Chaco: por las inundaciones, el gobierno dio marcha atrás con la deforestación

El gobernador de Chaco , Domingo Peppo, anunció que derogó el permiso de desmonte de bosques nativos y suspendió el procedimiento que reglamenta la actualización del ordenamiento territorial, tras las inundaciones registradas este enero en la capital de la provincia.

La medida se reglamentó el lunes a través del decreto 298/2019 y pertenece al paquete de medidas para hacer frente a la emergencia hídrica en la que se encuentra la provincia, en la que se agravaron las consecuencias de las inundaciones que dejaron más de 7500 afectados, 1600 evacuados y un saldo del 60% de la producción agrícola perdida, según informó la Sociedad Rural Argentina.

Fue bienvenida por las organizaciones ambientales que luchaban en contra de la desforestación de la provincia. Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace, consideró que se trata de un "gran paso en la defensa de nuestros bosques nativos", dijo al diario Chaco Día por Día.

Chaco es la provincia que más desmontes registra en los últimos tres años. El 80% de la deforestación del país se concentra en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, de acuerdo con la ONG.

"Dejamos sin efecto la normativa que habilitaba las presentaciones cuestionadas y suspendimos el decreto del ordenamiento, además, vamos convocar a las organizaciones relacionadas con este tema para brindar un informe real de cuál es la situación en el Chaco y qué sustento existe para llevar adelante los procesos", manifestó el mandatario.

Sin embargo, la ONG destacó que aún no fueron cancelados los permisos ya otorgados y que si bien el gobierno anuló las tres disposiciones que autorizaban la deforestación, no "ha dispuesto un plan de reforestación para los desmontes ya ejecutados".

El gobierno había autorizado el desmonte de 67 fincas, que comprendían la superficie de 51.768 hectáreas, y que según la organización contradecía la normativa nacional. "La ley Nacional de Bosques dicta que la actualización de los Ordenamientos Territoriales no deben significar un retroceso en las zonas protegidas y se debe garantizar la participación ciudadana", afirmó Cruz.

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