Carrascosa: conflicto judicial por su situación

La investigación por el homicidio de María Marta García Belsunce está a punto de quedarse sin juez y sin fiscal. De ocurrir esto, el caso volveria a foja cero y Carlos Carrascosa, el único imputado por el crimen de su esposa, continuará en libertad, a pesar de que tres tribunales habían ordenado que volviera a la cárcel hasta la realización del juicio oral.

Ayer, el juez de San Isidro Diego Barroetaveña quedó a un paso del jury de enjuiciamiento, luego de decidir que Carrascosa no regrese a prisión -se lo habían ordenado tres tribunales superiores- y de separar al fiscal Diego Molina Pico de la investigación del homicidio, ocurrido el 27 de octubre de 2002, en una casa del country Carmel, de Pilar.

La Corte Suprema de Justicia bonaerense ordenó al procurador Eduardo Matías de la Cruz investigará si Barroetaveña incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, al negarse a cumplir la resolución del tribunal, de las cámaras de Casación Penal y de Apelaciones de San Isidro que dejaban firme la decisión de revocar el beneficio de la prisión morigerada a Carrascosa.

La resolución de investigar al juez fue tomada luego de que Barroetaveña hizo lugar al pedido de la defensa de Carrascosa, de separar de la causa a Molina Pico, de revocar la prisión preventiva de Carrascosa, que no había sido apelada, y decretar la nulidad del pedido de elevación a juicio, en la que el marido de María Marta aparecía como acusado de ser el presunto coautor del crimen de su esposa.

Además, el máximo tribunal bonaerense dispuso que el presidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, Fernando Maroto, antes del miércoles próximo, presente un informe pormenorizado y exhaustivo sobre las resoluciones tomadas por Barroetaveña en relación con la causa García Belsunce, con el fin de evaluar la conducta del magistrado y determinar si es necesaria la intervención de la Secretaría de Control Judicial, según consta en la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

Fuentes de la Procuración ante la Suprema Corte de Justicia provincial indicaron que ni bien recibió la notificación, el jefe de los fiscales bonaerenses ordenó al cuerpo de abogados del organismo que investigue la actuación de Barroetaveña y determine si existen fundamentos para solicitar el jury de enjuiciamiento del magistrado. De la Cruz tiene diez días para entregar dicho informe.

En principio, la familia informó que María Marta había muerto por un accidente, al golpearse la cabeza contra la bañera en la planta alta de su casa del country Carmel, de Pilar. A fines de noviembre de 2002, un mes después de la muerte, se conoció el resultado de la autopsia que determinó que, en realidad, María Marta había sido asesinada de cinco balazos en la cabeza.

Hace un año, el fiscal Molina Pico pidió al juez Barroetaveña la detención de Carrascosa, al que acusó de ser el presunto coautor material del crimen.

Luego de analizar los elementos aportados por el fiscal, que supuestamente vinculaban a Carrascosa con el homicidio, Barroetaveña dictó la prisión preventiva del acusado. Resolución que nunca fue apelada por los defensores de Carrascosa.

Sin embargo, dos meses después, Barroetaveña dispuso la liberación de Carrascosa, al hacer lugar al pedido de la defensa del marido de María Marta para que le concediera el beneficio de la prisión morigerada, luego de depositar una fianza de 100.000 pesos. Molina Pico apeló la resolución de Barroetaveña ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que revocó la resolución de Barroetaveña.

La defensa de Carrascosa apeló el fallo ante la Cámara de Casación Penal bonaerense, que dejó firme la revocatoria de la Cámara de Apelaciones. Los abogados del marido de María Marta recurrieron ante la Suprema Corte bonaerense, que ratificó el fallo del tribunal de San Isidro. Entre tantas idas y venidas, Molina Pico solicitó la elevación de la causa a juicio oral, con Carrascosa como único imputado.

Denuncia ante la Corte

Anteayer, el camarista Maroto ordenó al juez Barroetaveña que cumpla con la resolución que habían dejado firme tres tribunales superiores: que Carrascosa vuelva a prisión hasta la realización del juicio oral.

Al no tener respuesta de Barroetaveña, Maroto denunció la conducta del magistrado ante la Suprema Corte. En su descargo ante el máximo tribunal provincial, Barroetaveña expresó que debía resolver varios recursos antes de acatar la orden de la Cámara.

Ayer, la Suprema Corte tenía previsto reunirse para analizar la denuncia de Maroto, cuando Barroetaveña comunicó que decidió apartar del caso al fiscal Molina Pico, por considerar que había perdido la objetividad; decretó la revocatoria de la prisión preventiva de Carrascosa -resolución que nunca había sido apelada- y decretó la nulidad del pedido de elevación a juicio solicitado por Molina Pico. Por tal motivo, el alto tribunal bonaerense ordenó al jefe de los fiscales provinciales que investigue a Barroetaveña.

Si la investigación determina que Barroetaveña cometió algún delito, el magistrado que está postulado para ocupar un puesto vacante de juez federal quedará a un paso del juicio político.Y el caso podría volver a foja cero.

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