Córdoba: cómo sigue la investigación por la muerte de al menos cinco bebés

CÓRDOBA.- Después de la detención e imputación por homicidio agravado reiterado de la enfermera Brenda Cecilia Agüero –que ya está en la cárcel de Bouwer-, la investigación judicial por la muerte sospechosa de, al menos, cinco bebés, en el Hospital Materno Neonatal de esta capital continuará con la toma de declaraciones y la reunión de peritajes. La joven de 27 años está acusada por ser la supuesta autora de dos muertes ocurridas el 6 de junio pasado. En las autopsias se reveló que había exceso de potasio en los cuerpos. Por los otros tres fallecimientos, se esperan resultados de estudios forenses de las historias clínicas.

La familia de la detenida afirmó que “la usan de perejil” y las madres de las víctimas y de los bebés sobrevivientes insistieron en que la cadena de responsabilidades tiene más eslabones. El primer fallecimiento sospechoso fue el 18 de marzo. LA NACION pudo confirmar que hay fotos y testimonios que llevaron a la decisión del fiscal de imputar y detener a la enfermera.

Además, están imputadas por omisión de los deberes de funcionario público, la exdirectora del establecimiento, Liliana Asís; la jefa del servicio de Neonatología y la jefa del departamento de Neontatología, Marta Gómez Flores y Adriana Luisa Morales, respectivamente.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, explicó a la prensa que ordenó la imputación y detención basado en la “evidencia” que arrojaron las autopsias. “Se ha dispuesto la detención de una enfermera por la supuesta comisión de homicidio calificado por el uso de medio insidioso, es decir una sustancia”, añadió. Y detalló que la figura penal que le atribuye es “con carácter intencional”.

Admitió que si bien cuenta con los elementos que la ley exige para acusar, queda “mucho camino” por recorrer. “Estamos lejos de decir acabadamente lo que ha ocurrido”, recalcó y enfatizó que la investigación está en “etapa preliminar”.

Garzón no quiso explicitar si la “sustancia” que habría utilizado Agüero era potasio, aunque reconoció que es “una de las hipótesis”. El hilo conductor sobre ese mineral es que aparecía en exceso en el cuerpo de los dos bebés fallecidos y en los análisis de Pilar Delfina, una beba que se descompensó ese mismo 6 de junio, pero sobrevivió.

Daniela Morales, la abogada de María Martín la mamá de esa niña, está convencida desde el primer día, y lo reiteró ahora ante LA NACION, que el accionar contra su hija fue “intencional” y recalcó el “valor” de ese caso para “avanzar” con los otros.

El universo que investiga, por ahora, el fiscal es de 13 bebés. De ellos, ocho presentaron “inconsistencias en la atención sanitaria”, según definió en un primer momento Mariana Figueroa, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud. Todos los casos fueron entre el 18 de marzo y el 6 de junio pasados.

El período bajo la lupa podría ampliarse porque hay familias con bebés fallecidos fuera de ese tiempo que ahora dudan de que hayan sido por “muerte natural” y sostienen que irán a la Justicia.

Defensa

Agüero fue detenida en su casa de Río Ceballos (a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba) el viernes poco después de las 18. Fue trasladada a la Central de Policía y, desde allí, a la cárcel de Bouwer. Era una de las nueve personas empleadas del Neonatal que estaban separadas del cargo.

La madre de Agüero dijo a Radio Turismo Río Ceballos que su hija “nunca estuvo con los bebés que fallecieron, no tenía contacto con los bebés. Ella estaba para atender a las madres”. Cuestionó que el Neonatal “no se hace cargo de nada” y señaló que en su paso por el Sanatorio Allende (una entidad privada, en el que trabajó desde 2018 al 2020) “nunca hubo problemas”. Agregó que la joven se había “encaprichado” con ingresar al Neonatal.

El 6 de junio el médico de guardia no quiso firmar los certificados de defunción por las dos muertes. Le resultaron sospechosas en un hospital que tiene, en promedio, tres mensuales y, en general, ligadas a recién nacidos prematuros o con problemas congénitos. Estos dos bebés eran sanos, de madres saludables y embarazos sin complicaciones. Esa decisión es la que obligó a hacer las autopsias.

Hay, al menos, un testimonio de una persona que vió el proceso posterior a un nacimiento. Cuenta que, una vez nacido el bebé, y después de estar unos minutos sobre el pecho de la madre, un “grupito” de enfermeras lo llevaron a una mesada de la misma sala para atenderlo. El lunar en el rostro de Agüero hace que la recuerde.

Más allá de que no hay cámaras en la sala de parto, sí –según pudo saber este diario de fuentes de la causa– hay algunas fotografías y, además, están las declaraciones de las madres que apuntan a cómo se comportaba.

Los recién nacidos reciben dos vacunas (que pueden aplicarse en ese momento o al dar de alta a la madre) y vitamina k. A una de las bebés sobrevivientes solo le habían dado vitamina K y tenía una marca como de haber recibido otro pinchazo en la espalda. No se supo a qué correspondía hasta que se descompensó, y los médicos encontraron un hematoma que terminó necrosándose. Los análisis marcaron hiperpotasemia.

El exceso de potasio puede provocar un paro cardíaco en diástole, ya que relaja en exceso el corazón. Incluso los prospectos del mineral advierten que se debe aplicar con seguimiento médico y diluido.

El viernes por la noche, después de la detención de Agüero, el gobernador Juan Schiaretti recibió a las familias de los bebés fallecidos. No estuvo el ministro de Salud, Diego Cardozo. Fue un gesto diferente al que había mantenido el mandatario, por ejemplo, con los familiares de las víctimas de gatillo fácil.

En diálogo con LA NACION, Carlos Nayi, abogado que representa a las madres de cuatro de los bebés muertos, subrayó que “más allá de la acusación” que pesa sobre la enfermera y sobre los tres exdirectivos, “debe seguir avanzando la Fiscalía porque la causa no se agota en estas cuatro imputaciones”.

“Lo digo desde el análisis subjetivo de los hechos –añadió–. La primera muerte fue el 18 de marzo, la segunda el 23 de abril, otra el 23 de mayo y dos el 6 de junio pero entre medio hay ocho episodios más de criaturas que sobrevivieron milagrosamente. Si la denuncia de quienes tenían la responsabilidad llegó el 7 de junio a la Justicia hay una omisión inadmisible, inexplicable que obliga a generar responsabilidades penales además de administrativas”.

Nayi estuvo en la reunión con el gobernador: “Las madres, desde lo profundo de su dolor, le pidieron más que justicia por sus casos; le pidieron que se cumpla con la ley de parto respetado; que haya los insumos necesarios; que se permita el acompañamiento a las mamás, que se las contenga”.

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