Borrando a papá, el documental que abrió una fuerte polémica

Por un lado fue calificado como censura y, por el otro, como una acción para proteger los derechos de los niños. El documental Borrando a papá, de Ginger Gentile y Sandra Fernández Ferreira, aún no logró estrenarse pero ya levantó una fuerte controversia.

La película, apoyada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) con un subsidio de 200.000 pesos, se sumerge en la problemática de obstrucción de los vínculos entre padres e hijos por impedimentos judiciales. Su estreno, programado para el 28 de agosto en la sala Gaumont, fue suspendido por decisión del Incaa con el argumento de que faltaban algunos trámites por parte de la productora. Esta demora fue interpretada como un acto de dilación del estreno de la película por presión de organizaciones que la consideran lesiva de los derechos de los niños.

El productor del film, Gabriel Balanovsky, dijo a LA NACION que la película pone en evidencia "la industria de denuncias que aparecen después del divorcio y donde la palabra de una mujer siempre vale más que la del hombre". El productor vivió en carne propia un episodio similar al de las historias que aparecen en la película. Balanovsky estuvo 14 meses preso en 2002 y fue absuelto en 2008 por el Juzgado Nacional Correccional Nº 2, Secretaría Nº 58, después de ser acusado por su ex mujer de secuestrar a su hija, que acaba de cumplir 18 años y a la que aún no puede visitar. "Es muy fácil denunciar y no hay pena por una falsa denuncia, ni una defensa posible", dijo Balanovsky, que buscó con la película visibilizar esta problemática. Así, en 2006 conoció a la cineasta Ginger Gentile, que también seguía el tema de cerca dado que vivió toda su infancia sin ninguna presencia paterna. "Empezamos a buscar otros padres y nos dimos cuenta de que las situaciones se repetían más allá de las condiciones económicas o sociales", relató Gentile sobre los inicios de la producción. A grandes rasgos, la película relata las historias de seis padres separados de sus hijos después de haberse divorciado.

Pero el film provocó el rechazo de la ONG Salud Activa por fomentar "la violencia y el abuso sexual de menores", según afirmó. Esta ONG lanzó una petición en la página de Change.org pidiendo 747 firmas para repudiar la difusión de la película, que todavía no pudo estrenarse. El Incaa ofreció difundirla en el complejo Artecinema, de Constitución, pero los productores se negaron a la alternativa. A Salud Activa se sumaron otras ONG, entre ellas el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niños.

Nora Schulman, directora ejecutiva de la ONG, comentó a LA NACION: "Esta película confunde las problemáticas de separación con el maltrato de padres abusadores". Schulman rechazó el término de censura, utilizado por las directoras de la película, y argumentó su posición como una necesidad de "proteger a los niños" que "estos padres están violentando".

En su petición en Change.org, Salud Activa señala a Balanovsky como un "ex convicto que secuestró a su propia hija de 5 años durante casi un año". Schulman agregó: "Conocemos a este grupo de padres y sabemos que no son los pobrecitos".

"Desde que subimos el trailer en YouTube, a mediados de junio, hemos recibido más de 40.000 visitas, entre 30 y 40 llamadas por día y tenemos 16.000 likes en la página de Facebook", expresó Ferreira, una de las directoras de la película, y añadió: "La gente quiere ver la película, que ya generó reacciones de muchos padres que antes tenían vergüenza de contar sus historias. La suspensión de su estreno busca tapar el problema".

En la misma página de Facebook de la película aparecen publicadas cartas de rechazo al film firmadas por Guadalupe Tagliaferri, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, y de la vicepresidenta de la Comisión de Niñez en la Cámara de Diputados y de la diputada nacional por Pro Gladys González. La cartas que piden que la película no se estrene fueron dirigidas al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, donde el film también tuvo una fallida proyección.

González interpreta que el documental avala "un síndrome de alienación parental (SAP) que no existe, que no ha sido reconocido por ninguna institución de la salud del mundo". Hace un mes González y la también diputada nacional de Pro Cornelia Schmidt-Liermann firmaron una declaración de rechazo al SAP en la Cámara de Diputados. El SAP es reconocido como un fenómeno social y psicológico (aunque no como síndrome) en el derecho familiar de Brasil desde 2010.

En lo único en que las dos partes en pugna están de acuerdo es en que esta "problemática" cruza todas las clases sociales. Tanto Schulman como los creadores del documental consideran que estos conflictos no sólo desgastan a los involucrados emocionalmente, sino que también desgastan económicamente a las familias. Según Schulman, la Justicia actúa adecuadamente en estos casos, mientras que para las directoras de la película existen dilaciones y se incumple la presunción de inocencia para el caso de los padres.

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