Alerta de la ONU: el control de la natalidad para resolver la crisis climática y otros mitos sobre la población

MADRID.– La interpretación de la humanidad como un número –más de 8000 millones de personas desde el pasado noviembre– conduce a muchos gobiernos a afrontar problemas económicos o medioambientales, como la crisis climática o el sistema de pensiones, con políticas demográficas encaminadas a controlar la natalidad, según concluye el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), dado a conocer ayer. Naciones Unidas considera que este enfoque, que reduce el cuerpo de las mujeres a una herramienta para tener hijos, cae a menudo en la “manipulación de las cifras” y en lecturas erróneas o sesgadas que conducen a soluciones inservibles. “Estamos estudiando los números, pero la población va de personas y de sus derechos”, resume Natalia Kanen, directora ejecutiva del Unfpa. Estas son algunas de las claves que explican cómo se tergiversan las cifras de la población.

La “falacia” del índice de 2,1 hijos por mujer

El índice de fecundidad de 2,1 hijos por mujer se convirtió en una “bandera roja” para establecer si en un determinado país nace el número de niños adecuado para garantizar la estabilidad de la población, critica el Unfpa, que tilda la cifra de “falacia”. Según el organismo, en los últimos años detectó una mayor intervención de los gobiernos para fomentar los nacimientos (cuando el índice cae por debajo del 2,1) o para reducirlos (cuando se dispara).

Naciones Unidas hace un llamamiento a no utilizarlo. “Es una suerte de estándar de referencia arbitrario que nunca se registró en la historia, ya que la humanidad siempre se movió por encima o por debajo”, asegura Jaume Nadal Roig, demógrafo y representante del Unfpa en Ucrania. El cálculo de 2,1 hijos por mujer para garantizar el reemplazo de la población se basa en que se registren bajos niveles de mortalidad infantil y en una relación de nacimientos de 51% de varones frente a un 49% de mujeres. De entrada, este porcentaje “no se da en muchos países por los abortos selectivos [de niñas]”, reflexiona el demógrafo.

Tampoco contempla las migraciones, al no tener en cuenta cómo la llegada de inmigrantes nutre de habitantes a las poblaciones, e “ignora el calendario de fecundidad, como cuando las mujeres retrasan la decisión de tener hijos”, añade Nadal. El caso de la República Checa es paradigmático. Según el informe, en 1999 el índice de fecundidad en este país era de 1,13 hijos por mujer, pero, para el promedio de mujeres nacidas en los setenta, el porcentaje se elevó a 1,91 al final de su vida reproductiva. Este ejemplo refleja que “el índice de fecundidad de 2,1 no registra las fluctuaciones en el corto plazo, como demostró la caída de la natalidad que se produjo durante la pandemia de Covid-19″, recuerda el experto.

Contribuir poco y sufrir mucho el cambio climático

Los datos evidencian que la reducción de los índices de natalidad no incidirán necesariamente en una disminución de las emisiones globales de carbono. Los países con las tasas de fertilidad más altas son los que menos contribuyen al calentamiento global, en la medida en que emiten un bajo porcentaje de gases con efecto invernadero. Pese a ello, son los que más sufren sus consecuencias. “Las mujeres en el Sahel no tienen impacto en el cambio climático, pero padecen el aumento de las temperaturas”, denuncia Kanen.

Sin embargo, según los autores del informe, blandir el argumento de que la población mundial es excesiva para un planeta con recursos reducidos limita la responsabilidad de los sistemas y sociedades de encontrar soluciones a problemas complejos y deja en un segundo plano la necesidad de promover tanto un consumo y una producción sostenibles como el uso de energías verdes.

Esta relación entre demografía y calentamiento global puede llevar, además, a conclusiones más perversas: “La suposición lógica que sigue a que las catástrofes globales son el resultado de la existencia de demasiadas personas es que el número de personas debe reducirse, es decir, que un número desconocido de personas debe sobrevivir y reproducirse mientras otros no deberían”, alertan desde el Unfpa.

Los jóvenes no son el problema

Una de cada seis personas tiene en este momento entre 15 y 24 años y casi la mitad de la población mundial es menor de 30; la media de los líderes políticos es de 62, según los datos de 2022 de la Oficina del Enviado del Secretario General para la Juventud. Pero en un mundo con recursos limitados en el que se tiende a ver el crecimiento de la población como un problema y a las amplias franjas de habitantes jóvenes como la semilla de una “bomba demográfica”, la Unfpa insta a considerar como una fortaleza el elevado número de personas jóvenes. “Algunos legisladores ven esta tendencia con alarmismo; los estereotipos negativos persistentes sobre los jóvenes los enmarcan como un problema a resolver”, según la ONU. Sin embargo, continúa, “más que un problema, los jóvenes son cada vez más parte de las soluciones”, ya que gracias a sus “acciones creativas” desafían el status quo.

