“Chicos de 13 años me han provocado”: las palabras de un obispo español a una víctima para justificar el encubrimiento y los abusos

MADRID.- El anterior obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido en 2025, reconoció un año antes de su muerte durante una reunión con Ciro Molina, víctima de pederastia, que el obispado protegió a su agresor cuando su familia denunció en 2004 los abusos al obispo de entonces, Felipe Fernández. “En aquella época, la costumbre era cambiar al sacerdote de sitio”, se escucha a Álvarez en una grabación, a la que tuvo acceso este periódico y que Molina presentó ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y la Comisión de Protección de Menores del Vaticano para que investigue el encubrimiento de su caso. Fuentes vaticanas confirmaron a este periódico que tienen en su poder dichas grabaciones. Fuentes de la Fiscalía avisaron que la denuncia, tras ser recibida, se archivó “por la prescripción, además de por el fallecimiento de quien reconoció que no había hecho nada para comprobar los hechos”.

El obispo Álvarez, que en el momento de la primera denuncia interna era vicario general, relata que su antecesor trasladó al padre Carmelo a Salamanca para tapar el caso. “Estuvo un año en Salamanca haciendo una especie de reciclaje y demás. Y cuando regresa, lo pone de capellán en el asilo”, le confiesa el prelado, sentado en su despacho. Álvarez llegó al puesto un año después, en 2005, y no abrió un proceso canónico contra el cura hasta que en 2014, la víctima acudió a la justicia civil, donde el delito ya había prescrito. Lo hizo después de que el abogado de Molina enviase un requerimiento al obispado. El caso también se cerró porque el sacerdote pidió abandonar los hábitos. La diócesis jamás reparó a Molina ni reconoció públicamente que ocultó los abusos.

La diócesis fue la que invitó a Molina a reunirse con el obispo, varios años después de que contase su historia en los medios y manifestarse públicamente junto a otras víctimas de abusos en la Iglesia para pedir justicia. En ningún momento de la conversación, de una hora aproximadamente, Álvarez pide perdón a Molina. Es más, cuando este le reprocha algunas de sus declaraciones en los medios ―como la de 2007 en la que este afirmaba que algunos menores incitan al abuso sexual―, el obispo se reafirma:

Obispo: “Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años; ahora es 16 o 18. No sé cuánto. Ahora es 16, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo en la isla de La Palma, en Tazacorte..."

Víctima: “Pero los niños no provocan, Bernardo”.

Obispo: “No, no, no, no, no...”.

Víctima: “Es al revés. Es una visión adultocéntrica. Los niños no provocan. ¿Tú te crees que Carmelo me hacía eso porque yo le provocaba? Eso no se puede decir".

Los abusos que denunció esta víctima comenzaron en 1997, cuando tenía entre 9 y 10 años, y se alargaron hasta 2003. “Cuando nos confesaba, se dedicaba a tocarnos, a mí incluso me dio un beso en la boca, y nos preguntaba por si nos masturbábamos. Te acariciaba, a uno le metió la mano en el pantalón. Ninguno de los monaguillos quería ir a casa del cura. Al final, junto con otros cinco chicos, se lo contamos a los catequistas, pero la gente de la parroquia se encargó de crucificarme a mí y a mi familia”, contó el afectado en 2022, cuando EL PAÍS destapó el caso.

Su madre denunció lo sucedido a Felipe Fernández y, como revela el obispo en la grabación, no se tomaron medidas. En el Vaticano no consta que la diócesis informara a la Santa Sede, como obligaban las normas internas desde 2001, ni que se le abriera un proceso canónico. La diócesis manifestó a este periódico que no tiene conocimiento de dicha grabación y se negó a responder si sigue manteniendo que el caso de Molina no se ocultó.

Molina volvió a denunciar su caso en 2014, ya mayor de edad, en el obispado. Entonces Bernardo Álvarez, obligado por la reciente reforma, abrió un proceso canónico e informó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma. El obispo también suspendió cautelarmente al sacerdote. Todo ello figura en la carta que le remitió a la víctima, a la que tuvo acceso este periódico. El proceso se interrumpió porque el acusado pidió la dispensa para dejar de ser cura. Dejó los hábitos y cambió de vida.

Esta estratagema de la diócesis evitó que el sacerdote fuera juzgado, ya que podría haberse negado a admitir la dispensa hasta que el procedimiento canónico concluyese. La Iglesia no permitió que Molina tuviera acceso a la documentación de su caso.

Álvarez no mostró compasión durante la reunión con Molina cuando este le relata las penurias y secuelas que le supusieron denunciar al padre Carmelo: “El daño que ha sufrido mi familia: ¿cómo se repara eso? ¿No van a reconocer nunca públicamente que eso pasó y no van a pedir perdón? Pero Álvarez guarda silencio. Solo lo rompe con monosílabos o para reprocharle cómo actuó: “Lo que tenías que haber hecho, cuando yo fui nombrado obispo [2005], era haber venido”, le espeta el prelado, mientras justifica que su antecesor no le contó nada sobre el tema.

La víctima insiste en que, cuando denunció, el pueblo comenzó a amenazar a su familia. Su vida se truncó y le costó levantar cabeza. Incluso cuando le reveló lo sucedido a algunos sacerdotes de confianza, estos le aconsejaron no hacer nada. “Que tenía que superar eso, que tenía que perdonar, que tenía que olvidarlo”, dice.

Cuando la historia de Molina salió a la luz, la Cadena SER Canarias publicó que otras dos víctimas señalaron al mismo sacerdote de haber abusado de ellos entre 1974 y 1979, cuando este era cura en Vallehermoso, en La Gomera. Molina recordó estas acusaciones a Álvarez durante el encuentro: “A mí me pasó porque nadie hizo nada y nadie le puso freno”. Pero el obispo, de nuevo, le resta credibilidad: “Yo coincidí en La Gomera con él [el padre Carmelo] y nunca vi nada”.

El prelado también arremete en una ocasión contra Molina por visibilizar su caso ante las instituciones públicas. Fue la primera víctima en España que intervenía en el pleno de un Ayuntamiento ―en el de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife― para exigir a los concejales que se pronunciasen sobre los casos de pederastia clerical y reclamarles que pidieran el cese de Álvarez como obispo, un gesto simbólico sin consecuencias jurídicas. “¿Qué es necesario para que este pleno condene sin ningún tipo de tibieza, por supuesto al sacerdote que cometió estas atrocidades, pero de manera similar, a quienes no pusieron remedio a tal tropelía?”, dijo.

Álvarez, durante el encuentro con Molina, tildó el evento como “un montaje” y le acusó de asegurar ante el Ayuntamiento que él le había recomendado que no presentara denuncia. Pero durante su discurso, disponible íntegro en internet, no aparece esa afirmación. Las afirmaciones del prelado ante el relato de Molina, sobre la situación que atraviesan las víctimas y cómo la Iglesia afronta el escándalo, están cargadas de medias verdades y de bulos.

Obispo: “El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales”.

Víctima: “Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual. El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología”.

El obispo interrumpe la reunión porque, dice, tiene que atender otro asunto. No se compromete a ninguna propuesta de Molina ni tampoco le traslada un compromiso de acompañamiento, como urgía entonces el papa Francisco. Solo le dice: “Apóyate en la gente buena que conoces. Esto es así, esto es así y esto es así. En la Iglesia hay gente buena y gente mala”. Molina concluye la reunión con una frase contundente: “El problema es que no se ha actuado contra la gente mala”.

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