Caso Ilarraz: a 10 años del escándalo de abusos sexuales a niños seminaristas en Entre Ríos que inspiró una ley clave para las víctimas

“Veo un desodorante Old Spice en una góndola y me descompongo”. La fragancia exhibida en un supermercado transporta a Hernán Rausch a su niñez como pupilo en el Seminario Arquidiocesano de Paraná Nuestra Señora del Cenáculo. En 1990 tenía 12 años y vivía en un colegio católico de solo varones en Entre Ríos. Allí las familias de los pueblos aledaños y otras provincias llevaban a sus hijos para que estudiasen religión y que a futuro alcanzaran una carrera en la curia.

“Ilarraz recorría los pabellones de noche y cuando se apagaban las luces amarillas se sentaba en las camas. El pacto era: yo hago esto con vos y este es nuestro secreto. No lo hagas con otros compañeros. Nadie se animaba a preguntarle a otro si había pasado por lo mismo. Era todo silencio”, relató Hernán Rausch, de 46 años, a LA NACION. De aquellas recorridas y encuentros es el perfume de su agresor que ahora enciende sus recuerdos.

Se cumplen 10 años desde que trascendió al público los crímenes cometidos por el cura entrerriano Justo Ilarraz contra al menos 25 niños seminaristas. El religioso trabajó en el seminario entre 1984 y 1995. Algunas de sus víctimas, siendo todavía menores, lo denunciaron dentro de la Iglesia y la decisión eclesiástica entonces fue primero trasladarlo a otra parroquia de Entre Ríos y luego lo enviaron a cursar estudios a Roma.

Cuando los seminaristas ya adultos tomaron el valor para denunciar a su agresor en la Justicia, la respuesta fue: ”Los abusos sucedieron hace mucho tiempo, están prescriptos”. La falta de acceso a que se investiguen los delitos los llevó a denunciar en los medios de comunicación lo sucedido. La repercusión mediática en la provincia impulsó que finalmente se realice un juicio: Ilarraz fue condenado en 2018 a cumplir 25 años de prisión por abuso sexual de menores, pena que cumple en su domicilio con una tobillera electrónica. Fue encontrado culpable en todas las instancias, y la defensa del acusado presentó un último recurso ante la Corte Suprema de Justicia que antes de resolver le dio intervención a la Procuración de la Nación.

El caso repercutió en las altas esferas en Roma y llevó a la Iglesia Católica argentina a la reapertura de la investigación canónica. A su vez desencadenó un cambio disruptivo en la ley penal que introdujo una herramienta procesal para que las víctimas de delitos sexuales puedan acceder a la Justicia sin importar cuánto tiempo pasó. La condición para que no aplique la prescripción es que los crímenes se hayan cometido cuando eran menores de edad.

“Queremos que la Procuración se pronuncie para cerrar el ciclo de una vez por todas en la Argentina con todas las instancias cumplidas. Los que denunciamos en la justicia fuimos siete. Hablando con otras víctimas reconstruimos que fueron más de 25, pero pocas nos animamos a hablar. No es fácil la exposición; fue todo un proceso para romper el silencio. Porque afecta a tu familia, te exponés a las habladurías, a que te digan por qué no lo contaste antes”, dijo Rausch.

Y agregó: “Mi caso sucedió en 1990 y 1991. En el 92 después de que rechacé un abuso de él, me corta la “amistad” por no permitirle más avanzar sobre mi cuerpo. Ahí recurrí a Juan Alberto Puiggari y le conté la situación”. Rausch acudió al encargado del seminario —que hoy es arzobispo de Paraná— quien inició la investigación canónica. Además de él, otras dos víctimas declararon en el proceso interno canónico. “No me dijeron nada en ese momento de que habían más víctimas. Fue una investigación que no se salió de la esfera de la Iglesia. Declaré en la parroquia San Cayetano y después me convocó Estanislao Esteban Karlic, arzobispo de Paraná en aquella época. Recuerdo todavía la mesa de algarrobo frente a donde estaba sentado. Karlic escucha mi declaración y dice muy bien, gracias. Rezá mucho”.

Consultados por LA NACION, desde el arzobispado de Entre Ríos no dieron declaraciones.

Prefecto de disciplina

Ilarraz era prefecto de disciplina a cargo de los menores de primero y segundo año. En el Seminario Arquidiocesano de Paraná había un promedio de 18 seminaristas por curso. Dentro del instituto también ejercía el rol de profesor, confesor y director espiritual. Trabajó a su vez como chofer del arzobispo y después se encargó de administrar las finanzas del seminario. Ilarraz tenía también a su cargo la tarea de recorrer los pueblos y las ciudades buscando candidatos para ingresar como seminaristas en 7° grado.

Después de la denuncia las víctimas desconocieron por un tiempo el paradero de Ilarraz. Con los años reconstruyeron que fue trasladado a una parroquia en Paraná y después enviado a Roma a estudiar. Más allá de la investigación en su contra, la Iglesia lo mantuvo en su función de cura. Pasados 20 años de los abusos, y luego de las investigaciones canónicas insatisfactorias, Rausch volvió al arzobispado en búsqueda de respuestas. “Éramos niños. No tomábamos dimensión de la gravedad de la situación y por años me cuestioné lo que pasó. En 2010 fui a hablar con el arzobispado preguntando por qué lo mantenían como cura después de lo que hizo. Eso nomás quería saber. Fue un acto de conciencia mío de que esto no podía seguir así”, dijo Rausch.

