Colegios bonaerenses. Problemas estructurales, fugas de gas y comida cruda, una realidad compleja sin visibilidad

El deterioro se refleja en las cifras expuestas por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y queda en evidencia al recorrer los establecimientos; la preocupación de padres por fallas que ponen en riesgo a sus hijos y las explicaciones de autoridades; a diferencia de las escuelas porteñas, las tomas no aparecen como un método de reclamo

Apenas pasado el mediodía del viernes 14 de octubre, alumnos de la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) Nº83 de Villa La Florida, en Quilmes, salieron del colegio con pizzetas en sus manos. Según relatan a LA NACION, siempre les entregan el almuerzo frío y hasta crudo en algunas ocasiones porque la escuela no tiene gas. La escena no es aislada sino que se replica en establecimientos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis profunda educativa.

“Lo principal y más urgente que le estamos pidiendo al municipio de Quilmes es el tema del gas. Hace tres años y medio que los alumnos no comen como es debido porque no hay gas ni para tomar un mate cocido en pleno invierno. Les dan medallones de soja crudos o sándwiches con moscas”, dice Mabel Ríos, abuela de una alumna de la escuela Nº83.

Franco Videla, presidente interino del centro de estudiantes de ese establecimiento, afirma que por momentos pasan mucho frío debido a la falta de estufas y que en algunos salones hay ventanas sin vidrios. “Los directivos y preceptores hicieron una vaquita para comprarnos caloventores y a veces ni eso alcanza. Hasta cambiaron el horario de entrada por el frío”, cuenta.

Sobre el reclamo respecto a la comida, Camila Díaz, también presidenta del centro, recuerda que una vez descubrió una cucaracha dentro de una empanada. “Todas las escuelas de Quilmes están iguales, con problemas de infraestructura y de comida”, expresa.

“Estamos en obra actualmente, lo que incluye la puesta en marcha del gas, entre otras cosas”, respondieron ante la consulta de LA NACION desde el municipio de Quilmes, encabezado por Mayra Mendoza, del Frente de Todos.

Desprendimientos y filtraciones, algunas de las falencias

En la provincia de Buenos Aires hay severos problemas estructurales en las escuelas, que inevitablemente generan inconvenientes para que los chicos puedan aprender y alimentarse como corresponde. Según el informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense divulgado en mayo de este año, en tres de cada diez escuelas públicas y privadas los equipos directivos declararon la existencia de algún desperfecto. Al ubicar el foco solo en las de gestión estatal, el 51,7% presenta falencias. Las más mencionadas se vinculan con desprendimientos o grietas en paredes y techos (17,7% del total), filtraciones de agua (10,4%), fallas en la instalación eléctrica (7,4%) y baños en mal o regular estado (4,6%).

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, encabezada por Alberto Sileoni, admiten dificultades y prometen mejoras. “Precisamente debido a los problemas edilicios estamos ejecutando miles de obras y ya estamos encarando las obras de mantenimiento para 2023, entre las que se incluyen las instalaciones eléctricas y las de gas”, afirmaron a LA NACION.

Durante los primeros días de junio, la administración bonaerense afrontó duros cuestionamientos por las “aulas heladas”: muchas escuelas públicas debieron suspender las clases o reprogramarlas por la falta de calefacción. “Ojalá sea el último año con estas dificultades”, dijo Sileoni en ese momento.

Fugas de gas

Sandra González es madre de un alumno que cursa sexto año de la secundaria en la Escuela Provincial Nº3 Mariano Moreno, en el partido de Hurlingham. Describe que a mediados de septiembre se suspendieron las clases por una pérdida de gas y el Consejo Escolar envió personal para arreglar el problema. Dos días más tarde, los chicos regresaron al aula. “Vino un gasista matriculado después de que trabajaran otros que no eran matriculados, ingresó a la escuela dio el visto bueno y se fue. Entonces, yo llamé a la empresa de gas para hacer la denuncia porque era evidente que el gasista no había hecho una revisión correcta. Vino la empresa de gas y detectó siete fugas. Podría haber terminado en una tragedia”, señala González a LA NACION, quien recuerda el drama ocurrido en 2018 durante la gestión anterior. En agosto de ese año explotó una estufa en la Escuela Primaria Nº49 Nicolás Avellaneda, ubicada en Moreno, y fallecieron la vicedirectora de la institución y el auxiliar de cocina.

