Condenaron a 7 secuaces de Aníbal Gordon
Por secuestros de hace veinte años
El juez federal Norberto Oyarbide condenó ayer a siete integrantes de la banda paramilitar que comandaba el fallecido ex agente de inteligencia Aníbal Gordon por la comisión de una serie de secuestros extorsivos, ataques y robos entre 1982 y 1984, es decir, hace más de veinte años.
La sentencia de Oyarbide alcanzó a Marcelo Gordon (hijo de Aníbal), Carlos Membrives, Carlos Rizzaro, Jorge Rizzaro, Oscar Herrador, Ernesto Lorenzo y Rubén González Figueredo. Todos ellos fueron responsabilizados por el delito de asociación ilícita, en tanto que Gordon y Lorenzo fueron condenados, además, por un secuestro extorsivo.
El magistrado impuso penas de seis años para Carlos Rizzaro, Jorge Rizzaro y González Figueredo; de ocho, para Herrador y Membrives; de diez años, para Lorenzo, y de 12, para Gordon. Por la concurrencia de otras penas, a González Figueredo se le aplicaron 25 años de reclusión.
Pero sólo Membrives, Gordon y González Figueredo deberán cumplir con parte de sus condenas, dado que el resto de los involucrados estuvo detenido por un plazo mayor a la pena impuesta.
Tras el secuestro de Kelly
La banda paramilitar que dirigía Aníbal Gordon fue desbaratada a fines de 1983, luego del secuestro del periodista Guillermo Patricio Kelly, en agosto de ese año. Tras una denuncia de Kelly, se inició una investigación judicial como desprendimiento de un expediente que indagaba sobre la organización paramilitar Triple A.
Los integrantes de la denominada "Brigada Panqueque" fueron detenidos y procesados entre septiembre de 1983 y agosto de 1985. Para el juez, la investigación "permite tener por probada la existencia de un grupo de más de diez personas que entre 1982 y 1984 se dedicó a cometer delitos indeterminados, tales como secuestros extorsivos, privación ilegal de la libertad, lesiones, robo y uso de documentos adulterados, entre otros".
Entre los delitos probados por Oyarbide se cuenta el secuestro extorsivo de Ricardo Espósito, un contador que permaneció cautivo entre el 20 y el 21 de diciembre de 1983. Los secuestradores pidieron 100.000 dólares por su liberación.
El juez destacó el grado de impunidad con que se manejaba la banda. "Actuaban entre 10 y 15 personas en, al menos, dos automóviles; desplegaban su accionar ilícito a plena luz del día en lugares céntricos de esta ciudad", dijo.
La instrucción judicial finalizó en 1988, pero una serie de planteos de las defensas retrasó la acusación fiscal hasta 1996. La causa volvió a retrasarse por la suspensión de Oyarbide, repuesto en su cargo en 2001.