Alerta ambientalista por un proyecto del Gobierno que busca modificar las leyes que protegen la fauna nativa

Las luces de alerta de decenas de organizaciones ambientalistas de todo el país se encendieron y pasaron del amarillo al rojo en cuestión de horas, después que se filtrara un documento oficial del área de Ambiente que plantea la modificación de varias resoluciones de protección a la fauna nativa argentina. La intención del proyecto oficial, que tiene fecha del 20 de enero pasado, es modificar reglamentos que protegen a la fauna silvestre, tanto en relación con la llamada “caza deportiva” como a su comercialización.

Ante esto, más de 60 ONG de todas las provincias argentinas, a través de una alianza llamada “Observatorio de lo Silvestre”, pidieron esta semana de manera formal una audiencia con Daniel Scioli, a cargo de la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación.

Franco Perugino, de Mundo Aparte Rosario (una de las ONG que forma parte del Observatorio) dijo: “[El proyecto oficial] es nefasto para la fauna silvestre argentina ya que implicaría un retroceso de tres o cuatro décadas atrás en materia de protección y conservación”.

El documento oficial sostiene que lo que se busca es “evitar la duplicidad de las normas”. En ese contexto, desde la Dirección Nacional de Biodiversidad aclararon que no hubo ningún pedido formal de acceder al expediente ni de acceso a la información, y que el único propósito de la resolución es “ordenatorio” ya que busca “emprolijar” normativa que, en algunos casos, está duplicada o nunca se aplicó. Además, señalaron que por ahora se trata de una discusión “interna” que está siendo analizada dentro de cada una de las áreas, pero que no existe nada emanado desde la Subsecretaría.

Desde Pumakawa, una ONG cordobesa que también está dentro del Observatorio, remarcaron que la fauna silvestre no es perjudicial, sino que es indispensable. “Desde lo clandestino, desde los estados provinciales y quizás desde el Nacional, con este proyecto, se está impactando en ella literalmente: con bala. Y de manera ventajosa, con la caza enlatada o garantizada y embalsamando una parte del cuerpo para tenerla de adorno”, dijo Kai Pacha, presidenta de Pumakawa.

Para las organizaciones socioambientales, lo que se está debatiendo “son discusiones ya resueltas”. Así lo subrayó Perugino, quien citó dos ejemplos de la normativa que el Gobierno nacional pretendería modificar: una resolución de 1986 que prohíbe la comercialización de animales autóctonos silvestres vivos, y otra del año 2022 que prohíbe los criaderos de fauna silvestre para fines cinegéticos (de caza). “Si se avanza con esto se habilitaría lo que hoy es tráfico ilegal de fauna silvestre, así como la cría de animales nativos como el puma, solo para que luego sean cazados. Es nefasto, regresivo y anticonstitucional”, señaló el especialista.

Todo esto ocurre en el medio de renuncias masivas dentro de la Subsecretaría de Ambiente, hasta hace dos semanas a cargo de Ana Lamas, antigua funcionaria de esa cartera durante la década de los 90, quien decidió dejar su función alegando motivos personales. Su lugar fue ocupado por Fernando Jorge Brom, quien venía desempeñando funciones como vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El proyecto

El pasado 20 de enero, desde el área de Ambiente se presentó un proyecto cuyo objetivo es “propiciar la derogación y modificación de reglamentos de fauna silvestre”, bajo el argumento principal que muchas de esas normas “están duplicadas” y que otras infringen o limitan la capacidad constitucional de las provincias de ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales.

El documento busca derogar y/o modificar resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Res. Nº 24/1986 Res. Nº 63/1986 Res. Nº 793/1987 Res. Nº 53/1991), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (Res. Nº 351/1995), de la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 208/1998 Res. Nº 460/1999), de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Res. Nº 437/2006) y del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Res. Nº 133/2022).

Esas normativas, aún vigentes, sirven para regular y limitar la actividad cinegética (la llamada “caza deportiva”), así como para la protección y conservación de la fauna silvestre autóctona.

Las ONG consideraron que varias de estas normas “resultan esenciales para la protección y resguardo de nuestra fauna autóctona y, por tanto, su derogación y/o modificación resultará gravemente perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad”.

A eso se suma —según la carta presentada al Gobierno desde el Observatorio de lo silvestre— la “evidente carencia de un sistema de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de la totalidad de los Estados provinciales”.

“Por estas razones, vemos con muchísima preocupación este desatinado proyecto y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto en pos de la protección y conservación de nuestra fauna autóctona”, agregaron.

Para Perugino, la caza no puede ser objeto de fomento como política de estado, ya que además está asociada a otros delitos como el tráfico de armas y la trata de personas. “Sorprende el poder de lobby de los empresarios de la caza, para que sea el propio Estado el que salga a decir que debe fomentarse. Argentina no necesita fomentar la caza, necesita controlarla, es en la línea en la que avanza la humanidad toda”.

Conforme a los criterios de

Conocé más

En medio de reclamos. Abrió por última vez un paseo que fue un icónico atractivo de Mar del Plata por casi 32 años

Una por una. Las razones por las que jugar con tu gato favorece su salud física y mental

“Con boca de ametralladora”. El enigmático pájaro africano que temen los cocodrilos y es impiadoso con sus hermanos