Clases: Un grupo de padres se presentó ante la Corte Suprema para defender la presencialidad

La idea surgió durante la semana en un chat y ayer se convirtió en realidad. Ocho padres y madres que piden que las escuelas permanezcan abiertas se presentaron anoche ante la Corte Suprema de Justicia como amicus curiae, para ofrecerle al tribunal argumentos antes de decidir sobre la demanda interpuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado nacional en la que solicita que se declare la inconstitucionalidad del DNU que dispuso el cierre de las escuelas.

Se trata de padres que pertenecen a la agrupación Padres Organizados, que luchan por que las aulas permanezcan o vuelvan a estar abiertas, que presentaron un escrito de 16 páginas, patrocinados por el constitucionalista Alberto Garay, que sumó su firma junto a ellos para avalar el argumento jurídico, ya que los Padres Organizados no están constituidos legalmente como agrupación.

Amicus curiae significa “amigos del tribunal” y es un instituto del derecho procesal que admite a terceros ajenos a una disputa a ofrecer opiniones para la resolución del proceso. En este caso puntual, significa que, a horas de resolver la cuestión de fondo, la Corte deberá tomar en cuenta los argumentos planteados por los padres sobre cómo impacta en la vida de los chicos el cierre de las escuelas.

Por ejemplo, en el histórico fallo Mendoza, sobre el Riachuelo, la Corte aceptó la presentación de argumentos por parte de distintas organizaciones sobre las causas y responsabilidades de la contaminación y el plan de saneamiento. En esta causa, ya otras organizaciones se presentaron como amigos del tribunal. Entre ellas, al Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), pero con argumentos a favor del cierre de las aulas.

La presentación se hizo anoche, pasadas las 20 de forma virtual. Los padres que se presentaron como firmantes concurrieron al estudio de Garay, varios de ellos con sus hijos pequeños, y vivieron el momento con emoción e intensidad. “Para nosotros es muy importante que la Corte nos escuche y tomo estos argumentos antes de decidir. No somos, como dicen, padres que no nos preocupamos por nuestros hijos o que no vemos la realidad. Vemos el daño que se les hace a los chicos y los cambios positivos cuando volvieron a clases”, dice Débora Vasallo, una de los ocho padres y madres que se presentaron ante la Corte.

“La presentación tiene como objetivo argumentos y fundamentos para sostener que el mantenimiento de las clases presenciales no implica un agravamiento de la situación pandémica, sino que en el caso de los chicos puede brindar una mayor protección en materia de salud, no solo ante un contagio sino en los efectos colaterales, como impacto físico, discriminación, impacto psicológico, aumento de la brecha y la inequidad frente al derecho a la educación y en algunos casos, hasta la anulación de este derecho”, explica Garay a LA NACION.

En las próximas horas, la Corte deberá aceptar o rechazar la propuesta de los padres de ser considerados amicus curiae. Para esto, se tendrá en cuenta si son personas idóneas o si tienen argumentos valederos para ser oídos antes de resolver. “Aportamos elementos fácticos y estudios que apoyan la idea de que por el momento y mientras no se agrave la situación, que no se cierren las escuelas primarias y los jardines”, dice Garay. No se incluyeron las escuelas secundarias porque, según explican, no se dispone de suficientes estudios para dimensionar el impacto.

En la presentación, los Padres Organizados plantearon que hay evidencia como para afirmar que los jardines y las escuelas primarias no incrementan significativamente los contagios ni la circulación comunitaria del virus; también argumentan que tomar AMBA como unidad geográfica para la toma de decisiones educativas es un error, ya que no refleja el movimiento que genera la actividad escolar en términos estadísticos. “La organización escolar, por la forma en que se asignan las escuelas, hace que el 70% de los chicos no requieran utilizar el transporte público para llegar a las escuelas, según información oficial nacional de la tarjeta SUBE para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, afirman.

El escrito incluye documentación sobre diez estudios científicos hechos por organismos como de UNICEF, UNESCO, BID, BM, Asociación Americana de Pediatría, entre otras instituciones.

También plantean en el escrito que, frente al aumento de casos, el cierre de escuelas podría tener un efecto nulo en la curva de contagios. “Las escuelas son uno de los pocos ámbitos de actividad presencial que está sujeto a protocolos estrictos y que, además, funciona como un eficaz dispositivo de detección temprana de casos de Covid-19 e interrupción de transmisión secundaria. Todas las pautas que se aplican (uso de barbijo, ventilación de las aulas, higiene frecuente) y el criterio de caso sospechoso para solicitar testeo han permitido detectar casos y, fundamentalmente, evitar contagios dentro del ámbito escolar”, dice el texto.

“En este informe hemos demostrado, con cita de fuentes científicas del más alto nivel, que la supresión de las clases presenciales en jardín de infantes y escuela primaria no contribuye a solucionar ni morigerar los problemas sanitarios creados por la pandemia del Covid-19. Con los cuidados y prevenciones debidos, las escuelas no son centros especiales de contagio. Lo son menos, en muchos casos, que los propios hogares de los niños a los que se priva de estar, como les corresponde, en las aulas. Lejos de solucionar los problemas sanitarios, el cierre de escuelas origina muchos otros, como el retardo en el proceso educativo y las consecuencias de orden psicológico, y aún físico, que están padeciendo gran parte de los niños por ser privados de la socialización que es un elemento esencial de su formación como seres humanos. Los inconvenientes se extienden a las familias, y especialmente a las madres”, dicen en las conclusiones.

Y agregan: “Quienes suscribimos esta presentación, y en general quienes integramos Padres Organizados, somos profesionales de clase media. Vemos cómo nuestros hijos padecen esta situación y nosotros mismos somos afectados en alguna medida por ella. Pero la tragedia más severa la sufren los que podríamos llamar padres no organizados. Nos referimos a las familias de menores recursos, en las que la ausencia de clases presenciales ha significado la ausencia absoluta de educación”.

“Las duras restricciones al derecho a la educación carecen de una mínima razonabilidad y son, por lo tanto, arbitrarias e inconstitucionales”, dice la conclusión del documento.

También cuestionan la judicialización de la vida escolar y que las decisiones sean tomadas por decreto. “Las restricciones al derecho a la educación, que son lisa y llanamente supresiones en los casos de los sectores sociales más vulnerables, son adoptadas, además, por una sola persona. Se ha naturalizado que el presidente de la Nación puede legislar discrecionalmente, en franca violación de lo que dispone el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional”, apuntan.

Y agregan: “Sin escuelas abiertas no habrá ciudadanos, es decir, personas autónomas que labren su propio destino. No hay nada más opuesto a la Constitución Nacional, que fue sancionada para asegurar los beneficios de la libertad”, concluye el texto.

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