Aranceles para extranjeros: cuántos estudiantes de otro país cursan en universidades argentinas y por qué puede ser inviable

Se anunció como una medida que permitiría equilibrar cuentas y evitar que el Estado nacional financie el estudio de jóvenes extranjeros que llegan al país solo con el objetivo de formarse y después volver a su país. Ayer, la ley ómnibus enviada por el Gobierno al Congreso incorporó en el capítulo dedicado a educación un artículo que habilita el cobro de un arancel a personas que vengan del exterior a cursar estudios superiores a la Argentina. Sería para aquellos extranjeros con residencia temporaria y cada universidad pública determinaría si lo aplica o no. “Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que reúnan los requisitos”, dice el texto.

Sin embargo, el número de estudiantes que estarían involucrados no resulta demasiado relevante en el presupuesto total. En 2021, última fecha en que se publicó una estadística, se registraban un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas sobre un alumnado total de 2.730.754. Esto significa que representaban un 4,3% del total de la matrícula: 4% en las universidades de gestión estatal y 5,5% en las de gestión privada.

Unos 99.693 extranjeros cursaban estudios de pregrado o grado y 18.127 ofertas de posgrado. Sobre su procedencia, la Síntesis de Información Estadísticas Universitarias –elaborada por el entonces Ministerio de Educación de la Nación– destaca que 95,9% provenían de países de América; un 2,90%, de países de Europa, y el 1,17% restante, de Asia, África y Oceanía.

Ya a mediados de este año, específicamente desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) informaron que el porcentaje de estudiantes internacionales en carreras de grado asciende de 9,5%, el doble de la media del sistema. Y en las carreras de posgrado el porcentaje es del 16,5%.

Por otro lado, en las universidades privadas consultadas en la misma fecha por LA NACION la tasa de extranjeros en la matrícula total oscilaba entre el 6% y el 11%.

Si bien es cierto que la matrícula de extranjeros en el país viene creciendo y se duplicó desde 2015, en términos porcentuales, aún resulta un número reducido.

“Es inconstitucional, ¿nadie se dio cuenta?”

Consultado hoy sobre la modificación impulsada por la ley ómnibus, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, cuestionó fuertemente esta iniciativa y consideró que “es inviable”, que se opone al espíritu de la Constitución Nacional y que interfiere con la autonomía de las universidades, que esta consagra.

Otros decanos de diversas facultades de la UBA, aunque coincidían con esta postura, decidieron esperar para pronunciarse a que la ley avance o a que se reúna el Consejo Federal de Educación Superior, aunque crecía el descontento por los anuncios.

Si bien no había una postura oficializada, en el rectorado de la UBA se analizaban hoy los pormenores del megaproyecto de Milei y se esperaba que hubiera un pronunciamiento, ya que avanza en varios frentes sobre la órbita de las universidades.

“Lo veo pésimo. En inconstitucional. Inviable. La universidad pública es no arancelada por que la Constitución Nacional así lo garantiza y eso involucra a todos, a los argentinos, a los extranjeros, sean residentes o no. Y está bien que así sea, porque ese es el espíritu de nuestro sistema educativo: público, gratuito y de calidad”, apuntó Durán. Se refiere al artículo 19 de la Carta Magna, que garantiza “los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

“Se presenta como una gran medida económica y eso no mueve la aguja de un presupuesto. Ni de la universidad ni a nivel nacional. Hoy, entre un dos y un cinco por ciento de nuestros estudiantes son extranjeros. Y estamos dentro de la media internacional. Para nosotros, en Exactas, con unos 6000 alumnos, son unos 200 a 300 alumnos. No cambiaría el presupuesto. Es insignificante en términos económicos, pero muy grave en cuanto a cómo nos posiciona, nos hace abandonar una política educativa que lleva muchos años y que nos define como país”, detalló Durán.

Y agregó: “En un contexto donde si se cumplen las proyecciones que el Gobierno da con el congelamiento total del presupuesto, nuestros gastos de funcionamiento, que son unos 200 millones de pesos, van a quedar reducidos a un tercio de su valor. ¿Reducimos a un tercio nuestro presupuesto y nos permiten cobrar a extranjeros? Con cobrar a los extranjeros no recupera nada la caída”. Según el decano, “esta medida tiene lógica dentro de la prédica de este Gobierno, pero va en contra de lo que dice la Constitución Nacional. ¿Nadie se dio cuenta? Para nosotros es un orgullo poder recibir a extranjeros y que elijan venir a formarse con nosotros”.

Durán también se refirió a otros cambios que se impulsan en el proyecto de ley; por ejemplo, que se asigne el presupuesto a cada universidad en función de cantidad de alumnos y cantidad de egresados. “Los presupuestos toman muchos factores, no solo el número de alumnos. Está planteado en términos de ‘si sos eficiente, te doy más plata’. Si quieren agregar el número de los egresos, puede ser uno factor más. Pero nosotros también cumplimos un rol formando gente que no se recibe”, dijo.

“Creo que este proyecto avanza sobre la autonomía de las universidades, por ejemplo, al intentar modificar los mecanismos de ingreso. Eso no es algo que le compete a la Secretaría de Educación, sino a cada universidad. También quieren eliminar la posibilidad de que los mayores de 25 años años sin título secundario hagan la universidad. No sé a qué apunta. No es un problema que tengamos hoy”, concluyó Durán.

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