Afirman que, pese al impacto de la pandemia, en 2022 caerá un 6,2% el presupuesto nacional para educación
Según surge de un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, el recorte equivale a $34.000 millones
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Como nunca antes, la educación fue uno de los dilemas centrales y de los desafíos que trajo la pandemia. Con los índices de pobreza más altos de las últimas décadas, con importantes tasas de abandono escolar y con un esquema de clases híbrido que no logró cubrir los 180 días de clase, no son pocos los que ven el impacto negativo del cierre de las escuelas en el resultado de las elecciones legislativas del domingo último. No obstante, a la hora de hacer números y asignar prioridades, la educación sigue perdiendo terreno. El proyecto de ley de presupuesto nacional presentado por el Gobierno para 2022 prevé reducir la inversión en educación en un 6,2% respecto de este año.
Más allá del deterioro que generó la pandemia en el sistema educativo y de la necesidad de readaptarse a la nueva realidad, en 2022 se destinarán $522.490 millones para educación, que equivale al 5,4% del total de gastos previstos, según surge del informe “¿Cuál es el lugar de la educación en el proyecto de presupuesto nacional 2022?”, elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación a partir de datos oficiales. La información está disponible en la plataforma de datos abiertos del Ministerio de Economía y en la página de la Cámara de Diputados de la Nación.
El recorte en educación equivale a $34 mil millones en relación con este año. La baja se explica entre otras cuestiones por una caída real en el presupuesto asignado al desarrollo de la educación superior. En cambio, las prioridades del presupuesto para educación serán los programas de inclusión tecnológica, las becas (aunque también con una reducción respecto de la partida extraordinaria que se les asignó en 2021, por fuera del presupuesto) y a la construcción de jardines de infantes. Este último suele ser un rubro que aparece altamente ponderado en los presupuestos, sin embargo, luego es subejecutado; es decir, se presupuestan jardines que después no se construyen, según explica Javier Curcio, el autor del informe, economista especializado en monitoreo y evaluación de políticas públicas, director del Departamento de Economía de la UBA, investigador del Conicet y referente de Argentinos por la Educación.
El presupuesto debería tratarse en el Congreso a partir de diciembre. Al ser consultados por LA NACION, desde el Ministerio de Educación de la Nación, que conduce Jaime Perczyk, respondieron que se está trabajando “en corregir los errores del presupuesto para aumentar la inversión en educación respecto de lo que se invirtió este año”, sin más detalles.
“Dentro del proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación, tres de cada cinco pesos se destinarán a dos programas: Desarrollo de la Educación Superior (56,1% del total del presupuesto) y Fondo Nacional de Incentivo Docente (10,3%). Ambos programas tienen en 2022 un peso relativo más bajo que en años anteriores. El primero representó 74,9% del gasto en 2020 y 56,0% en 2021. El segundo era de 14,3% en 2020 y de 9,3% en 2021″, señala el informe elaborado por Curcio, Gabriela Catri, Martín Nistal y Víctor Volman.
La desinversión en educación en este contexto preocupa a los especialistas. “No es la primera vez que ocurre una rebaja del presupuesto educativo, tanto el nacional como el consolidado de los tres niveles de gobierno: muy mala costumbre”, opina Juan Llach, exministro de Educación. “Si la educación interesara de veras, el gasto nacional tendría que haber aumentado para fortalecer la conectividad, la distribución de dispositivos y la producción de material pedagógico para difundirlo en el portal educ.ar. Las carencias tecnológicas apuntadas perjudican sobre todo a los más pobres. Es realmente difícil de entender que, justo este año, se haya decidido reducir el gasto del Ministerio de Educación en vez de fortalecer el Plan Federal Juana Manso que tiene, precisamente, esas funciones”, agrega.
“Frente a la reducción importante que tuvo el sistema educativo, este año hubo un esfuerzo por incrementar algunas partidas y, frente a esto, el proyecto de presupuesto implica una desaceleración. Además, los supuestos sobre los que se armó el presupuesto parten de una evaluación poco real, tomando una inflación del 33%, cuando en términos reales será de al menos el 46%. Esta desinversión en educación tendrá un correlato en la caída del salario real de los docentes universitarios y en una reducción de las becas que durante la pandemia fueron clave para mantener dentro del sistema educativo a miles de alumnos”, apunta Curcio.
La Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006, establece que el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la ciudad de Buenos Aires destinado a educación no debe ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). “Desde el nivel máximo en el gasto total en la función educación logrado en 2015, se observa una caída del 32,5% en términos reales”, sostiene el informe.
