Allanan un centenar de geriátricos por contratos con el PAMI

Unos 110 geriátricos de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires fueron allanados ayer simultáneamente ante una nueva denuncia por irregularidades en los contratos entre el PAMI y sus prestadores.

A pesar de la magnitud del procedimiento, el presidente del PAMI, Víctor Alderete, le restó entidad a la denuncia y dijo que está seguro de que la Justicia le dará la razón. Por eso, presentó ante el juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa, los 33 contratos que firmó con todos sus prestadores en todo el país, para que el magistrado los investigue.

Bonadío, por su condición de ex subsecretario del ministro del Interior Carlos Corach, es uno de los jueces que el ex ministro de Economía Domingo Cavallo denuncia consuetudinariamente como permeable a los deseos del Poder Ejecutivo.

La obra social de los jubilados afronta además otras tres causas penales, que tramitan en el juzgado federal de Gustavo Literas, por sendos contratos de servicios de sepelios, servicios odontológicos y prestaciones a los veteranos de la Guerra de las Malvinas.

Esta vez, en la denuncia se cuestiona el contrato del PAMI con la Federación de Asociaciones y Cámara de Establecimientos Geriátricos de la República Argentina (Fegera), un intermediario que subcontrata los servicios con los hogares de ancianos.

En su presentación, a la que accedió La Nación , los diputados de la Alianza Elisa Carrió, Cristina Guevara, Alfredo Bravo, Margarita Stolbitzer, Eduardo Santín, Laura Musa, María América González y Alfredo Villalba piden directamente investigar a Alderete por defraudación, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público.

Los legisladores cuestionan la falta de control del PAMI sobre con quiénes contrata y destacan por ejemplo que, según la empresa Veraz, el secretario de Fegera, Juan Carlos Silvetti está inhabilitado por el Banco Central hasta el año 2001; el tesorero de la entidad se encuentra en concurso y es deudor de bancos en liquidación, y que el vocal Roberto Salvador García se encuentra inhabilitado para operar en cuentas corrientes por deudas por 40.000 dólares.

El PAMI paga a Fegera unos 10 millones de dólares al mes y la intermediaria a su vez paga entre 300 y 600 pesos. La denuncia señala que las instituciones de bien público son las que reciben las sumas menores, lo que a su vez las obliga a pedir subsidios para hacer frente a las prestaciones. Otro de los hechos denunciados es la falta de control mensual sobre las altas y bajas, tal como establece el contrato.

Para los denunciantes, "los indicios parecen indicar la existencia de un actuar indebido por parte de los funcionarios del PAMI con la clara intención de beneficiar a determinados intereses privados".

Pero Alderete consideró que se trata de una denuncia "infundada y malintencionada de un pequeño grupo de diputados de la oposición que sembró un manto de sospechas sobre algunas contrataciones" y aseguró que "el contrato firmado con la Fegera es íntegramente transparente, al igual que todos los que hemos rubricado".

No obstante, policías federales de la División Jurídico Contable, inspectores de la DGI y efectivos de otras delegaciones policiales irrumpieron con discreción en 110 geriátricos. Se llevaron cajas con historias clínicas y documentos que serán ahora analizadas por el juez federal Bonadío.

Viagra

El titular del PAMI, Víctor Alderete, fue blanco ayer de innumerables quejas, tras confirmar que esa entidad reconocerá descuentos de entre el 30 y el ciento por ciento a los afiliados que sean medicados con la píldora Viagra, que combate la impotencia.

"Es un enfermo mental. Hablar del Viagra cuando en el PAMI faltan medicamentos para salvar o prolongar la vida de un anciano...", graficó Carlos Imizcoz, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionados.

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