ser construido.
Esta ley había sido aprobada en primera lectura por la Legislatura porteña en 2019. El principal argumento de los amparistas es que la venta de estos terrenos debe contar con una “doble lectura”, ya que el predio comprendido por Costa Salguero y Punta Carrasco es de dominio público.
“La ley está mal votada. Como los terrenos son de dominio público, para venderlos se necesita una mayoría especial y una doble lectura. El gobierno de la ciudad sostiene que son de dominio privado, pero no es así: los terrenos lindan con el río, por lo tanto, para la Constitución son de dominio publico. Por eso, el juez la declaró inconstitucional”, argumentó a LA NACION Cerruti.
En la resolución, Fuchi declaró “la inconstitucionalidad de la Ley 6289 por ser contraria a los artículos 63, 89 incisos 4 y 6, y 90 de la Constitución de la Ciudad”. Estos artículos reglamentan, entre otras cuestiones, que toda “desafectación de los inmuebles del dominio público y todo acto de disposición de estos” requieren el procedimiento de “doble lectura”, y que es obligatorio convocar a una audiencia pública antes del tratamiento legislativo de proyectos de modificaciones de uso o dominio de bienes públicos.
“Estamos frente a una discusión legal sobre la titularidad del predio. Vamos a apelar ante Cámara y, llegado el caso, ante el Tribunal Superior de Justicia”, afirmaron voceros de la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña tras el fallo. Las fuentes consultadas dijeron que el predio, según sus abogados, es un terreno público de dominio privado y que la Ciudad de Buenos Aires es el propietario, por lo que no sería necesario contar con una mayoría especial y una doble lectura para obtener la aprobación legislativa. “Creemos que en las siguientes instancias se va a dictaminar a favor del gobierno de la ciudad”, vaticinaron.
Además de la venta, los amparistas también discuten el proyecto de rezonificación de Punta Carrasco y Costa Salguero, que todavía está siendo debatido en la Legislatura porteña. Este avalaría la construcción de edificios en el lugar.
“Quieren construir otro Puerto Madero. Esa no es la forma de lograr que la ciudad le dé la cara al río”, agregó la diputada. Opinó, además, que la iniciativa para desarrollar esta parcela no debería incluir construcciones de viviendas, sino que debería contar únicamente con espacios verdes, como se hizo en San Isidro y Vicente López.
Desde una posición opuesta, en febrero pasado García Resta explicó a LA NACION por qué considera que es mejor que el proyecto no cuente únicamente con espacios verdes: “En la medida que tenga mejor mixtura, aumenta la gente que concurre al lugar. Si además de un parque hay un lugar para ir a comer, oficinas para que se ocupe en la semana y viviendas, es mejor”. Según anticiparon los voceros consultados, la iniciativa planea crear “un parque de 13 hectáreas donde hoy hay una concesión privada con cero metros de espacio público”.
La actual suspensión de la venta de estos terrenos, según Cerruti, incidirá en el proyecto de rezonificación del predio. “Ningún privado va a querer construir sobre un terreno que no le pertenece”, opina. Las fuentes del gobierno porteño consultadas coinciden en este último punto, pero afirman de la suspensión de la venta cesará cuando la discusión sea elevada a la próxima instancia judicial.
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