Amenazan con una nueva marcha: el presupuesto universitario que prevé el Gobierno es la mitad del que piden los rectores

En vez de aplacarse, el conflicto que mantienen las universidades públicas nacionales con el Gobierno nacional está lejos de terminar. Luego del anuncio del veto presidencial del presupuesto del sector votado por el Senado, la presentación del presupuesto nacional 2025 avivó el fuego. En las partidas proyectadas para el año próximo, la administración de Javier Milei le asignó a las instituciones cerca de la mitad de lo que vienen pidiendo. Ahora, los rectores y las federaciones que nuclean a docentes y no docentes amenazan con una nueva marcha para octubre, como manera de presionar para que la cámara de Diputados exija volver a votar la ley de presupuesto universitario para sortear así el veto presidencial.

Según consta en el documento del presupuesto, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.

La diferencia entre el presupuesto proyectado por el Gobierno y el diseñado por los rectores es enorme: de unos $3,4 billones. Concretamente, el número que determinó el oficial es de $3.804.206.408.806. En tanto, el de las autoridades universitarias finales del mes pasado, durante el plenario del CIN en La Pampa, contempla unos $7.190.565.984.958. La diferencia es de $3.386.305.576.152.

“A la medianoche pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado. Advertimos que hay una diferencia enorme y se explica, porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios. No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”, afirmó Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

“Es por eso que esta tarde [por el lunes] nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar”, agregó.

Ante esto, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitaria, señaló a LA NACIÓN: “Tradicionalmente, el presupuesto que presenta el CIN es uno que contempla la expansión del sistema. Sin embargo, hoy, la expansión no está en nuestros planes, dado que el principal problema que tiene el sistema es que tiene una enorme matrícula, es decir, tiene muchos alumnos, pero tiene pocos graduados. En los últimos 10 años más que triplicó la cantidad de alumnos y de inscriptos, pero mantiene la misma cantidad de egresados, ahí radica el problema que es central. Además, nos encontramos con una tasa de deserción alta. Por ello, creemos hay que trabajar en lograr mayores tasas de graduación en vez de pensar en una expansión del sistema”.

Hay que recordar, que en lo que va del año, ante el presupuesto prorrogado, en distintos momentos, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias, para gastos de funcionamiento.

Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son un 5%. Desde que comenzó la gestión de Milei, los gremios universitarios consideraron insuficientes todas las actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Luego, otorgaron un 7% de julio.

Pero no solo se trata de una diferencia de partidas. El texto del presupuesto supone que las universidades hagan un reporte detallado de sus gastos, ya que desde el Gobierno apuntan a la discrecionalidad de ciertos gastos, sindicados como “cajas negras”, del mundo universitario. Entonces se establece que, si la información aportada no satisface los requerimientos, se podría interrumpir la transferencia de partidas.

“Las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, se detalla.

“Las plantas de personal docente y no docente sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales en el año 2025 serán las vigentes a las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2024″, apunta el texto.

Diferencias

¿De dónde surgen los casi 3,4 billones de pesos de diferencia? LA NACIÓN comparó los cuadros del presupuesto del Gobierno con el que piden los rectores, y allí se advierte que hay rubros que asignan partidas distintas o que directamente no aparecen.

La mayor diferencia aparece en el rubro que los rectores llamaron “Incrementos recomposición salarial diciembre 2023″. Allí, el CIN fijó una asignación de partidas de 1,7 billones de pesos. Ese rubro no aparece así nombrado en la proyección oficial.

En los ítems “Educación y Cultura” y “Salud”, los números son similares, al menos en el detalle. Sin embargo, al agregarle los incrementos de inflación y recomposición salarial, mientras que el presupuesto oficial llega a un subtotal de $3,7 billones (la parte central del presupuesto), a las autoridades del CIN les da $5,8 billones.

Otra diferencia se explica porque el presupuesto de los rectores desarrolla un apartado de otros gastos en salud, educación, ciencia y técnica, y consolidaciones de distintas áreas y programas, que suman unos $4159 millones.

Además, hay diferencias entre las partidas asignadas y solicitadas, en los distintos rubros. Así, por ejemplo, para las “universidades de reciente creación”, los rectores asignaron dos ítems del presupuesto que suman unos $14.592 millones. En cambio, el Gobierno le asignó unos $9016 millones. También hay diferencias en las asignaciones para el programa de investigadores universitarios (para los rectores, de $5119 millones; para el Ejecutivo de $3981 millones); en el Programa para la Investigación Universitaria Argentina (Prinuar), de $450 millones para las instituciones y de $350 millones para el Ejecutivo; el fortalecimiento de actividades de extensión, demandan para las autoridades universitarias unos $6210 millones y para el Gobierno $4830 millones; el gasto para Ciencia y Técnica prevé unos $10.158 millones en el presupuesto oficial, mientras que los rectores piden $13.060 millones; para los doctorados se asignaron $9016 millones y se pedían $12.420 millones; para los hospitales universitarios, se exigieron $61.921 millones y se dieron $54.830 millones, entre otros rubros.

En los anexos del presupuesto presentado por la administración nacional se pueden ver el detalle de las partidas asignadas a las distintas universidades. Así. La de Buenos Aires (UBA) será la que reciba la mayor asignación: unos $657.951.600.636. Le siguen: la Universidad Tecnológica Nacional, con $259.409.053.162; la Universidad Nacional de La Plata, con unos $249.227.476.753; la Universidad Nacional de Córdoba, con $243.045.005.370; la Universidad Nacional de Rosario, con $180.032.949.027 y la Universidad Nacional de Tucumán, con $171.111.567.027.

En tanto, las cinco que menos partidas recibirán son: la Universidad de Madres de Plaza de Mayo ($2000 millones) y las del Delta, Pilar, Ezeiza y Río Tercero ($800 millones cada una).

“Estamos muy preocupados, no es lo que esperábamos. Está muy lejos de lo que el CIN pensó para el normal funcionamiento”, dijo a LA NACIÓN Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. “Es como si se tomara diciembre de 2024, y se previera que todos los meses vamos a tener la misma inflación. Hasta el mismo presupuesto que presenta el Gobierno prevé 18% de inflación y eso no se contempla. Tenemos que trabajar con los legisladores, para que en Diputados podamos recuperar la ley de presupuesto universitario. Le pedimos al Presidente que reflexione, no es un gasto lo que se destina a educación, no es lo que hacen los países más desarrollados, incluso desde una perspectiva económica, es algo que necesitamos para resolver los problemas estructurales. Todos somos conscientes de la situación del país. Hay que establecer prioridades y justamente la educación debe ser una de ellas”, apuntó Bartolacci. “Es por eso que el martes que viene vamos a definir cómo seguimos, si tenemos que volver a marchar, lo vamos a hacer”, dijo. La manifestación anterior fue el 23 de abril pasado.

“Nos parece insuficiente el presupuesto para las universidades en general”, expresaron desde la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (Fedun). “En particular no contempla ninguna partida presupuestaria para el incremento de salarios con lo cual de ser así tendríamos congelado el salario durante todo el año que viene. A pesar de esto, esperamos la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario (posveto) que elevaría también el presupuesto para el año próximo”, informaron.