De los $8440 mil millones que prevé el presupuesto nacional para 2022, el 5,4% serán para educación. “La descentralización de la educación implica que las provincias en su conjunto asumen el financiamiento de aproximadamente el 75% del presupuesto educativo, por lo que el gasto incluido en el presupuesto nacional se limita a una proporción minoritaria del total de los recursos invertidos en el sector”, aclara el informe del Observatorio Argentinos por la Educación.
Por otro lado, detalla que el Ministerio de Educación de la Nación es la dependencia que concentra la mayor proporción de los gastos: entre el 70% y el 86%, según el año.
Cada vez menos
“Después de su pico máximo en 2015, los gastos en la función educación se mantuvieron con cierta estabilidad hasta 2017. A partir de 2018 experimentaron una tendencia a la baja, principalmente explicada por el deterioro del salario real de un sector muy intensivo en recursos humanos. En 2019 y 2020 se tocaron los valores mínimos en el período analizado. Si bien la reducción de 2019 y 2020 se ve acompañada en general en todas las dependencias que participan en la función educación, el ajuste se explica principalmente por una caída en el gasto impartido por el Ministerio de Educación”, enumera el documento.
¿En qué se gasta el presupuesto educativo? “Dado que los gastos en salarios en los niveles obligatorios son pagados por las provincias, con excepción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que es asumido por el gobierno nacional, el principal gasto que enfrenta el Ministerio de Educación de la Nación es el gasto en educación superior”, explica el informe.
Entre 2013 y 2022 el gasto en educación superior representó entre el 56,0% y el 75,9% de los gastos totales del ministerio, según el año. “El año 2020 muestra la mayor proporción del gasto destinado al nivel superior, mientras que para 2021 se observa una baja al 56,0% que se sostiene en 2022 (56,1%)”, detalla. En lo referido al Fonid, oscila entre el 9,3% y el 19,6% a lo largo de los años. Tanto los gastos en Desarrollo de la Educación Superior como en el Fondo Nacional de Incentivo Docente son mayoritariamente fijos. En cambio, “los gastos catalogados en el rubro Otros representan distintos programas que hablan de las prioridades de cada gestión”, añade.
“En 2022, la inversión en información y evaluación (el programa que permite monitorear y hacer ajustes, que fue vital durante la pandemia en todo el mundo) continúa siendo marginal en el presupuesto educativo, con apenas un 0,18%”, según el Observatorio Argentinos por la Educación.
La importancia del rubro “otros”
En 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, cambiaron algunas prioridades del presupuesto, se explica. El 34,6% de los “otros gastos” se enfocó en el programa de becas para estudiantes (3,8% del total), mientras que el 15,7% se centró en el programa de infraestructura y equipamiento (1,7% del total). El programa de información y evaluación educativa tuvo una caída tanto en el total como en términos reales, pasando a $107 millones (representando un 0,3% de los otros gastos y 0,03% del total). En 2021, las prioridades se mantuvieron, aunque con algunos cambios. El principal programa, luego de Educación Superior y el Fonid, fue el de becas para estudiantes, que pasó a representar un 43,2% de los otros gastos del ministerio, seguido por el programa Juana Manso, con un 16%. El programa de información y evaluación tuvo una leve recuperación, aumentando su gasto al 0,8% ($1369,4 millones); a octubre de 2021, la ejecución del programa fue de apenas el 48,3%.
El proyecto de ley de presupuesto para 2022 prioriza el programa federal Juana Manso, representando un 34,1% de los otros gastos (11,5% del total). La gestión de becas continúa en el segundo lugar, manteniendo un 18,5% de los otros gastos (6,2% del total). Por último, el programa de información y evaluación pasó a $800 millones (representando un 0,5% de los otros gastos y 0,18% del total).
“La importancia de este programa radica en que busca ofrecer evidencia técnicamente sólida para la toma de decisiones, diseñar acciones relativas al planeamiento para el desarrollo y seguimiento de políticas educativas apoyado en datos rigurosos, realizar evaluaciones y seguimientos de políticas para mejorar las intervenciones, y difundir información rigurosa que aporte a la igualdad y la calidad de la educación”, dice el informe. Entre otras cosas, es el encargado de desarrollar un sistema nominal de información. “Los sistemas nominales jugaron un papel fundamental en la pandemia alrededor del mundo, dado que permiten identificar uno a uno si un alumno abandona o no la escuela. Sin embargo, la poca importancia relativa a lo largo del tiempo no permitió tener esta herramienta de forma activa”, concluye.
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