González agrega que los problemas no se reducen a la red de gas. Puertas de baños destrozadas, salones con filtraciones de agua, desagües tapados y nidos de palomas en los techos se suman a la lista. “Para protestar hemos cortado la calle, así nos iban a escuchar. Si tomábamos la escuela no le iba a importar a nadie, además nosotros queremos y necesitamos que los chicos estén en las aulas”, plantea González.

Jorge Verón, presidente del Consejo Escolar de Hurlingham, explica que muchos edificios centenarios, como es el caso del colegio Mariano Moreno, se han deteriorado por la falta de uso durante la pandemia. En cuanto a la situación con el gas, asegura que el profesional matriculado que revisa todas las escuelas de Hurlingham fue el que detectó las fugas y no la empresa proveedora del servicio, como indican algunos padres.

“Nuestro gasista dijo que estaban dadas las condiciones para que regresaran los chicos, pero un grupo de padres desconfió y llamó a la empresa, y la empresa cuando viene siempre corta el servicio y demora dos o tres meses en volver a activarlo, por eso hoy los chicos no tienen gas. En cuanto a los baños, tienen un mantenimiento constante, pero siempre hay más por hacer, sobre todo en un edificio que usan 400 chicos por día. Por ejemplo, el municipio tiene un tema con el sarro que tapa las cañerías, por eso también tuvimos que cambiar los caños. Todo el tiempo hay cosas por mejorar”, señala Verón.

“Los chicos no izan la bandera porque el lugar donde se encuentra el mástil está en peligro de derrumbe. Hay ratas y tachos con agua estancada. Las puertas de emergencia están trabadas y hay baños y vidrios rotos. La mitad de los chicos cursan en una escuela primaria que funciona como anexo por lo mal que está la infraestructura”, expone Emma Schiele, que pertenece a la agrupación Padres Organizados y es mamá de una alumna de cuarto año de la Escuela de Educación Media Nº 6 de Lomas de Zamora, una de las pocas donde pueden asistir chicos con discapacidades. Voceros del municipio aseguran que no tienen reclamos por riesgo de derrumbe en ese establecimiento ni pedidos de desratización o desinfección realizados al área de educación ni al consejo.

Mismos problemas, distintos reclamos

Las historias de escuelas en condiciones preocupantes y hasta riesgosas para los estudiantes y el plantel docente se repiten a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no hay tomas en los colegios, un fenómeno que sí se ve con cierta frecuencia del otro lado de la avenida General Paz.

En las últimas semanas, al menos una decena de escuelas porteñas estuvieron, una vez más, tomadas por alumnos. Los tres motivos centrales para llevar adelante la medida, a la que muchos estudiantes se opusieron, eran las condiciones edilicias, la calidad y la abundancia de las viandas y las prácticas laborales que el Ministerio de Educación porteño empezó a implementar durante este ciclo lectivo para todos los que cursen el último año.

Para reflexionar por qué las tomas no aparecen como forma de reclamo en los colegios bonaerenses, las fuentes consultadas por LA NACION aducen desde una menor “ideologización” del sistema educativo hasta el control de sindicatos sobre las decisiones en un sistema que describen como “muy verticalista”. También señalan que muchos problemas se resuelven con los gobiernos municipales, a diferencia de los que sucede en la ciudad, donde el vínculo es directo con la cartera que comanda Soledad Acuña.

Además, destacan que un punto importante es la resonancia que adquieren en medios de comunicación de alcance nacional las tomas en las escuelas porteñas. Eso, admiten, es un incentivo importante, mientras que una toma en un rincón de la provincia “no le importaría a nadie”. Por otro lado, sostienen que en territorio bonaerense ven una mayor participación por parte de padres que luchan por defender los intereses de sus hijos.

Arianna Meilinger, coordinadora nacional de Estudiantes Organizados —una organización de alumnos apartidarios— considera que los directivos en la provincia no suelen fomentar la creación de centros de estudiantes, mientras que en la ciudad se estimula más la participación de los chicos. La agrupación de la que forma parte se atribuye la cucarda de haber sido “la primera” en reclamar al gobierno nacional la reapertura de las aulas durante la pandemia.

“No hay tomas en la provincia porque muchos centros de estudiantes son financiados por los municipios. Mientras que los que no pertenecen a ese tipo de centro de estudiantes, son chicos que no comulgan con las tomas porque piensan que los estudiantes deben estar en las aulas”, sostiene Meilinger.

“No hay ningún tipo de financiamiento a los centros de estudiantes, no nos consta para nada esa información, la propia norma de constitución de los centros de estudiantes establece que son dispositivos o formas institucionales de organización de los estudiantes que no implica ningún tipo de erogación presupuestaria ni financiamiento,” replican desde la Dirección General de Cultura y Educación.

