Amparos: la Fiscalía General de Córdoba pidió que se suspenda la aplicación del aborto legal

CÓRDOBA.– “Atento encontrarse en juego el derecho a la vida, el que como ya se dijo es el primer derecho que tienen las personas, y de no tutelarse adecuadamente procediéndose a la interrupción voluntaria del embarazo sería de imposible reparación frente a la hipótesis de que la demanda sea acogida, esta Fiscalía General recomienda hacer lugar a ambos recursos de apelación interpuestos por la parte amparista”. El texto es parte del dictamen del fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, quien había sido recusado, pero se expidió igual. No es vinculante hasta que resuelva el Tribunal Superior de Justicia.

Se trata de la respuesta a las presentaciones efectuadas por el exlegislador e integrante de la asociación civil Portal de Belén, Aurelio García Elorrio, de larga trayectoria como opositor al aborto. Las realizó en abril y mayo de este año. En ambas pidió que “se declare inconstitucional el plan o programa puesto en marcha por el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud para la realización de abortos de acuerdo a la Ley Nacional N° 27.610″.

En esos expedientes también reclamó que se declare “inconstitucional” respecto de las “facultades propias no delegadas de la provincia de Córdoba relacionadas con el poder de policía de salud, al programa puesto en marcha por el gobierno de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Salud para la realización de abortos” conforme a la norma nacional.

García Elorrio pidió la declaración de inconstitucionalidad del programa provincial porque “planea entregar el misoprostol a niñas menores de 18 años en espacios distintos a centros de salud de alta complejidad, y ello no es posible porque el misoprostol es un fármaco que causa mucho daño en las mujeres, más aún en las niñas, a pesar de las contraindicaciones que constan en el prospecto y sin consentimiento de los padres”.

Fundamenta su legitimación “activa” para iniciar acciones administrativas y judiciales en protección de la infancia a partir de la sanción de la Ley 26.061, de protección integral de los derechos infantiles y adolescentes.

Agrega que tiene legitimación para solicitar la tutela de los derechos de incidencia colectiva de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución provincial, aclarando que en el caso se está ante dos colectivos: “Uno, conformado por los niños no nacidos y no deseados por sus progenitoras en la provincia de Córdoba, físicamente invisibilizados, sin que su propio padre, tíos, hermanos, padrinos o abuelos o el propio Ministerio Público Tutelar, puedan abogar por ellos; el otro, las niñas menores de 18 años a las que les están suministrando el producto misoprostol sin cumplimentar cuestiones básicas de salud”.

Delgado firmó con su adjunto Pablo Bustos Fierro porqué él está recusado por distintas organizaciones proaborto, ya que antes de asumir el cargo planteó su postura contraria a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Las presentaciones de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, la Asociación Civil por el Derecho a Decidir y la Clínica de Litigio de Interés Público no fueron todavía resueltas.

El dictamen salió el 3 de este mes y recién trascendió ahora. Piden al Tribunal Superior de Justicia de la provincia que haga lugar a cautelares para frenar la aplicación de la IVE presentadas por García Elorrio.

En Córdoba, ya en 2019, después de siete años de frenos, la Justicia habilitó la aplicación del protocolo para abortos no punibles. El Tribunal Superior provincial rechazó por inadmisible el recurso extraordinario planteado por el Portal de Belén.

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