“La perspectiva de la natalidad es muy paradójica, porque todo el mundo se fija en cuántos hijos tiene el enemigo: si tiene más hijos que tú, hay que asustarse”, señala Julio Pérez, demógrafo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Pero, una vez más, los datos de la población se manipulan ante la opinión pública. “Palestina e Israel son un ejemplo buenísimo para esto, ya que la fecundidad de los palestinos es más alta que la de los israelíes, pero nadie habla de la esperanza de vida, de 74,4 en Palestina y de 83 en Israel”.

Frente a una población mundial mayoritariamente joven, paradójicamente algunos de los países más desarrollados y con poblaciones más envejecidas –y que frecuentemente ven el aumento de la población como una amenaza, según la ONU– apuestan por políticas de impulso de la natalidad con el pretexto de poder garantizar la sostenibilidad de sus servicios públicos y de su sistema de pensiones. Sin embargo, los recién nacidos no podrán pagar las jubilaciones actuales, pero sí necesitarán, en cambio, educación y sanidad, argumenta el Unfpa.

Al mismo tiempo, estas políticas de impulso de la natalidad no solo reducen a las mujeres a un instrumento para tener hijos, sino que ponen el foco, nuevamente, sobre los jóvenes como “gente egoísta que solo se preocupan de sí mismos” y no quieren tener hijos. “Es justamente lo contrario: es tanta su responsabilidad a la hora de formar pareja y de tener hijos que, si no se dan las condiciones para tenerlos como quieren tenerlos, no los tienen”, sostiene Pérez.

La ineficacia de controlar el número de nacimientos

Limitar la natalidad en los países con poblaciones muy jóvenes no frenará el aumento de habitantes en el planeta, que según las proyecciones “alcanzará los 10.000 e incluso los 11.000 millones”, considera Kanen. Esta cifra es el resultado de una “cierta inercia”, por la juventud de la población actual, que seguirá teniendo hijos independientemente de que descienda el índice de fecundidad, unida a la mayor esperanza de vida, apuntala Pérez.

Sin embargo, “antes de que acabe este siglo, la población va a llegar al tope y probablemente después disminuya, por lo que seguir hablando de las alarmas del crecimiento de la población del mundo y considerar que es la culpable de todos los males no tiene mucho sentido”, añade. Así lo corroboran las proyecciones del Unfpa, que indican que la tasa de crecimiento de la población continuará cayendo y será en 2100 negativa en gran parte del mundo –salvo en África y Oceanía– por el descenso del índice de fecundidad y el aumento de las migraciones.

Las políticas de fertilidad merman los derechos humanos

El cruce de datos entre las políticas de natalidad y el índice de desigualdad arroja un resultado revelador. Según constata el informe del Unfpa, los países que tienen intención de aumentar el índice de fertilidad y los que no aplican ninguna política de control de la natalidad tienen índices de desarrollo similares. Sin embargo, estos últimos “registran niveles mucho más altos de libertad humana”.

“Estamos viendo, sobre todo en Europa, un renacer de una ideología sobre la población muy antiinmigración, muy ultranacionalista y muy xenófoba, como Vox en España, Viktor Orban en Hungría, Georgia Meloni en Italia, Vladímir Putin en Rusia, e incluso en los países nórdicos, sin olvidar la extrema derecha francesa”, reflexiona Pérez. Según el demógrafo, Europa tiene ahora mismo un problema ideológico con respecto a su población, no demográfico, porque ya hizo su “revolución demográfica” con una eficiencia reproductiva sin precedentes. Alude el experto a la teoría del gran reemplazo, acuñada por Renaud Camus hace poco más de una década, según la cual, la llegada de inmigrantes, que suelen registrar un mayor índice de fecundidad, acabará con la población blanca de los países de acogida. “Tenemos muchos menos hijos que en el pasado, pero porque los cuidamos mucho más y viven muchos más años”, añade.

“Una visión etnonacionalista de la demografía a menudo niega la agencia reproductiva del individuo, adoptando una ideología de género que subordina los derechos de las mujeres, en particular sus derechos reproductivos, a los objetivos de un grupo étnico o político”, alertan desde la ONU. Según Naciones Unidas, “el etnonacionalismo puede utilizar una retórica destinada a convencer tanto a las mujeres como a los hombres de que aumenten la fecundidad” y constata un repunte de políticas destinadas a dificultar el acceso a los anticonceptivos o restringir el derecho al aborto.

Este fue el caso de Sri Lanka, donde las preocupaciones sobre el dominio étnico contribuyeron al aumento de la fecundidad. O de Turquía, donde la retórica que alienta a las mujeres a tener más hijos fue acompañada de una disminución del acceso a los anticonceptivos en el sector público. Pero también ocurre en países europeos, como en España, donde el gobierno autonómico de Castilla y León, formado por PP y Vox, intentó impulsar la natalidad con una política que pretendía evitar los abortos.

Por Patricia R. Blanco y Montse Hidalgo Pérez

©EL PAÍS, SL

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