Conflicto universitario: cuántos estudiantes tienen las universidades públicas nacionales y cuál es la más concurrida

A dos días de la marcha federal en defensa de la educación pública, la puja entre el Gobierno y los claustros universitarios públicos sigue tomando impulso. En medio de este contexto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, avivó el fuego ayer, cuando en diálogo con Radio Rivadavia dijo que las universidades “inventan alumnos”, lo que fue cuestionado desde algunos sectores educativos.

“Hay aproximadamente 600.000 alumnos en universidades nacionales —incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA)— que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no”, dijo, y remarcó, con base en eso, que “los fondos se reparten de acuerdo a la cantidad de estudiantes”. Con esta acusación buscó hacer foco en que, para el Gobierno, las universidades no quieren recortar gastos, por lo que “inventan alumnos”. Además, precisó que se trataría del 38% de los estudiantes.

Para abordar la situación deben observarse los siguientes números: hoy existen 65 centros universitarios que forman parte de la gestión estatal y que acaparan a la mayoría del estudiantado. Hasta 2022 —último año al que llega la información disponible—, de 2.540.673 alumnos universitarios, considerando grado y pregrado, 2.030.463 pertenecen a universidades e institutos públicos. Estos representan el 79,9%, de acuerdo a datos que surgen de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por LN Data.

Sin embargo, fuentes de la secretaría de Educación dijeron a LA NACION que el dato al que hizo referencia Torrendell fue obtenido a través del sistema SIU Guaraní, administrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y comentaron: “Del total de alumnos registrados en sistema para 2022 (1.749.136), solo el 40,6% era alumno regular (710.466), el 20% tenía una materia aprobada o menos (367.299) y un hay llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información (671.372). No sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de la Universidad”.

De estos valores surge una diferencia con el número anterior que supera los dos millones. Desde la cartera explicaron que esto se debe a “cómo se toma el universo”, es decir, si se contabilizan alumnos de pregrado [carreras que duran hasta dos años, como las tecnicaturas] o de extensión [especializaciones]. Según explicaron, entonces, el dato inferior que manejan en la secretaría responde a que se refieren exclusivamente a quienes están anotados en carreras de grado de universidades nacionales. Esto significa que en la cuenta “no entran ni universidades provinciales, ni institutos, ni pregrado”.

Por otro lado, el pedido de acceso a la información mostró que dentro del sector público la UBA se posiciona como la más concurrida: hasta el mismo año del último relevamiento hubo un total de 347.280 alumnos inscriptos. En el ranking la siguen la Universidad Nacional de Córdoba (con 169.374) y la Universidad Nacional de La Plata (con 112.996).

Por la controversia que generaron los comentarios del secretario, Danya Tavela, diputada nacional por la UCR, se expresó en respuesta a las afirmaciones de Torrendell. Tavela, quien también se desempeñó como secretaria de Políticas Universitarias de la Nación entre 2017 y 2018, durante el mandato presidencial de Mauricio Macri, señaló a través de sus redes sociales que la información concerniente a los alumnos universitarios se encuentra producida por el mismo sistema web al que hizo referencia la secretaría de Educación, el SIU Guaraní.

De hecho, también fuentes de la UBA respondieron, al ser consultadas, que los datos están en el sistema, y que “hay mucha ‘cooperación’ entre el ministerio y las universidades nacionales para intercambiar datos”.

Por su lado, la diputada sostuvo, en diálogo con LA NACION, que la información que dio el funcionario responde a una falta de conocimiento total. “Se ve que no tiene acceso a la información. Desde los 90, con la Ley de Educación Superior, se creó el Sistema de Información Universitaria [SIU], que tiene diferentes métodos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Lo más importante es el de alumnos”. Este sistema releva y procesa datos y estadísticas del sistema universitario, como se explica en la página oficial.

Los estudiantes deben anotarse, cargar su DNI, que pasa a ser su número identificador dentro de la universidad. “Entonces, imaginate 600.000 personas organizadas para ‘truchar’ eso. No existe. Los dos millones y pico de alumnos que tiene el sistema universitario nacional están inscriptos en el SIU Guaraní, y esa información la tienen las autoridad públicas. En la página argentina.gob.ar se levanta el anual estadístico donde se publica esa información. Lo que están diciendo no existe”, agregó.

