Cómo revertir la falta de detección temprana de una enfermedad que avanza silenciosa en los riñones
El 62% de los US$ 2150 millones que el año pasado se destinaron a la atención de esa afección fue para diagnosticar y tratar pacientes con daño avanzado o que necesitan diálisis o trasplante; especialistas afirman que con dos pruebas por menos de $400 se podría revertir esa tendencia
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No duele, no se siente ni se ve: la enfermedad renal crónica puede demorar años en dar alguna señal de alerta y, cuando lo hace, en alrededor de un 50% de los casos del país avanza sin detectarse hasta etapas ya avanzadas. Esto ocurre, de acuerdo con un estudio sobre su impacto en el gasto público en salud hecho por una consultora privada, porque las intervenciones siguen más concentradas en la atención en las etapas más graves del daño renal que la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno.
“Cuando aparece la falla renal [pérdida del 85% o más de la función], el acceso a diálisis o el trasplante está. Pero hay una gestión tardía de los pacientes con enfermedad renal crónica y, por su parte, ellos opinan que esa gestión es, por lo menos, deficiente”, resumió Natalia Jorgensen, economista de la salud y coordinadora del estudio de Soul Consulting que se presentó a propósito del Día Mundial del Riñón, que se conmemorará este jueves.
En 2022, se destinó el equivalente a US$ 2150 millones a la atención de 1,7 millones de personas con enfermedad renal crónica diagnosticada y bajo tratamiento. El 62% de ese monto se destinó a la cobertura de servicios para pacientes en las etapas 3, 4 y 5 de la enfermedad; las dos primeras indican una pérdida leve a grave de la función renal, mientras que la última define la insuficiencia renal, con indicación de diálisis o trasplante para compensar la pérdida de función.
Sólo en diálisis, el costo estimado para los 30.300 pacientes que reciben esa terapia superó el año pasado los US$ 522 millones.
Si todo siguiera como hasta ahora, Jorgensen estimó que habría que destinar US$ 1000 millones más que el costo total actual para alcanzar a toda la población que necesita un diagnóstico y tratamiento. Incluyó la inversión en programas para reducir los principales factores de riesgo.
Del análisis surgió, también, que tratar a un paciente en etapa inicial cuesta unos US$ 102 por año, comparado con US$ 919 cuando el disminución de la función de los riñones ya es leve a grave (estadios 3 y 4) o más de US$ 18.246 si el paciente necesita diálisis o un trasplante para poder compensar la falla renal.
Revertir la tendencia
Especialistas que participaron de la presentación de estos datos coincidieron en que con dos pruebas de laboratorio anual por menos de $400 a partir de los 18 años o, más selectivamente, en la población con factores de riesgo (diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular, entre otros), se podría revertir esa tendencia con intervenciones más oportunas.
“La mayor prevalencia de la enfermedad renal crónica es en la etapa en la que los riñones tienen daños leves o moderados (estadio G3a) y donde las estrategias de intervención correctas pueden ralentizar el proceso y retrasar el inicio de la terapia sustitutiva o diálisis”, explicó Carlos Castellaro, nefrólogo especialista en hipertensión del Servicio de Nefrología del CEMIC y profesor de medicina del Instituto Universitario de la misma institución.
Esas estrategias, según agregó el profesional, “deberían apuntar a la prevención y al diagnóstico temprano, lo que puede hacerse con un simple análisis de sangre y orina de muy bajo costo, pero que no siempre se incluye en los chequeos”.
Se refería a las pruebas de laboratorio para determinar los valores de creatinina y proteínas en orina (proteinuria), que tienen un valor, respectivamente, de $200 y $130. “Por menos de $400 se podría hacer una detección a tiempo de la enfermedad renal –insistió el especialista–. Si se pidiera una microalbuminuria, que ya es un poco más costoso [alrededor de $2900], se podría llegar inclusive un poquito antes.”
Silvia Lapertosa, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y expresidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), coincidió con Castellaro en que es baja la indicación de esas pruebas esenciales para la detección temprana, aun en los pacientes con diabetes, hipertensión u obesidad, que se consideran factores de riesgo de la enfermedad renal crónica.
Otras “ventanas de oportunidad”, como definió, que se están perdiendo para intervenir a tiempo si existe una pérdida de la función renal más allá de la esperada para la edad son los chequeos médicos para el ingreso a un trabajo, la universidad o las fuerzas armadas o el certificado del apto físico para actividades deportivas, entre otras.
Ambos coincidieron con los resultados del análisis del costo que está teniendo la enfermedad para el sistema sanitario que presentó Jorgensen, directora de la consultora, durante una reunión en un hotel de Puerto Madero organizada por el laboratorio Boehringer Ingelheim.
“No hay duda de que gran parte del dinero [que se está destinando a la enfermedad renal crónica] podría destinarse a las pruebas de tamizaje y a mejorar la accesibilidad a tratamientos y otros servicios más tempranamente”, opinó Castellaro.
Jorgensen insistió en que tratar a un paciente que necesita diálisis es, según surgió de la estimación de costos en el país, 20 veces más alto que si se lograra intervenir en las etapas previas. “A partir de entrevistas en profundidad que tuvimos con especialistas referentes en el área, detectamos que en la Argentina existen deficiencias en cómo se aborda la enfermedad renal crónica. El punto de inflexión es el momento de detección de la enfermedad -continuó-. Cuando es tardía, los pacientes tienen mayor probabilidad de un mal pronóstico y, a la vez, los costos se incrementan.”
Los especialistas recordaron que, cada año, en la Argentina se diagnostican unos 36.000 casos nuevos y unos 7000 pacientes ingresan a diálisis. La enfermedad renal crónica, que avanza lento y puede demorar entre 14 y 20 años en dar alguna señal de alerta, alcanza al 12,7% de la población mayor de 18, de acuerdo con la prevalencia estimada a partir de la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Eso se traduce en 4,6 millones de personas; la mitad tiene diagnóstico y está en tratamiento, según detallaron los profesionales.
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