Carlos Torrendell volvió a cargar contra la marcha universitaria

“Es una marcha antigobierno, por varias de sus consignas, que ceñida solamente al problema de los salarios”, consideró el secretario de Educación Carlos Torrendell a un día de la segunda marcha universitaria que enfrentará el gobierno de Javier Milei.

A su lado, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez reforzó: “Es una marcha opositora. El propio vicerrector de la Universidad de Buenos Aires [Emiliano Yacobitti] habló de la conformación de un nuevo frente político de centro para enfrentar e ir a elecciones”.

En la previa de la marcha universitaria que nació por el reclamo salarial de los gremios docentes universitarios y derivó en el rechazo al prometido veto presidencial a la ley de financiamiento, la Secretaría convocó a una ronda de prensa para presentar una serie de datos y estadísticas reunidas por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

Expusieron el “nuevo paradigma –según definió Torrendell– de gasto inteligente” para aplicar en un contexto de “saneamiento de la economía”. “Un sentido es que los recursos vayan a quienes menos tienen y en segundo lugar en el sentido de que los recursos logren resultados”, describió. “Hoy parece que hay mucha plata destinada a educación, pero solo parece porque hay un porcentaje que no termina llegando a los chicos para que aprendan o se gradúen, esa es la verdadera política educativa”, afirmó.

Respecto de los salarios docentes, el funcionario consideró que “se están recomponiendo”. Y afirmó: “Tenemos que seguir haciéndolo y esa es la meta que tenemos por delante”. El informe distribuido por el Gobierno señala que el aumento acumulado es del 80% y reconoce que, con la propuesta de una suba del 6,8% para octubre, que presentaron en una reunión sorpresiva el viernes pasado y los gremios rechazaron, “los salarios universitarios quedarían equiparados a los aumentos estipulados para los empleados estatales”.

En tanto, los gremios rechazaron la oferta porque plantean una pérdida salarial mayor al 50%. Aunque señalaron que el canal de diálogo “sigue abierto”, no habrá una nueva oferta antes de la marcha. La próxima reunión paritaria está convocada para el lunes 7 de octubre próximo.

A su vez, remarcaron el aumento para los gastos de funcionamiento –otorgado luego de la primera marcha universitaria– y para las partidas de salud para los hospitales que dependen de las universidades. “No tenemos reclamos ni de gastos de funcionamiento ni de la función salud, que les otorgamos lo que pidieron”, afirmó Álvarez.

“Todo lo solicitado fue concedido”, afirmaron ayer en esa misma línea en un comunicado distribuido por el Ministerio de Capital Humano en el que también plantearon la visión que hoy expusieron Torrendell y Álvarez.

Además, insistieron con la falta de transparencia del presupuesto universitario. Álvarez repitió que hubo un proceso de “destrucción de la obtención de datos ciertos”. Y señaló: “Nosotros pensamos que el presupuesto tiene que tener una relación con la cantidad de docentes que se ocupan de una cantidad X de alumnos y eso tiene una relación con la cantidad de metros cuadrados”.

“Lo que tenemos que hacer es generar todos los datos necesarios para poder ayudar a las universidades a que efectivamente tengan un costo por alumno razonable”, planteó Torrendell. En el documento distribuido, describieron al sistema universitario público como “caro, inequitativo e ineficiente” y reunieron diversos indicadores que, desde la perspectiva oficial, muestran que “estamos financiando alumnos crónicos”.

Allí señalan, por ejemplo, que del total de 1.749.136 estudiantes registrados en 2022, solo el 40,6% (710.466) eran alumnos regulares, es decir, habían aprobado al menos dos materias; un 20% (367.299) había aprobado solo una o ninguna, mientras que un “preocupante” 38,4% (671.372) está en una situación “incierta”: “No se sabe si asisten a clases o qué hacen en la universidad”, resalta el informe. Entre otros indicadores, resalta que en la Argentina, un 46,3% de los graduados de universidades públicas tardan nueve años o más en terminar carreras con planes de estudios de cinco años.

“Se crearon universidades en lugares y pueblos que tienen o 60.000 habitantes o 500.000 habitantes”, afirmó Álvarez. Aunque negaron que estén analizando el arancelamiento o algún proyecto para transferir el financiamiento de las universidades a las provincias, consideraron que hay un problema “con la demanda” y que el sistema universitario debe “rediseñarse” para estar al servicio de los alumnos.

“Si nosotros dejamos que los chicos entren no importa de dónde provengan, nos tenemos que hacer cargo”, planteó Torrendell y remarcó que las universidades deben rediseñarse “para ponerse al servicio de los chicos de los sectores más desfavorecidos”. En ese sentido, enumeró que es necesario organizar los horarios y las clases para que las puedan tomar, contemplar si requieren becas para transportes o gastos específicos y establecer tutorías. “Si una universidad hace lo que tiene que hacer, te puedo asegurar que esos chicos se van a graduar. Las universidades están siendo muy tradicionales más allá de su discurso y no están rediseñándose al servicio de los buenos aprendizajes de todos, no de los que se pueden graduar porque vienen de sectores más acomodados”, consideró.

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