Alivio para padres. Una exención fiscal permitiría evitar más presión en las cuotas de colegios privados

“Evitó una discusión y una revisión de la cuota”, aseguró anoche Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) y de la Junta Nacional de Educación Privada (Junep). Los colegios privados se ven eximidos de pagar las contribuciones patronales desde 2001. Desde entonces, el decreto 814/01 se prorroga todos los años por los doce meses. Como hasta principios de febrero de 2024, la nueva gestión nacional, no había aprobado todavía la medida, colegios y padres manifestaron preocupación. Sin embargo, ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) volvió a habilitar la opción para que los empleadores titulares de establecimientos de enseñanza privada puedan acceder a la reducción.

“Los costos laborales representan entre un 80% y 90% de los gastos totales de las instituciones educativas privadas”, aseguró el secretario ejecutivo de Aiepba. “La exención, por su parte, representa aproximadamente un 8,5% de las contribuciones jubilatorias de los trabajadores; de ahí su importancia”.

El Gobierno accedió al pedido que gestionaron de manera conjunta Aiepba y Junep. AFIP no habilitaba la gestión sobre la reducción de contribuciones patronales que se prorroga desde 2001 hasta tanto la norma no estuviese aprobada. “Afortunadamente a partir de hoy [por ayer], los colegios pueden cargar los pagos de las contribuciones y gestionar el descuento que el decreto establece”, dijo Zurita a LA NACION.

La reducción de las contribuciones patronales para los establecimientos educativos no es igual para todas las provincias; depende del tipo de personal que aporta a la Anses y a las cajas provinciales. “Como en la provincia de Buenos Aires los docentes tienen una caja propia, este beneficio aplica solo a los administrativos, personal de maestranza y extra programático de las escuelas privadas”, manifestó Zurita. En el caso de las trece provincias que tienen sus cajas nacionalizadas, el beneficio se extiende también al personal docente.

Hay que recordar que ya la semana pasada, desde la Secretaría de Comercio se había dado a conocer la decisión de derogar la resolución que obligaba a las escuelas privadas a realizar un trámite administrativo ante ese organismo cada mes que aumentaban la cuota. Aunque se apuntó en ese momento que se trataba solo de un trámite “burocrático”, no eran pocos los que creyeron que se trataba de un mero intento de volver más sencillo el proceso de aumento de las cuotas. Ante esto, el incremento de los costos derivado de la falta de la prórroga del decreto 814/01 no hubiera demorado mucho.

Actualmente, los colegios privados solo pueden aumentar sus cuotas durante el año, trasladando el 50% de los incrementos de sueldo de los docentes dispuestos por las paritarias y sobre la base del acuerdo escolar de octubre del año anterior. Se ven imposibilitados de trasladar otros aumentos o gastos, como edilicios, mantenimiento, alquileres o sueldos no docentes. Tampoco pueden aumentar por inflación porque ese componente -se supone- fue contemplado en los acuerdos que padres y colegios suscribieron. Cabe recordar que, aunque en octubre los padres consideraron excesivo el ajuste de cuota, por estos días son muchas las instituciones que consideran que se quedaron cortos.

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