Censo 2022: hubiera sido un milagro que saliera todo perfecto

El operativo censal realizado ayer generó un sinfín de discusiones, reclamos, quejas e insatisfacciones. Se discutieron las preguntas, el feriado, la cantidad de viviendas que no fueron censadas, la preparación de los censistas y cada detalle involucrado. El operativo requiere una fuerte confianza por parte de la población hacia el Estado y probablemente estemos en el punto más bajo de esa relación. Trataremos de echar algo de luz a los reclamos y al significado del censo. Para ello, deberemos diferenciar dos etapas: la preparación y el operativo. En conclusión, el Estado todavía tiene en reserva un grupo de profesionales de valía, pero la decadencia del país hace que un operativo de estas dimensiones –exigente en cantidad y calidad de personas involucradas– sea muy dificultoso.

El Censo Nacional de Población y Vivienda es la única actividad que involucra a todos y cada uno de los habitantes de un país. Es un relevamiento exhaustivo de las condiciones materiales de vida y del perfil de cada uno de los argentinos. La importancia que tiene esta foto es evidente: el material es insumo para historiadores y funcionarios ejecutivos, para académicos y cualquier persona en particular que quiera interesarse por las características de su país, su cambio en el tiempo y cómo se compara con otros países. Realizar el censo en tiempo y forma es una de las pocas políticas de Estado, que pasa de gobierno en gobierno.

Participé como técnico en la preparación, implementación y procesamiento de los censos de 1991 y 2001. Especialmente el de 1991 fue una de las experiencias laborales más vibrantes de mi carrera. Era el primer censo en democracia desde hacía mucho tiempo, lo cual implicaba una modalidad de trabajo totalmente distinta a la anterior. El censo de 1980 había sido pensado, planeado y ejecutado al modo militar: ejecutividad sin demasiadas deliberaciones. Para el que se planeaba para 1990 se convocó a la eminente socióloga demográfica Susana Torrado que a su vez armó un equipo fenomenal de especialistas. Soy testigo del nivel de debate de los equipos de trabajo para cada una de las áreas a relevar: vivienda, trabajo, educación, salud, migración, etc.; cada tema era discutido con rigor y apasionamiento. El Censo 1991 fue el molde sobre el que se hicieron los posteriores, en todos los casos, con un altísimo grado de deliberación.

En realidad, no en todos los casos. El equipo que se formó en ese censo y se fogueó en el de 2001 fue desplazado con la intervención al Indec realizada por el kirchnerismo desde 2007. En algunos casos, los especialistas que tenían dos censos de experiencia y varios años de procesamiento y análisis tuvieron que pedir licencia psiquiátrica por el maltrato y violencia ejercido por las autoridades implantadas por el kirchnerismo. Afortunadamente, la gestión de Jorge Todesca, bajo la presidencia de Macri, logró poner al Indec nuevamente de pie y rescatar a los profesionales que habían sido desplazados, particularmente los encargados del censo. Ellos son los que prepararon la cédula censal de esta edición, tan cuestionada en algunos de sus puntos.

Al estar toda la población involucrada, nadie se quiere quedar afuera de opinar. Sin embargo, la cantidad y la forma en que se hicieron las preguntas no pueden estar muy lejos de las presentadas en la cédula censal. Algunas objeciones pueden ser atendibles. Las preguntas relacionadas con la “autopercepción” de género y etnia parecen ser demasiado hijas de la época y no se sabe si esos conceptos perdurarán. La mayoría de las preguntas restantes, en cambio, están más o menos parametrizadas para permitir la comparación histórica con nuestros censos anteriores y con datos de otros países. La famosa definición de actividad relacionada con que se haya trabajado al menos una hora en la semana anterior –que causó estupor en gente que debería estar mejor informada– está fuera de toda discusión: es el estándar de la OIT y la definición que se usa en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que semestralmente nos da el estado económico social del país. Modificar esa definición habría sido generar un número nuevo que no podría ser comparado con ningún otro.

Por otra parte, un censo poblacional no es una encuesta. La cantidad de preguntas que se puede hacer es limitada y sirve para fijar los grandes números. Después, cada tema en particular se puede y se debe profundizar con una encuesta o censo específico, como el Censo Económico, la EPH, el Censo Agropecuario, encuestas de movilidad, y discapacidad, entre otras.

En definitiva, con sus más y sus menos, la cédula censal recogía una experiencia de varios censos anteriores y de la de otros países. Fue diseñada profesionalmente y su calidad está por encima de cualquier diferenciación política.

Lo que no parece haber tenido el mismo grado de profesionalismo es el operativo censal. La tardanza en dar un número total estimativo, como había sido prometido para las siguientes horas de terminado el proceso, es una muy mala señal del resultado. En las redes se escucharon reclamos relacionados con la ausencia de censistas, su demora o su escasa capacitación. Creo que estos testimonios son válidos y parecen alcanzar un número relevante, aunque haya que esperar para saber exactamente cuál fue la dimensión de la falla.

Lamentablemente, se desaprovechó uno de los éxitos del operativo, que fue la numerosa respuesta al censo digital. Al obligar al censado digital a quedarse en su casa, la frustración alcanzó, incluso, a aquellos que habían tomado el recaudo de adelantar sus respuestas. Hubiera bastado con la indicación de dejar en la puerta de cada casa el código generado por el sistema del censo digital con el dato de población por sexo del hogar, liberando así a sus moradores.

Más allá de este mal cálculo, daría la impresión de que falló algo más importante. La sensación es que el país todo y especialmente el Estado que lo vertebra, ya no están en condiciones de realizar un operativo tan grande y exigente como es el del censo poblacional. Durante muchos años y hasta el Censo 2001, se utilizaba como censistas a los maestros, aprovechando su nivel de instrucción y su estructura piramidal, que permitía llegar a todos los distritos del país. Sin embargo, en 2001, en plena crisis social y con un conflicto especialmente duro con los docentes, los sindicatos se opusieron a la colaboración y crearon una situación difícil, que probablemente afectó la calidad de los datos. En los dos censos siguientes se apeló a voluntarios pagos, garantizándoles una instrucción previa supuestamente adecuada. También es muy probable que otro de los tremendos costos que tuvo la parálisis de dos años generada por las restricciones pandémicas haya afectado la calidad general del sector público, que aún hoy no alcanza los grados de presencialidad previos a marzo de 2020. En definitiva, se trataba de una muestra casi al azar de 600.000 ciudadanos: con la caída a pico de la educación en los últimos años, ¿cómo podríamos haber pensado que todos o la gran mayoría iban a estar a la altura del acontecimiento?

La conclusión es especialmente descorazonadora y supera la indignación puntual que uno pueda sentir políticamente. Se trata de una caída al abismo de todo el país, a la cual asistimos en silencio o gritándole airados a las nubes. Así estamos, con un estado sobredimensionado pero cada vez más ineficiente, con sindicatos en estado de conflicto permanente y con una población que ve en cualquier estamento burocrático a un enemigo a combatir. Si se lo piensa un poco más, hubiera sido un milagro que saliera todo perfecto.

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