En 2013, la sanción de la ley 26.877 estableció que a todos los colegios del país, tanto de gestión pública como privada, les corresponde el derecho a formar un centro de estudiantes, aunque en la práctica no todos lo tienen. “A veces dejan de funcionar por un tiempo mientras que, en algunas escuelas, no llegaron a formarse”, dice la página web del gobierno nacional.

En la provincia hay 1774 centros de estudiantes sobre 2870 escuelas secundarias públicas, 2600 comunes y 270 técnicas. Es decir, 6 de cada 10 escuelas tienen un centro de estudiantes conformado.

La ciudad de La Plata aparece como uno de los pocos puntos de la provincia donde, si bien no se realizan tomas, hay movilizaciones de alumnos. El 16 de junio de este año, por ejemplo, hubo una marcha de centros de estudiantes de distintos establecimientos platenses. “Exigimos baños en condiciones”, “estudiamos en condiciones precarias” y “necesitamos gabinetes psicopedagógicos”, decían algunos de los carteles que levantaron los jóvenes. Los reclamos se dirigieron a Julio Garro, intendente de la Plata por la coalición Juntos por el Cambio desde diciembre de 2015, a quien le exigieron “los 700 millones de pesos que tiene el Fondo Educativo” para el arreglo de las escuelas.

Más adelante, el 17 de agosto, llevaron a cabo un corte de calle para exigir comedor gratuito y viandas. La consigna “con hambre no se puede estudiar”, muy presente durante las tomas porteñas, ya aparecía entre las demandas de los chicos.

Martiniano Ferrer, secretario de Cultura y Educación de La Plata, afirma que los establecimientos son de gestión provincial y aclara que, si bien el municipio ejecuta el Fondo Educativo, los proyectos deben ser aprobados por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia que gobierna Axel Kicillof. “No tenemos la potestad de ir a hacer obras en las escuelas provinciales, sin autorización. Sin embargo, La Plata es un ejemplo, porque construyó más de 20 edificios nuevos, 220 aulas y logró la intervención en más del 50% de edificios en seis años con el Fondo Educativo Municipal”, responde Ferrer ante la llamada de LA NACION.

Marina Larrondo, socióloga e investigadora del Centro de Investigaciones Sociales del Conicet sobre cuestiones de militancia estudiantil, identifica distintos factores para analizar la modalidad de reclamo en suelo bonaerense: “La protesta solo sirve en la medida en que sea visible. Si, por ejemplo, toman una escuela de Isidro Casanova probablemente nadie lo va a ver”. Por eso, evalúa que la forma más habitual de expresión estudiantil en la provincia es la movilización. “Que los pibes marchen por las calles del pueblo no es lo mismo que una marcha en CABA donde hay marchas todos los días”, argumenta.

Por otro lado, explica que en la mayoría de los casos, las demandas se canalizan y resuelven localmente en los municipios, por lo que no llegan a estallar de la manera en que lo hacen en la ciudad, donde no hay instancias intermedias. Además, la especialista, que es magíster en educación por la Universidad de San Andrés, advierte una cuestión central: “En la provincia no hubo cambios recientes en la currícula y no hay reformas estructurales en curso, como sí sucedió en CABA”. Sobre este punto, recuerda lo ocurrido en la provincia en los años 90, cuando se incorporaron modificaciones en ese sentido y el clima estudiantil fue “un hervidero”.

En esa línea, Pedro Núñez, investigador del Conicet y especialista en cuestiones de juventud y participación, plantea que es muy diferente lo que puede suceder en instituciones emblemáticas de La Plata, con una tradición de fuerte movilización, frente a lo que ocurre en localidades más chicas en las que los reclamos están más vinculados a lo cotidiano.

“El sistema educativo de la provincia es muy vertical y esta gestión ha profundizado la idea de que los inspectores no realicen tareas pedagógicas, sino que, por el contrario, se dediquen a ejercer un control político sobre los equipos directivos”, apunta Diego Martínez, miembro del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires desde 2016.

Según Martínez, cuando empezó la pandemia impidieron que los directivos notificaran si los alumnos participaban de las clases y tampoco podían informar sobre la continuidad pedagógica. “Por otro lado, durante el gobierno anterior sí hubo escuelas cerradas, pero por temas como el caso de Santiago Maldonado y las realizaban los gremios con el acompañamiento de algunos estudiantes, aunque mantuvieron una dinámica distinta a las tomas porteñas”, señala.

