Cárceles al límite: medidas alternativas y más plazas, el plan del Gobierno para descomprimir los penales

Empujado por el aumento en la tasa de detenciones, las cárceles argentinas están al límite de su capacidad: en los últimos 15 años se duplicó la cantidad de presos en el país. En el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF) el problema principal se concentra en las unidades del área metropolitana, que alojan mayormente a detenidos por orden de la Justicia nacional con asiento en la Capital. El caso de la provincia de Buenos Aires, en cambio, es crítico: tiene aproximadamente 10.000 reclusos más que el cupo máximo en sus establecimientos carcelarios. Y sus autoridades saben que, cada año, deben encontrar lugar para unos 4000 nuevos presos. Por eso, tanto a nivel nacional como provincial se evalúan distintas medidas alternativas a la detención.

Según informaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación, actualmente hay 11.940 detenidos bajo la órbita del SPF, que tiene unas 12.500 plazas. Si bien no hay sobrepoblación, en algunos casos la cantidad de ingresos permanentes dificulta la distribución de los internos. Los tres grandes complejos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Devoto, Marcos Paz y Ezeiza) son los que más demanda tienen y en ellos hay más detenidos que plazas. Esto genera una sobrepoblación del 4%, señalaron aquellas fuentes a LA NACION.

Las puertas de entrada al sistema penitenciario también se ven desbordadas. La situación en la Unidad 28 (la Alcaidía de los Tribunales de la calle Talcahuano al 500), que tuvo denuncias por condiciones indignas de alojamiento, se agravó con la aplicación de la ley de flagrancia. Hoy, todas las comisarías porteñas alimentan esa alcaidía.

"Todos los detenidos entran por allí y, a veces, por los tiempos judiciales, deben pasar el fin de semana en el lugar. Hay 70 personas todos los días, pero la Alcaidía sólo tiene espacio para unas 30, ya que fue pensada como lugar de paso y no de alojamiento a largo plazo", explicaron los voceros consultados.

Presos en condiciones de acceder a medidas alternativas

Una de las medidas que implementó el Gobierno nacional para descomprimir los penales es evaluar perfiles de internos cuyo tratamiento "es más propicio por fuera del contexto de encierro". Es decir, personas que podrían cumplir su pena en prisión domiciliaria o acceder a salidas anticipadas para trabajar o estudiar.

Cuando trascendió la existencia de una lista con este tipo de perfiles se generó una fuerte polémica en los medios. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron: "El Poder Ejecutivo no está facultado para otorgar arrestos domiciliarios o libertades anticipadas. Las personas detenidas se encuentran a disposición del Poder Judicial, que es el que debe tomar las decisiones pertinentes". En ese sentido, señalaron que lo que elabora el SPF es un informe no vinculante que se remite a los juzgados y que la decisión final la tienen los jueces.

"Desde enero de 2017, y por la situación crítica que atraviesan las cárceles federales en cuanto a disponibilidad de plazas genuinas, el SPF informa regularmente a los jueces del fuero penal, a la Defensoría General de la Nación, al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias y a la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre otros, el listado de internos que podrían acceder al Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación", aclararon las fuentes.

Unos 1400 detenidos en cárceles federales integran esa lista de personas que cumplen con los criterios de prioridad que establece la ley para estar en condiciones de acceder a la detención domiciliaria o a una salida anticipada. Esa lista está conformada por 22 mujeres embarazadas, 443 mujeres con hijos pequeños, 92 presos enfermos terminales o con tratamientos crónicos o alguna discapacidad, 99 mayores de 70 años y 85 internos pertenecientes al colectivo LGTBI. Además, hay unos 695 detenidos que también cumplen los criterios establecidos por ser considerados de baja peligrosidad o porque se encuentran transitando el último tercio de su condena.

Cuando un juez da su aprobación, un interno con este perfil puede pasar al Programa de Vigilancia Electrónica, que en 2015 sólo tenía a 25 penados en estas condiciones, y hoy tiene unos 2100.

Además del monitoreo se lleva a cabo un acompañamiento psicosocial permanente del beneficiado, con participación de un equipo interdisciplinario. Según indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, esto deriva en una "tasa de reingreso cero".

Por otra parte, para paliar la situación de la Unidad 28 (la Alcaidía de Tribunales), se están llevando adelante obras para acondicionar tres nuevos centros de ingreso, entre ellos, un ex instituto de menores y un espacio en los Tribunales de Avenida de los Inmigrantes (en el barrio porteño de Retiro) que estaba en desuso. En estos centros se realizará, como hoy se hace en la U28, el primer análisis de "matriz de riesgo y necesidad", examen que se lleva a cabo para definir a qué penal deberá ser trasladado el interno si el juez define que debe quedar detenido.

