“Busco tener paz”: tras una tragedia, creó una ONG para alertar sobre faltas en las instalaciones eléctricas de la calle
Sandra Meyer es la presidenta de la fundación Relevando Peligros, que busca advertir sobre los riesgos que se presentan en la vía pública; su hijo murió hace 12 años al tocar un cesto de basura que estaba electrificado
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Luciano Aranda, de 14 años, murió electrocutado el martes pasado a la noche en una plaza de la ciudad de esta ciudad. Tocó un poste de alumbrado público mientras jugaba al fútbol con su hermano de 12. Una hora de maniobras de RCP no lograron salvarlo. Los vecinos hacía dos meses que advertían sobre la falta de mantenimiento de esa columna.
Por una historia parecida, doce años atrás nació la ONG Relevando Peligros. La impulsora es Sandra Meyer, la madre de Juan Aciar, de 13 años, que murió electrocutado cuando ayudaba a un adulto mayor a cruzar la calle. El 24 de diciembre de 2009, después de una fuerte tormenta, el chico tocó un cesto de basura electrificado por un cartel que no cumplía con las normas urbanas. La muerte de su hijo se convirtió en el motor para que Meyer creara la fundación para “cuidar” la calle y “minimizar los riesgos de la electricidad”.
Por su trabajo, nació la ley de Seguridad Eléctrica en esta provincia que se sancionó en 2015 y fue prorrogada hasta diciembre pasado. En 2021 en este distrito hubo 18 muertes por descargas eléctricas –la mayoría en ámbitos privados– y 32 incendios por el mismo origen.
“La ley está en plena vigencia, pero es solo letra. Necesitamos que accionen adecuando a la norma todas las instalaciones eléctricas. Llevamos adelante una campaña pidiendo por esto, están colaborando distintas personalidades”, cuenta Meyer a LA NACION.
La fundación busca mayor participación ciudadana: “A la mayoría le gusta indicar, criticar, pero queremos que se comprometan en ayudar. Nosotros no tenemos un camión con operarios, sino que gestionamos, hacemos llegar los problemas a la multiplicidad de instituciones que conviven en la vía pública”.
La columna vertebral de la fundación es detectar inconvenientes en las instalaciones eléctricas y la cartelería “porque fueron las que tuvieron incidencia en la muerte de Juan”, dice Meyer, pero subraya que hay una “multiplicidad” de problemas en la vía pública: parantes de toldos que los peatones se llevan por delante, la falta de rampas o la destrucción de las que están, y las ventanas que rebaten hacia afuera y que invaden la vía pública.
“A diferencia de la electricidad, las otras cuestiones se pueden observar y tramitar –enfatiza–, pero la electricidad te encuentra y te mata. No da un previo aviso, nadie lo puede visualizar”. Dice que no va a buscar a los familiares de víctimas porque, como ella pasó una situación así, “siempre estoy a disposición, pero no voy a tocar la puerta”.
Añade que el Estado tiene la “obligación”, por ley, de tener las instalaciones eléctricas de un modo seguro para que los ciudadanos puedan estar libre de esos peligros en la vía pública: “Los municipios debían presentar una planificación o proyección de la adecuación de las instalaciones eléctricas, pero tuvieron reparos solamente en lo económico y dejaron atrás la prioridad de salvar vidas”.
Casos
El poste que electrocutó a Aranda está en medio de una plaza del barrio Alto Alberdi y sus condiciones deben ser vigiladas por la Municipalidad. La Empresa Provincial de Energía (EPEC) es responsable solo del suministro eléctrico. La Justicia determinará la responsabilidad por la muerte.
“Mi hijo se fue y no lo vi más, salió a jugar y no volvió más –dijo el padre del adolescente a Canal 12–. Quiero a mi hijo y no me lo van a dar. Hagan algo para que no vuelva a morir otro chico. Hoy me tocó a mí, pero pudo haber sido a cualquier papá de la cuadra. No voy a aceptar que no voy a volver a ver a mi hijo”. El hombre es viudo hace dos años. Su otro hijo, de 12 años, debió ser internado por las heridas que recibió al ayudar a Luciano. El intendente Martín Llaryora se comunicó con la familia.
En el caso de Aciar, la Justicia determinó en primera instancia la responsabilidad de la empresa dueña del cartel y de la Municipalidad por no controlar: “Siguen las apelaciones; los procesos son eternos. Mi hijo murió en 2009 y acá seguimos. No se puede justificar. Lo que buscamos las familias es tener paz, descansar en la Justicia. Veo cómo los sistemas ‘hacen la plancha’ y mientras tanto la gente se muere y las familias se desvanecen del dolor”.
Por Gabriela Origlia
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