“Habría que preguntarle qué entiende por control político porque tenemos en el sistema educativo provincial centenares de inspectores regionales, distritales, de cada área que ganan los concursos por su trabajo pedagógico”, responden voceros de Sileoni. En tanto, Suteba, uno de los gremios más representativos, no contestó la consulta de este medio.

Alejandro Finocchiaro, quien fue director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires desde 2015 a 2017, considera que analizar las tomas de las escuelas porteñas a partir de los argumentos expuestos, como los problemas con las viandas y las prácticas laborales, es un error porque sería dar por ciertos los pretextos que, según su mirada, esconden una embestida contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

“El sistema educativo de la provincia está menos ideologizado y politizado. Por otro lado, las tomas en la ciudad suelen tener una enorme difusión en los medios nacionales”, analiza el exviceministro de Educación de la provincia Sergio Siciliano.

Ana Paredes Landman es una de las referentes de Alternativa Docente en la agrupación sindical de Suteba Multicolor de La Matanza. Ella destaca que realizaron una movilización “muy importante” donde participaron 500 docentes. Allí reclamaron la finalización de obras inconclusas y la creación de complejos educativos para absorber la demanda de matrículas en barrios donde las escuelas no dan abasto o tienen clases con casi 50 alumnos.

Sin embargo, cree que no hay medidas de fuerza como las tomas porque “parte de las políticas del partido justicialista se enfoca en las organizaciones estudiantiles con el objetivo de controlarlas”. LA NACION intentó comunicarse con referentes del municipio, pero no obtuvo respuesta.

Si bien actualmente no hay tomas masivas en el ámbito porteño, siempre aparece como una medida a la que recurrir. De hecho, el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, que depende de la Universidad de Buenos Aires, implementó días atrás esa modalidad de protesta en rechazo a la continuidad de la rectora, Valeria Bergman, que podría ser reelegida en diciembre. En tanto, la Ciudad denunció penalmente a 366 padres y pidió en el plano civil 50 millones de pesos como compensación por los daños y perjuicios que se ocasionaron durante las jornadas de tomas.

El modelo bonaerense de prácticas profesionalizantes

Uno de los motivos que desencadenaron tomas en escuelas del distrito porteño fueron las Actividades de Aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores (ACAP) que el Ministerio de Educación porteño empezó a implementar este año.

En la provincia de Buenos Aires existen las Prácticas Profesionalizantes obligatorias, pero son únicamente para los estudiantes del último año de escuelas técnicas y, según indican desde la administración bonaerense, guardan estricta relación con la propuesta pedagógica. Constan de 200 horas de práctica no rentada que pueden ser internas al servicio educativo o externas, llevadas a cabo en el ámbito de empresas, organizaciones u organismos.

Directores consultados por LA NACION aseguran que los alumnos están conformes con este modelo, puesto en marcha en 2013, razón que podría explicar por qué este punto no figura entre los reclamos de los estudiantes bonaerenses.

“Como política educativa, las prácticas profesionalizantes son muy buenas porque conectan a los alumnos con el laburo. Pueden hacerse dentro del colegio, pero no es tan bueno porque no conocen lo que es tener un jefe, compañeros o cumplir un horario. Aunque no suele pasar, te podés encontrar con alguna empresa en la que no cumplan con el plan establecido y entonces retiramos a los chicos de ese establecimiento porque ellos no son empleados, son alumnos”, afirma Omar Braden, director de la Escuela Técnica N°1 de Vicente López.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación precisan que en 2022 fueron 21.363 los estudiantes que realizaron prácticas en empresas e instituciones públicas y privadas, entre las que destacan a Trenes Argentinos, Calviño, Pampa Energía, Siemens, Mastellone, Loma Negra, Acerbrag, Toyota, Universidad de Lomas de Zamora, Universidad Arturo Jauretche y la Universidad de la Matanza, entre otras.

Si bien la disposición 2343/2017 contempla la existencia de pasantías para las escuelas no técnicas, autoridades bonaerenses señalan que la regulación se encuentra en revisión, por lo que en este momento no se están implementando.

En este contexto, la discusión por los fondos nacionales del año próximo destinados a educación se ubicó en el centro del debate. Luego de la advertencia sobre una reducción de alrededor del 15% realizada por el Observatorio Argentinos por la Educación, el oficialismo buscó revertir los cuestionamientos y aseguró que no habrá ajustes en las partidas del presupuesto 2023, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

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