Abusos sexuales: pese a reconocer los hechos, el Colegio del Salvador rechazó el reclamo de las víctimas

Más de veinte denuncias registradas, luego de que dos exalumnos del Colegio del Salvador rompieran un silencio de dos décadas para revelar los abusos sexuales que sufrieron dentro de la institución por parte de César Fretes, un religioso de la congregación jesuita que se desempeñaba como profesor y tutor. Los hechos sucedidos entre 2001 y 2002 salieron a la luz en las últimas semanas a partir de la acusación pública de los exestudiantes y un reclamo que llevaron a las autoridades del colegio.

Desde Colegio del Salvador reconocieron en su totalidad los hechos denunciados, pero en las últimas horas rechazaron el reclamo de un resarcimiento económico y un pedido de disculpas públicas, que presentaron las víctimas el 16 de julio pasado. El delegado de Prevención de Abusos de los jesuitas, Álvaro Pacheco, dispuso ponerle fin al reclamo administrativo, la vía jurídica por la que accionaron los exestudiantes. Fretes falleció en 2015 sin ser juzgado. Murió de cáncer en Mendoza, la provincia a donde fue trasladado por los jesuitas en 2003 después que un grupo de padres denunciaron frente al rector del colegio que sus hijos fueron abusados por el religioso. La congregación emitió un comunicado “lamentando profundamente lo ocurrido y pidiendo perdón a todas las víctimas” y negó que el trasladado a Fretes a Mendoza se realizó con el fin de encubrir los abusos. Ante el revés administrativo, la defensa de las víctimas analiza los próximos pasos y la estrategia para llevar el caso a la justicia y por fuera de la órbita canónica.

“El rector del colegio y el delegado de Prevención de la Provincia publicaron el 16 de julio una carta a la comunidad educativa y a la opinión pública, lamentando profundamente lo ocurrido y pidiendo perdón a todas las víctimas. Seguimos atentos y respondiendo a todos aquellos que se quieran acercar a hacer su denuncia o dar su testimonio. Buscaremos también crear algún espacio para que la palabra pueda circular entre todos los que quieran expresarse”, sostuvo el comunicado de los jesuitas firmado por Pacheco.

Luego enumeró en cuatro puntos sus argumentos para rechazar el reclamo: ”Las autoridades de aquel tiempo procedieron como correspondía de acuerdo con las normativas penales (estatales) y canónicas vigentes en esos años. En consecuencia no hubo encubrimiento dado que la ley vigente en aquel momento no facultaba a las autoridades del colegio a hacer la denuncia. El art. 72 del Código Penal de la Nación, hasta la reforma del 25 de octubre de 2018, no contemplaba la denuncia de oficio. No hubo tampoco encubrimiento a nivel canónico porque las autoridades del Colegio pusieron en conocimiento de los hechos al superior provincial de la Compañía en aquel momento, quien actuó en consecuencia, apartándolo del colegio, imponiendo las medidas cautelares correspondientes, llegando hasta la dimisión. La Compañía puso a disposición de los reclamantes acompañamiento, asistencia, apoyo psicológico y terapéutico, conforme a nuestros protocolos y a los documentos de la Santa Sede.

Por último, los jesuitas sostuvieron que una eventual reparación económica se hará “en la medida que sea dispuesta y determinada por las autoridades competentes”.

En comunicación con LA NACION, Pacheco sostuvo que el rechazo del reclamo se debió a que las víctimas solicitaron una reparación económica basada en que el colegio y la congregación habrían encubierto los abusos de Fretes. Los jesuitas negaron una maniobra para encubrir los delitos del religioso. En 2003, Fretes fue destinado a la congregación jesuítica del colegio San Luis Gonzaga, en la provincia de Mendoza, y de acuerdo al testimonio de las víctimas el traslado se realizó en aquel entonces sin dar ninguna explicación oficial ni alertar a la comunidad educativa sobre los casos y con el motivo de ocultar los abusos.

Reparación

”Más allá de este intercambio entre abogados, queremos de verdad seguir pidiendo perdón a todas las víctimas, y desde el Colegio buscaremos también crear algún espacio para que la palabra pueda circular entre todos los que quieran expresarse, además de seguir avanzando, como se ha hechos todos estos años, en los máximos esfuerzos de prevención. Las familias actuales del colegio se han mostrado conformes con los esfuerzos en ese sentido”, dijo Pacheco.

Agotada la vía administrativa, teniendo en cuenta el fallecimiento de Fretes y que pasaron más de 20 años de los hechos denunciados, Carlos Lombardi, el abogado de las víctimas, dijo a LA NACION que restan dos caminos posibles para buscar reparación frente a las autoridades. Uno es realizar una demanda civil por daños y perjuicios contra los responsables del colegio que estuvieron al tanto de la situación. El otro, es avanzar con una denuncia penal contra la institución educativa por la presunta comisión del delito de encubrimiento. Para ello deberían esgrimir y probar en la Justicia penal que el silencio de las autoridades y el traslado del jesuita Fretes a Mendoza se realizó con el ardid de encubrir y ocultar los abusos sexuales cometidos por el religioso. Esta última alternativa puede ser planteada en paralelo con la demanda civil.

“El rechazo del reclamo es un monumento a la hipocresía y el incumplimiento de los derechos humanos”, dijo Lombardi a LA NACION. Después agregó: “Está en estudio una nueva presentación para garantizar la tutela judicial efectiva que les corresponde como ciudadanos argentinos. Antes vamos a tomarnos un tiempo para analizar en profundidad los argumentos que presentaron desde la Congregación Jesuita y decidir cómo accionar en consecuencia”.

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