Coronavirus en la Argentina. ¿De quién es la responsabilidad por el suministro de agua en la Villa 31?
LA NACIONMauricio Giambartolomei
Con baldes, botellas y botellones los vecinos de la villa 31 hacían fila para abastecerse de agua potable que repartían los camiones cisternas parados en la puerta de entrada al barrio. Hacía varias semanas que el servicio era escaso, en pleno avance del coronavirus y con la cuarentena ya vigente. "¿Cómo quieren que cuide la limpieza y cumpla con el lavado de manos si no tengo agua?", se preguntaba Ramona Medina, una de las referentes barriales, en la puerta de su casa mientras manipulaba los recipientes. En ese momento no sabía que tenía el virus en su cuerpo.
La muerte de Ramona, que estuvo internada en un sanatorio porteño tras ser diagnosticada con covid-19, y de Víctor Giracoy, otro referente barrial del comedor Estrella de Belén, volvió a poner en debate la responsabilidad del suministro del agua potable en la villa 31 y en el resto de los barrios vulnerables de la ciudad donde la enfermedad golpea con mayor fuerza. En estos conglomerados, con el hacinamiento como una regla general que complica el aislamiento, se concentra el 33% de los casos de coronavirus en la ciudad y ya suman 12 los muertos.
Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana, se reparten la responsabilidad de garantizar el agua potable en la villa 31. AYSA se encarga de hacer llegar el agua hasta los puntos de suministro y la Ciudad de distribuirlo de la mejor forma a las más de 40.000 personas que viven en el barrio.
Pero cuando el servicio tiene alguna complicación, como ocurrió a fines de abril, cada uno le atribuye la responsabilidad al otro. Por un lado, la empresa del Estado nacional advierte que en casos como este no tiene jurisdicción para solucionar los problemas dentro del barrio. Desde la Ciudad, en tanto, sostienen que los inconvenientes se dieron por fallas en el sistema de abastecimiento exterior a cargo de AYSA y que si la empresa no garantiza el servicio hasta la puerta, Ciudad no tiene posibilidad de resolverlo.
Desde que surgió en la década de 1920 con el asentamiento de trabajadores portuarios y ferroviarios la villa 31, que tuvo otras denominaciones como villa Desocupación o villa Esperanza, creció en la más absoluta irregularidad en el tendido de las redes de los servicios esenciales como el agua potable. La situación comenzó a resolverse cuando se inició la urbanización de la villa, aunque aún no tuvo impacto en todo el barrio.
Según explicaron fuentes oficiales toda la villa 31 cuenta con cloacas y agua potable (en total son alrededor de 11.000 hogares), pero muchas familias, incluidas las de Ramona Medina, viven en zonas que son las más afectadas cuando aparecen los problemas en el suministro como ocurrió semanas atrás cuando hubo una falla en la planta potabilizadora General San Martín, de AYSA. Esos desperfectos provocan depresión en la red de gran parte de la ciudad, pero tienen un mayor impacto en la villa 31.
El barrio cuenta con cuatro puntos de suministros de agua potable ubicados en las calles Gendarmería y Walsh, Gendarmería y Prefectura, y calle 12 y Castillo; el cuarto es un acueducto que corre por la calle Salguero, de tres kilómetros, inaugurado hace algunos meses. En condiciones normales esas conexiones reciben entre 10 y 15 metros de columna de presión para luego distribuir el agua a todo el barrio. Cuando surge un desperfecto en una planta o una rotura de un caño se reduce a entre 5 y 7 metros de columna de presión lo que afecta el suministro en 500 o 600 casas, de acuerdo a la gravedad del desperfecto.
En esos momentos se aportan camiones cisternas de asistencia para intentar paliar la situación aunque en un contexto de pandemia por coronavirus, con el siempre latente riesgo de contraer dengue, no termina de ser suficiente para cubrir la necesidad básica de la gente. Cada vez que se lo solicitan AYSA aporta camiones de 12.000 o 15.000 litros para que la gente se aprovisione de agua potable.
Desde a empresa del Estado sentaron su postura al explicar que no tiene jurisdicción técnica dentro de la red interna del barrio "construida y operada por el gobierno de la Ciudad quien debe garantizar el servicio". Para AYSA la presión y caudal que llega hasta la conexión de la línea municipal y la red interna que rodea al barrio es suficiente como para abastecer a todo el macizo.
La ciudad y AYSA manifiestan tener una buena relación y trabajar en forma conjunta. En 2016 generaron un masterplan para determinar la factibilidad hidráulica del barrio y regularizar toda la red de agua y cloacas y construir, entre otras obras, el acueducto de tres kilómetros por la calle Salguero. Sin embargo, no faltan las acusaciones cruzadas. "Nosotros llegamos hasta la puerta de la villa, lo que pasa adentro es problema de la ciudad", sueltan en la empresa.
"Cuando hay un problema dentro del barrio, lo toma la ciudad. Si AYSA no puede brindar el servicio o no lo puede mantener hasta los puntos de suministro, es otra cosa", advierten desde el gobierno.
El trabajo en conjunto queda en evidencia en cada oportunidad que se pone en marcha una obra o cuando se debe brindar asistencia a los vecinos en una situación de emergencia. Aunque también quedan al desnudo las responsabilidades cuando los problemas escalan en situaciones donde la vida está en juego.
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