También está en marcha un plan de obras carcelarias en distintos puntos del país. En Agote (Mercedes, Buenos Aires), se inaugurará un espacio con 1100 plazas en diciembre. En Coronda (Santa Fe) habrá 600 nuevas plazas, más otras 700 en Cuyo. Además, se culminarán ampliaciones en el penal de Marcos Paz, que sumará 200 plazas, y en Güemes, Salta, donde también se incorporará espacio para 200 internos más.

Por otra parte, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explicaron que se está llevando adelante un trabajo de acompañamiento intra y extramuros para evitar la reincidencia y, así, disminuir la tasa de reingreso. Sostuvieron que ese plan promueve y profundiza la oferta de capacitación laboral y educativa en contexto de encierro, el deporte y el acceso a la salud.

Situación procesal de los detenidos en el país

Qué pasa en el Servicio Penitenciario Bonaerense

La situación de las cárceles bonaerenses es aún más crítica. Hay, al día de hoy, 38.917 personas detenidas en penales que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), más unas 1790 bajo monitoreo electrónico y otras 3478 en comisarías. La sobrepoblación en unidades y alcaldías es de 10.533, es decir, por encima del 30% del cupo efectivo de plazas.

"La cantidad de años sin construcción de cárceles, unido a la antigüedad de la mayoría de ellas, constituyen una combinación compleja que genera sobrepoblación y atenta contra la habitabilidad. Mientras la cantidad de internos pasó de 10.043 en 1996 a 38.887 en febrero de 2018, la última cárcel grande (de 1500 plazas) fue construida en el año 2000 (General Alvear), y tenemos unidades penitenciarias de 1877 (Dolores), 1882 (Sierra Chica) 1887 (Mercedes) o 1909 (Bahía Blanca)", explicó a LA NACION el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.

"Ante esta situación, el compromiso ha sido el de trabajar permanentemente por lograr que los recursos escasos sean orientados de manera eficiente", añadió. "Iniciamos en 2016 una fuerte inversión para finalizar obras que estaban paralizadas y aumentar, así, la cantidad de plazas disponibles. Todo esto acompañado de mejoras en áreas fundamentales como, por ejemplo, la alimentación, recuperando la provisión de insumos a granel que estaban en falta y ampliando el sistema de racionamiento: en 2016 alcanzaba al 16% de los internos, en 2017 llegamos al 43% y en 2018 lograremos que el 57% esté dentro de este sistema, que permite mejorar el control y la distribución de los alimentos", enumeró el ministro.

A continuación, la lista de medidas en curso para paliar la situación de las cárceles bonaerenses:

• Red de agua potable en el Complejo de San Martín.
• Casa para que 4 madres puedan vivir con sus hijos menores de 4 años en la U54, de Florencio Varela.
• Reactivación de obras frenadas desde 2014 en Campana y Lomas de Zamora.
• Refacción y mantenimiento de diversas unidades, como bombas sumergibles, grupos electrógenos, alambrados perimetrales, cámaras frigoríficas, termotanques, extintores y desmalezadoras.
• Planta de tratamiento cloacal en la U40, de Lomas de Zamora.
• Escalera de emergencia en la U25, de Lisandro Olmos.
• Planta reguladora de gas en la U15, Mar del Plata.
• Restauración de pabellones en la U28, de Magdalena.
• Acondicionamiento del techo de la capilla (SUM) de la U1, de Olmos.
• Puesta en valor general de la U18, de Gorina (reparación de muros, impermeabilización de techos en el área de sanidad y en la escuela.

Además hay un plan de obras que apunta a ampliar la cantidad de plazas:

• Unidad en Campana: 432 plazas. Finalización: 30/06/18
• Unidad en Lomas de Zamora: 324 plazas. Finalización: 30/09/18
• Nueva Alcaidía en Campana: 216 plazas. Finalización: 15/07/18
• Ampliación de Alcaidía Departamental de Lomas de Zamora: 68 plazas. Finalización: 31/01/18
• Ampliación de Alcaidía de San Martín: 68 plazas. Finalización: 28/02/18
• U1, de Olmos: puesta en valor del taller.
• U8, de Los Hornos: mejoras en la provisión y distribución de agua, desagües cloacales, nueva red de incendio, instalación eléctrica, pintura y reparación de pisos.
• U6, de Dolores: restauración de pabellones, y refuncionalización del SUM, área de requisa y garita.
• U2 y U38, de Sierra Chica: planta de tratamiento cloacal.
• U7, de Azul: infraestructura de servicios y equipamiento.

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