Colectivero asesinado: la historia detrás del sistema de cámaras de video que le costó al Estado $2500 millones

Septiembre de 2021. En un acto en San Vicente, el gobierno bonaerense presentó la primera línea de colectivos con cámaras de seguridad. Tres meses habían pasado entonces desde la firma de una resolución que disponía instalar cámaras de seguridad en colectivos del área metropolitana y del interior bonaerense con el apoyo del ministro de seguridad Sergio Berni, y el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor, Roberto Fernández. Ayer, el chofer Daniel Barrientos, fue asesinado de un disparo al pecho en una unidad sin cámara. Desde la provincia se justificaron. Dijeron que desembolsaron 2500 millones de pesos para que las empresas equiparan las unidades, y que los propietarios de los colectivos no lo hicieron. Pero esos fondos eran públicos. ¿Alguien controló?

Mediante la Ley N°14.897, sancionada en 2017, se estableció la obligación de que todas las unidades de transporte público de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal cuenten con dispositivos que graben en tiempo real. Se trata de la implementación de sistemas sobre un total de unos 12 mil colectivos que recorren las arterias bonaerenses. Según pudo saber LA NACION por fuentes del gobierno provincial, hasta el momento se desconoce cuántas de esas unidades tienen cámara y chip que habilite la comunicación con los Centros de Control (uno está ubicado en La Plata y el otro en Mar del Plata).

De acuerdo a la normativa provincial, todos los colectivos deben cumplir una serie de condiciones técnicas mínimas. Además de la instalación de estas cámaras de seguridad en alta definición, la ley requiere que los sistemas cuenten con botones antipánico que permitan a los choferes a enviar una señal de alarma al centro de monitoreo y que al mismo tiempo eso active la transmisión en tiempo real de las imágenes de video. Pero esto casi no se cumple. Hasta ahora, hay apenas un 20% de las unidades móviles con cámaras en funcionamiento, pero no se sabe con certeza si graban ni si cuentan con el famoso botón antipánico.

En la reconstrucción que pudo hacer LA NACION, la gestión para equipar unidades comenzó durante la administración de Cristian Ritondo como ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal. “Este proyecto se confeccionó como una prueba de concepto para la plataforma”, indicó a este medio Mauricio Idiart, subsecretario de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La selección de líneas se centró en base a un análisis de criminalidad y teniendo en cuenta que fuesen recorridos nocturnos. “Son colectivos que recorren el Conurbano, Zona Sur y Mar del Plata; todas líneas que salen de noche”, informaron a este medio.

“Terminamos de implementar las condiciones en unas 1200 unidades que quedaron con chip y cuatro o cinco cámaras de seguridad, según el modelo”, siguió Idiart, y precisó: “El sistema funciona grabando localmente en el colectivo, pero si el chofer presiona el botón de pánico, en los centros de control (uno en La Plata, otro en Mar del Plata) se les abre en la posición del micro y un video Wall donde la alarma se pone en la pantalla central”.

De emitirse una señal de alerta, se pone marcha lo que se conoce como un operativo cerrojo. “Es cuando un caso está más protocolizado, porque se conoce el recorrido, la velocidad y en base a eso puedo trabajar recursos en territorio y formar cerrojos”, indicó el experto.

Después de lo que se evaluó como un balance positivo a la prueba, la gestión fue transferida a lo que hasta el año pasado era la subsecretaría de Transporte, en octubre del último año.

Disputa con las empresas

Fuentes del ministerio de Transporte de la Provincia que conduce Jorge D’Onofrio informaron que, a mediados de 2021, la administración de Axel Kicillof dispuso que $2500 millones en subsidios fuesen utilizados para la instalación del equipamiento de cámaras y chip en colectivos. Apenas un puñado de las empresas cumplió, aunque la mayoría –advirtieron en el Gobierno- directamente no brinda información al respecto.

“Se les pidió a las Cámaras de Transporte que pasen el listado de las flotas que tiene con chapa, números motor, VTV, todas las cuestiones reglamentarias de seguridad y, además se reclamó si tenían cámara y chip, o no”, repasaron fuentes del entorno de D’Onofrio. “Allí llegamos que solo el 20 por ciento tendría cámaras, pero no sabemos cuántas tienen chip”.

Martín Domínguez Yelpo, autor de la ley para instalar las cámaras, explicó que los 2500 millones de pesos a los que hizo referencia Sergio Berni este lunes eran para equipar a 8700 colectivos. De ese total, solo pusieron cámaras, según el diputado provincial, en unas 1500 unidades. “Ese dinero se le dio como compensación en 2020 a las empresas y tenían 180 días para poner las cámaras. Acá hubo negligencia de los dos lados, de los empresarios, que no las colocaron y del Estado, que no controló”, manifestó.

¿Por qué es un misterio saber cuáles tienen chip? La ley contempla que para que las unidades pasen un control de VTV deben cumplir con las condiciones requeridas en materia de seguridad. Así, las compañías de transporte deben contratar a empresas que se ocupen de la instalación de estos servicios.

En diálogo con LA NACION, una empresa de tecnología que pidió reserva aseguró que las transportistas solo la convocan para pasar por el control reglamentario y que solo instalan la cámara de seguridad más básica, no todo el paquete requerido. “Si cumplieran con todo lo que se exige por norma, deberían desembolsar unos US$5000 por unidad”, indicó el dueño de la empresa e este medio, y continuó: “Simplemente colocan un sistema de cámaras básico, que cuesta una fracción de eso”.

Tras haber sido intimadas por el ministerio de Transporte el 4 de enero de este año, las cámaras empresarias que nuclean a las compañías de transporte protestaron el reclamo. Las compañías aseguraron que –entre las prestaciones de las empresas de colectivos- no está la gestión de seguridad pública. El Gobierno lo refuta, y aclara que las compañías firmaron un contrato en el que aceptaban los recursos para implementar los sistemas.

“Se gastaron la plata de la seguridad en gastos corrientes”, indicaron con malestar desde el Gobierno provincial, y protestaron: “Ellos presentan respuestas que no dan solución. 2500 millones de seguridad y se la gastaron en cualquier cosa; es malversación de fondos”.

Desde entonces, se procedió a la creación de una Comisión de Seguimiento entre las carteras de Justicia, Seguridad y Transporte, a la que se sumó también el titular de la UTA, Rodolfo Fernández. “Estamos trabajando en una solución, por esa fue la reunión que se había pactado en la Gobernación antes de lo que ocurrió en la Matanza”, informó alguien con acceso al encuentro, y precisó: “Para reclamar a las empresas para tener un seguimiento constante y real y de cuál es la situación de cada colectivo”.

El asesinato de Daniel Barrientos volvió a posicionar el reclamo de los choferes de colectivos, que a diario se exponen a la inseguridad que azota. Sus compañeros solo piden que alguien les dé respuestas.

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