La Justicia dispuso suspender los efectos de la ordenanza que obligaba, por cuestiones de seguridad, el cambio de las puertas tijera en todos los ascensores de los edificios porteños, tanto públicos como privados.
La resolución fue tomada ayer por el juez civil Miguel Prada Errecart mediante una medida cautelar de no innovar.
La orden judicial se origino a partir de un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (Inadi), a cargo de Víctor Ramos.
La aplicación de dicha norma sugería el cambio de las puertas tijera, en las cabinas del tipo reja, por otras conocidas como placa.
Esta modificación ocasionaba una disminución en las medidas de ingreso a los ascensores, lo que impedía el acceso a las personas que usan sillas de ruedas, explicó el Inadi para fundamentar su reclamo.
En defensa de las minorías
Ramos, en un comunicado, sostuvo que la decisión judicial "instaura un símbolo en la defensa de las minorías sociales.
"La acción institucional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generaba un acto discriminatorio al no tener en cuenta las necesidades de las personas discapacitadas", dijo el titular del Inadi.
En su fallo, el magistrado pidió al gobierno porteño un informe con los antecedentes y fundamentos de la ordenanza 46.275, que aprobó el ex Concejo Deliberante en 1993.
Le dio el plazo de 10 días hábiles para que se le envíe el informe "bajo apercibimiento de dictar sentencia con los elementos obrantes en autos".
Casi no se cumple
En rigor, la ordenanza 46.275 casi nadie la cumple. Como lo informó ayer La Nación , aproximadamente el 20 por ciento de los edificios porteños cumplen con lo que la norma dispone y para controlar los elevadores el Gobierno de la Ciudad cuenta con media docena de inspectores.
Actualmente existen en la Legislatura local varios proyectos para modificar la ordenanza vigente y, a partir de la medida que tomó el juez Prada Errecart, se especuló con la posibilidad de que se incorporen aún más modificaciones.
