Bloquea Bolivia la extradición de un fuerte proveedor de cocaína

La "W" no solo aparecía en los panes de cocaína que caían desde el aire en la zona de Anta y Metán, en Salta, sino también en los secuestros de droga en operativos en el conurbano bonaerense, en Rosario y en Córdoba. Además, la "W" figuraba en la agenda del expresidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, condenado la semana pasada a 14 años de prisión. Los fiscales federales de Salta no tienen dudas de que esa letra corresponde a Wilson Maldonado Balderrama, un empresario boliviano que está acusado de ser uno de los proveedores de cocaína más grandes de la región.

Ese sospechoso carga con un pedido de captura desde el 30 de marzo de 2016 y una solicitud de extradición que llegó a Bolivia el 16 de junio de ese año. Sin embargo, la posibilidad de que sea juzgado en la Argentina por la causa denominada "Febrero Blanco" está lejos, ya que fiscales bolivianos abrieron una causa en su contra por lavado de dinero, algo que bloquea la extradición.

Ocurrió lo mismo con otro boliviano acusado de ser uno de los proveedores más grandes de estupefacientes en la Argentina, el empresario José Luis Sejas Rosales. Cuando se pidió su extradición por 11 causas, fiscales de Santa Cruz de la Sierra iniciaron un proceso por lavado de activos.

Maldonado Balderrama fue detenido en 2016 cuando Interpol lo marcó con el sello rojo en la lista de los prófugos más requeridos. En ese momento la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia detuvo al empresario de 63 años, oriundo de Villa Montes, Tarija. Fue excarcelado poco después en espera de una extradición que se demora.

Chichín, como llaman en Bolivia a Maldonado Balderrama, fue detenido en la casa de su madre en el barrio de Los Chacos. Las fuerzas de seguridad allanaron siete propiedades de Balderrama valuadas, según la fiscalía de Tarija, en US$2.700.000.

Maldonado Balderrama tiene un largo historial en la Argentina, donde fue detenido por primera vez en 1993, en Buenos Aires y con 27 kilos de cocaína. Su caso es recordado por los abogados penalistas porque marcó a fuego la jurisprudencia, con la causa 24/93 "Maldonado Balderrama, Wilson y otros s/ inf. ley 23.737". La Corte Suprema de la Nación terminó por absolverlo cinco años después del procesamiento por deficiencias en la instrucción.

A este hombre vinculado al negocio del combustible y la madera, como también a los caballos y al tráfico de cocaína, la Justicia boliviana le abrió una causa por "legitimación de ganancias" (lavado de dinero) para determinar si los bienes que se secuestraron fueron originados con actividades ilegales, entre ellas, el narcotráfico.

"Llama mucho la atención la forma como se inician causas en Bolivia, justamente, para buscar dilatar la extradición de peces gordos del narcotráfico", aseguró en diálogo con LA NACION el diputado de Santa Cruz de la Sierra Tomás Monasterio. El juez federal N° 1 de Salta Julio Bavio y el fiscal Carlos Amad coinciden con la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar) al señalar que Bolivia demora las extradiciones y de esa manera favorece a los acusados.

Orán, un cruce de caminos

El caso de Sejas Rosales es casi idéntico al de Maldonado Balderrama. Ambos comparten también beneficios en la Justicia argentina, en tiempos en que el exjuez Raúl Reynoso ocupaba el juzgado federal de Orán. Sejas Rosales, dueño de cinco empresas que tenían contratos con YPF Bolivia, fue procesado por el juez federal N° 1 de Salta Julio Bavio el 15 de agosto de 2015 y se pidió su extradición, pero en Bolivia se abrió una causa, como ocurrió con Balderrama, por lavado de activos.

En Salta, Sejas Rosales, dueño de una flota de 250 camiones, fue acusado de ingresar más de 500 kilos de cocaína al país en 11 camiones cisterna que venían supuestamente vacíos, pero en un doble llevaban el estupefaciente, y volvían tras cargar combustible en Rosario y San Nicolás.

El juez federal de Salta Julio Bavio aseguró a LA NACION que tras las condenas en el juicio por la causa "Febrero Blanco", en la que fue sentenciado a 14 años de prisión el expresidente del Concejo Deliberante Alejandro Maurín, se volverá a pedir a Bolivia que extradite a Maldonado Balderrama. Según el magistrado, el pedido de extradición toma mayor fuerza luego de la finalización del juicio en la causa "Febrero Blanco".

En ese debate fue clave el testimonio del gendarme Mario Benítez, que contó que en la casa de un acusado secuestraron tres celulares, uno de ellos satelital, y documentación de una avioneta en la que aparentemente transportaban desde Bolivia la droga que les proveía Maldonado Balderrama.

Este empresario boliviano es contratista estatal en Santa Cruz de la Sierra y Tarija. Su fuerte es la comercialización de combustible, a través de Coseca SRL, pero también posee firmas que se dedican a la obra pública, con la compañía Maldonado y la Asociación Accidental Carapari, con las que obtuvo licitaciones a pesar del pedido de extradición en su contra.

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