Aunque rigen multas por fumar en las playas de Pinamar, no se cobró una sola en lo que va de la temporada
Sectores turísticos, concejales oficialistas y referentes del municipio remarcan los desafíos que presenta el control de las contravenciones; la preocupación de sus impulsores y el clima de tensión con los infractores
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PINAMAR (Enviado especial).- El año 2019 estaba próximo a terminar cuando el Concejo Deliberante de Pinamar aprobó la ordenanza 5576, que declaró “libres de humo” las playas del municipio. Para evitar la contaminación por colillas de cigarrillo, la normativa prohibió desde entonces fumar más allá de ciertas áreas específicas donde se ubicarían ceniceros y exigió, a partir del tercer año desde su sanción, la aplicación de multas “equivalentes al valor de entre 20 y 200 atados” a quienes no cumplieran con esta conducta.
El tiempo pasó y, después de dos años de gracia en los que se llevó a cabo una campaña de concientización, la temporada 2022 comenzó con la plena vigencia de la ordenanza. Sin embargo, hasta el momento no se cobró una sola multa: no porque hayan desaparecido los fumadores, sino porque afirman que el control y la aplicación de la medida “son muy difíciles” de llevar a la práctica.
Al conversar con locales y turistas, la mención del cobro de multas por fumar provoca expresiones que oscilan entre la risa y la indignación. Emanuel, un guardavidas ubicado a la altura del parador Boutique, sonríe ante la consulta de LA NACION y afirma que hoy “no hay quien controle el cumplimiento de la ordenanza”. Además, apunta que no hay suficientes ceniceros -debía instalarse al menos uno por playa con un letrero alusivo- y considera que la posible aplicación de infracciones no generó un efecto disuasivo en los fumadores.
En la práctica, la última observación del bañero parece cumplirse. Un hombre que prefiere no identificarse enciende un cigarrillo bajo la sombra del muelle y frente a la inquietud de este medio sobre si está al tanto de la prohibición responde: “Estoy al aire libre y la colilla después la tiro en un tacho”. A su alrededor, la gente parece estar más preocupada por jugar al paddle o relajarse que por su conducta indebida.
Por su parte, Luis Sanza, socio del balneario Paradise Beach Club, analiza: “Yo estoy totalmente de acuerdo y me parece fantástica la normativa, pero no se cumple y el problema es el órgano de control”. Desde su punto de vista, la implementación de la medida es “imposible” y considera que “más que un método de castigo habría que hacer un trabajo de generar conciencia, porque el problema no es fumar, sino la colilla”.
Sanza también observa que “no se percibe una merma de los fumadores” esta temporada y plantea que el hábito “a muchas personas les molesta”. “Cuando esto ocurre, nosotros les decimos a los fumadores que hay una ordenanza y te contestan cualquier cosa, que la playa es pública, que ellos son grandes y hacen lo que quieren. Por eso lo más simple es cambiar a los turistas de lugar para evitar conflictos y acercarle al fumador algún recipiente para que la colilla no termine en la arena”, relata.
Lamentablemente, hay centenares de cigarrillos desparramados por la playa que prueban que el método del empresario no siempre da resultado.
Oficialismo vs. oposición
En declaraciones a LA NACION, la concejala de Juntos por el Cambio Alejandra Apolonio cuestiona: “La ordenanza aprobada por Propuesta Pinamar (Propin) en alianza con el Frente de Todos es de muy difícil aplicación y por eso votamos en contra. ¿Cómo controlar un frente de playa de 22 km de extensión en temporada con más de 200 mil turistas?, ¿Cómo podemos prohibir un hábito que muchas personas tienen al aire libre?”.
Aunque comparte la preocupación por la contaminación que producen las colillas de cigarrillo, remarca que “las normas hay que hacerlas para que sean cumplidas y que puedan aplicarse”, y puso por ejemplo la ordenanza de su autoría que convirtió a Pinamar en “el primer municipio en eliminar los sorbetes y vasos de un solo uso”. En contrapartida, calificó la iniciativa opositora como “inviable” por requerir de un aparato estatal inexistente para su implementación.
En la vereda de enfrente, el exconcejal de Propin por mandato cumplido e impulsor de la disposición, Guillermo Migliorini, acusa al municipio de no haber realizado la capacitación suficiente y de no cobrar las multas correspondientes. “Si vos concientizás y no aplicás las infracciones después, la gente hace de cuenta que no pasa nada. Es lo mismo que con las multas en el tránsito: si no se realizan algunas multas y se educa a la gente, no hay forma y las personas se olvidan”, asegura.
Frente al argumento de la falta de personal para llevar adelante la tarea, dice: “Los inspectores están en la playa, hace días hubo un episodio con un churrero durante un control. Podrían también controlar al que fuma y a los balnearios que no cuentan con el espacio reglamentario para consumir cigarrillos. El no cumplimiento de la ordenanza ocurre porque el proyecto venía de parte de la oposición. Esto se ve en la falta de ceniceros donde la gente debe fumar y de concientización en los últimos años”.
Y completa: “Es una cuestión de cuidar al medio ambiente ante el daño que generan las colillas y que no se tomen cartas en el asunto es preocupante: hipotecan el futuro de nuestros hijos. No se trata de prohibirle a la gente fumar, sino de darles un sector para hacerlo, como ocurre en un aeropuerto. Y también es una forma de cuidar a los fumadores pasivos. Me molesta que el Ejecutivo minimice las cuestiones del medioambiente”.
La postura del municipio
En el centro de la polémica, Alejandro Zankim, director de Fiscalización de Pinamar, señala a este medio que el área a su cargo controla el cumplimiento de la mayoría de las ordenanzas municipales, que van desde inspecciones de rutina y de habilitación de comercios -una cifra que fue récord esta temporada- hasta la higiene urbana, la venta ambulante en playa y aspectos de la nocturnidad.
“La dotación de inspectores debemos distribuirla en tres turnos de acuerdo a la necesidad y demanda de cada uno de estos”, remarca para luego poner el foco en la aplicación de multas a fumadores en la playa.
“La ordenanza, que en noviembre pasado empezó a transitar el tercer año -donde las infracciones comenzarían a regir-, es de difícil aplicación por diferentes motivos, pero sobre todo no olvidemos que se sancionó en un momento en donde la pandemia ni se pensaba. Desde la Dirección y de acuerdo a la gran afluencia turística que tenemos, tratamos de priorizar cuestiones sin dejar de concientizar a través de todos los medios municipales”, enfatizó.
De esta forma, indicó que cuando el municipio fiscaliza la playa pone el ojo en actividades como la “venta ambulante sin permiso, por los riesgos sanitarios que la misma puede significar”.
Respecto al consumo responsable de cigarrillos, insistió en que “se sigue concientizando con buena recepción”, aunque en materia de multas, reconoció: “No se han realizado contravenciones en lo que va de la temporada”.
Por Tomás Bove
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