Marcelo Rabossi, especialista en educación superior, docente de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) e investigador visitante en la Universidad de Nueva York, opinó: “Yo creo que lo que Torrendell está tomando, y estoy especulando porque ellos lo han dicho de manera potencial, es la cantidad de alumnos que se reinscriben al año siguiente sin haber aprobado ninguna materia”.

De esta manera, consideró: “Tal vez ellos estén proyectando ese número diciendo que son alumnos que no existen. Y ahí tenés un problema, porque es cierto que hay muchos alumnos que van a la universidad porque el ingreso es irrestricto, y por ahí pasan, se anotan y no van nunca. O algún otro porcentaje de alumnos que va, cursa, pero después no da el final. No necesariamente quiere decir que esa cantidad de alumnos no está o no existe, sino que por ahí simplemente se anotó y no fue nunca. Pero no creo que siga esas cifras de 600.000 alumnos o el 38%. Ahí me parece que está la cuestión”.

También recalcó que el problema surge porque la universidad no lleva un registro demasiado claro de sus alumnos. Según el especialista, esto abre a especulaciones de todo tipo, que generan un “cuestionamiento atendible” por el cual el Gobierno acusó a las universidades de evadir la información y no rendir cuentas: “Cuando vos ingresás a los datos de la universidad, inclusive los de la subsecretaría, la información es bastante escasa. Yo creo que eso abre las puertas para sospechar, o sea, el Gobierno sospecha de las universidades, las universidades sospechan del Gobierno”.

Y agregó: “Entonces, esta declaración de que casi 4 de cada 10 alumnos no existirían, me parece que es muy fuerte, pero las universidades no llevan un registro demasiado ordenado, y si lo llevan, no lo dan a conocer públicamente. Hay un gran desorden de la información”. Y aunque puede haber una sobrerepresentación de alumnos con esta base de análisis, enfatizó que el número que arrojó Torrendell le parece “demasiado exagerado”.

Disputa por el presupuesto

Siguiendo con la disputa, Tavela se refirió al cálculo polinómico con el cual se establecería el presupuesto según el secretario de Educación, y aclaró que hoy no se utiliza ese método: “No se hace ninguna polinómica para calcular el presupuesto. El cálculo presupuestario que se hace es: al del año anterior, se le suman las paritarias y algún tipo de actualización que se haya dispuesta para gastos. Nosotros quisimos que se utilizaran por ley estas otras fórmulas y lo propusimos en la Ley de Financiamiento Universitario, pero La Libertad Avanza y el kirchnerismo votaron en contra”. Según ese modelo polinómico, que se utilizó en otras ocasiones, se consideran variables para el cómputo presupuestario, como la cantidad de alumnos, hospitales, tipo de materia, tipo de carrera, los metros cuadrados del establecimiento, laboratorios y más. A los alumnos que no rindieron materias, aseguró, se los “expulsa del cálculo”, porque no están activos. “No se los toma para ver la cantidad de alumnos que están realmente activos”, remarcó.

Esa “expulsión” se realiza sacando un promedio de deserción estimada, que luego se resta al número total de ingresantes. “Si la UBA tiene 80 millones de ingresantes, y el promedio es cerca del 40% de deserción, ese número se limpia del primero”, ejemplificó.

A su vez, se explayó sobre el financiamiento, y resaltó que este no va destinado solamente a las altas casas de estudio, sino a todo el sistema, que incluye las escuelas secundarias que dependen directamente de las universidades nacionales. Casos conocidos son el Colegio Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la UBA, pero existen más de 63 establecimientos en las mismas condiciones.

En medio del tire y afloje, el claustro de docentes y no docentes públicos universitarios se prepara para la marcha federal del miércoles 2 de octubre, luego de que el ministerio de Capital Humano intentara intermediar en la disputa ofreciendo un aumento salarial del 6,8%, pese a que desde los gremios aducen un atraso del 50% sobre la base de la inflación acumulada en lo que va del año.

Pero además de las paritarias, la movilización apunta a pedir la recomposición del financiamiento para que las universidades, especialmente la UBA, puedan seguir funcionando con normalidad después de fin de año. Como afirmó Ricardo Gelpi, rector de la institución, en una entrevista que brindó a este medio la semana pasada, esto corre peligro si no se acomodan los números: “Lo que yo avizoro es que va a haber un decaimiento gradual de todas las actividades de la UBA, que son docencia, investigación, extensión, los hospitales. Eso va a pasar en varios meses, no vamos a caer la semana que viene. Ahí se verá si el Gobierno reacciona y cambia de posición”.

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