La nueva presencia de Raush en el arzobispado impactó en los curas del seminario que conocían del caso por “rumores internos” y empezaron a exigirle a las autoridades de la Iglesia explicaciones sobre lo sucedido en la investigación de la curia. “En esa investigación, encabezada por Karlic se habían comprobado y dado por cierto los abusos. En 2012 se conoció en los medios de comunicación y una vez público, la Procuración de la Provincia abrió una investigación por la gravedad de los hechos”.

Después agregó: “En teoría la causa estaba prescripta, pero fue la lucha tan grande de fiscales y abogados que estudiaron de lesa humanidad y derechos humanos para que se llegue a una condena en 2018. Fue una causa grande que inspiró la ley 27.206 que modificó el Código Penal″.

Una reforma histórica en la ley penal

La ley de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas” fue una reforma del Código Penal que cambió las condiciones en las que opera la prescripción en los casos de abuso sexual a menores. La normativa 27.206 suspende los plazos durante todo el período en que la víctima es menor y una vez adulto hasta que decide impulsar la denuncia o ratificar la que una persona hubiese hecho en su lugar. “El caso Ilarraz tuvo gran repercusión en Entre Ríos junto a otras causas de abuso eclesiástico”, dijo a LA NACION Sigrid Kunath exsenadora por el Partido Justicialista y autora del proyecto luego convertido en ley.

Y agregó: “Empezamos a trabajar con las víctimas y abogados que patrocinaban en estas causas. Me llamaba mucho la atención que cuando se investigaban los casos la defensa de la persona investigada por abuso planteaba siempre y sistemáticamente la prescripción de la acción penal sin negar los hechos ocurridos”.

La exsenadora planteó modificar el Código Penal para declarar la imprescriptibilidad de los casos de abuso sexual a menores tal como ocurre en los delitos de lesa humanidad. El proyecto fue aprobado por el Senado pero en Diputados fue modificado estableciendo un límite y condiciones en las que los plazos de la prescripción quedaban suspendidos.

La sanción de la ley 27.206 modificó el artículo 67 del código penal generando que los plazos de la prescripción empiecen a contarse cuando el menor abusado alcanza la mayoría de edad y decide denunciar. “Decisión de denunciar” fue el concepto clave que planteó un cambio a partir de la mirada de la víctima con el énfasis puesto en lo largo que son sus procesos internos y psicológicos hasta romper el silencio.

“Nos basamos en la ley Piazza, pero buscamos el efecto de mover aun más el lapso temporal que propuso esa modificación. Cambiar la mirada de un instituto del derecho penal para atender especialmente a las víctima de delitos contra la integridad sexual siendo menores de edad”, dijo Kunath.

La ley a la que refiere fue una legislación que impulsó el diseñador Roberto Piazza después de denunciar haber sido violado a los 6 años por su hermano que tenía 25. El caso cambió en 2011 la ley penal y estableció que la prescripción empieza a correr cuando la víctima cumple la mayoría de edad. La 27.206 tomó aquel antecedente y fue un paso más. Es decir que una persona que fue abusada como menor, si a la edad de 45, por ejemplo, decide realizar la denuncia los plazos de la prescripción empiezan a correr desde ese momento y no cuando alcanzó la adultez legal a los 18.

También modificó el artículo 20 del código para establecer la inhabilitación perpetua del agresor cuando el delito se hubiera cometido aprovechándose de su cargo o función como sucedió en el caso Ilarraz que se valió de su profesión de cura responsable de los seminaristas para abusarlos

“Es muy difícil determinar en qué momento una persona debería estar preparada y denunciar para que el delito no prescriba. Por eso se planteó la ley desde el derecho de las víctimas a la verdad, y aunque sea acceder a la Justicia más allá del transcurso del tiempo. A la posibilidad de que se abra una investigación y pueda haber una reparación que el paso del tiempo no debería borrar”, agrega Kunath.

Reapertura del expediente canónico

Antes que Ilarraz fuese condenado por la justicia de Entre Ríos, en 2015 sus víctimas fueron convocadas a declarar en una segunda investigación canónica. “Fuimos a declarar porque el arzobispo Mario Poli envió a dos representantes de Buenos Aires al arzobispado de Santa Fe con la orden de reabrir la investigación por la denuncia de otra víctima. Participamos como testigos en aquella nueva investigación de la Iglesia. Se trató de una víctima que siguió teniendo contacto y abusado por Ilarraz hasta hace poco tiempo”, relató Rausch.

Y agregó: “Buscamos justicia no solo sobre los delitos que cometió Ilarraz sino por cómo se manejó la situación, por las sospechas de encubrimiento. No pudo hacerlo sin ayuda. Después de los abusos, Puiggari fue ascendido a arzobispo de Entre Ríos y Karlic a Cardenal. Fueron ascendidos sobre nuestro silencio”.

Rausch celebra que el caso haya impactado en un cambio trascendental en la ley penal “¿Cómo puede ser que prescribieran las causas para las víctimas cuando es un daño de por vida? La falta de justicia te dinamita el camino en lo sentimental hasta en lo más cotidiano. Al desodorante Old Spice no puedo verlo en los supermercados, tengo que esquivar el perfume que usaba el sacerdote”.

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