Abusos sexuales en el Próvolo: el segundo “megajuicio” contra directivas y religiosas del instituto llega a su etapa final

MENDOZA.– El segundo megajuicio por los abusos sexuales contra niños hipoacúsicos del ex-Instituto Antonio Próvolo ingresa en la recta final en esta provincia, tras dos años de debate. La demora se relaciona, principalmente, con la unificación de las tres causas contra las nueve mujeres imputadas, en su mayoría, por encubrir o haber omitido denunciar los vejámenes cometidos contra una treintena de chicos, quienes enfrentan penas que van de los 10 a los 50 años de cárcel. Entre ellas, la más complicada es la monja Kumiko Kosaka, encargada de la custodia del albergue, quien podría recibir esa máxima condena por cometer abusos simples y agravados. Por estos días, se realizan los alegatos de cierre del debate, por lo que las fuentes consultadas por LA NACIÓN, estimaron que la sentencia se conocerá a mediados de junio próximo.

De esta manera, desde que comenzó el juicio, de manera semipresencial por la pandemia de coronavirus, el 3 de mayo de 2021, ya se realizaron más de 300 audiencias y se escuchó el testimonio de más de 100 personas, muchas de ellas denunciantes por lo que tuvieron que hacerse las testimoniales junto a profesionales del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI) e intérpretes de lengua de señas. Ahora, la fiscalía, la querella y los abogados defensores iniciaron la etapa de sus exposiciones finales sobre el caso, ante la expectativa de las víctimas y sus familiares.

“Queremos que paguen todos como corresponde, por todo el daño que hicieron; que no pase más tiempo y que no quede en la nada”, expresó a LA NACIÓN, Silvana Sosa, madre de Mayra, una joven hipoacúsica que ya tiene 28 años, una de las presuntas víctimas de la monja Kosaka. “Ella nos hizo mucho daño; yo era una mamá muy chica y le creía en todo lo que me decía sobre el instituto y el desarrollo de mi hija”, recordó.

Según explicaron a este medio desde el Poder Judicial, el tiempo que requirió el debate se debió, no solo a la gran cantidad de testigos, sino también “a la multiplicidad de hechos sobre los que debían declarar cada persona citada y los ajustes razonables dispuestos por el tribunal para minimizar revictimizaciones”.

Este juicio contiene tres causas que fueron acumuladas. A raíz de la complejidad de lo expuesto en las audiencias, las magistradas a cargo del proceso, la presidenta, Gabriela Urciuolo; la primera vocal, Belén Salido, y la segunda, Belén Renna; decidieron no limitar el tiempo que tendrán las partes para realizar sus alegatos finales, por lo que se estima que cada una tendrá alrededor de dos semanas.

“Queda demostrado que el Próvolo era una isla: no podía ser controlado por el Estado, ni por la Dirección General de Escuelas ni por la Iglesia. Era un antro de abusos, sin control”, indicó a LA NACIÓN Sergio Salinas, patrocinante de las víctimas y miembro de la organización defensora de derechos humanos, Xumek.

Las acusadas

En el banquillo se encuentra un grupo de religiosas, exdirectivas y personal de la institución acusadas de ser “entregadoras y facilitadoras” de los abusos, por lo que la Justicia pretende determinar si eran responsables de un “sistemático encubrimiento y de la omisión de denunciar”. Sin dudas, la más comprometida es la monja Kumiko Kosaka, de 48 años, que enfrenta, además, los cargos más graves, en dos causas, una de ellas como autora del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”. Por este hecho, podría recibir la pena máxima para este tipo de delitos y pasar medio siglo en la cárcel.

Oriunda de la provincia japonesa de Okasaki-Shi, Kosaka transitó la mayor parte del proceso bajo prisión domiciliaria, aunque en junio del año pasado, al cumplirse el plazo máximo de detención sin tener condena, fue liberada. La religiosa no solo está imputada por cometer abusos sexuales simples y agravados, sino como partícipe primaria de vejaciones y corrupción de menores agravada por ser encargada de guarda, entre otras calificaciones. A la “monja mala”, como la apodaron las víctimas de la “Casita de Dios”, se la acusa en siete hechos, entre ellos, haber entregado a una menor a los sacerdotes para que fuera violada, además de colocarles pañales a niñas para disimular los ataques sexuales. Estas situaciones se desprenden del primer megajuicio, culminado el 25 de noviembre del 2019, con duras condenas para los sacerdotes Nicola Corradi, fallecido el año pasado, a los 85 años, y sentenciando a 42 años de cárcel; y Horacio Corbacho, de 62, que recibió la pena de 45 años de prisión. En tanto, el jardinero Armando Gómez, de 52, fue condenado a 18 años de cárcel.

También está acusada otra religiosa, Asunción Martínez, de 55, que llegó al debate imputada como partícipe primaria de las vejaciones que sufrían los chicos. La mujer, también enfermera profesional, nacida en el departamento de Guayrá, en Paraguay, fue imputada por “participación necesaria en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente del mismo, en modalidad de delito continuado”. La misma calificación recibió la cocinera Noemí del Carmen Paz Torrez, de 65 años. En tanto, por “omisión” está imputada la apoderada legal del instituto, Graciela Pascual, de 67 años, identificada por las víctimas como “la jefa” y mano derecha de Corradi, director del establecimiento religioso.

Además, las exdirectoras del Próvolo entre 1997 y 2013, Gladys Edith Pinacca Andrade, de 68 años; Cristina Fabiana Leguiza Funes, de 52; Laura Alejandra Gaetan Sicardi, de 62, y Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela, de 50, fueron imputadas como “partícipes secundarias en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante”. La misma imputación recayó sobre la psicóloga Cecilia Alejandra Raffo Andreotti, de 45.

Este es el segundo “megajuicio”, como se lo denomina públicamente, aunque en realidad se trata del tercer debate sobre el Próvolo, ya que el primero fue un juicio abreviado en el que el monaguillo Jorge Bordón, exempleado administrativo del instituto, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de cárcel el 25 de septiembre de 2018.

El 25 de noviembre de 2016 salió a luz el caso, tras allanamientos en el instituto ubicado en la comuna de Luján de Cuyo, en los que fueron detenidos sacerdotes y empleados del colegio religioso. Los vejámenes contra los chicos hipoacúsicos, ocurridos durante años, desde fines de la década del 90, también tuvieron su correlato en La Plata, donde se encuentra la sede argentina de la entidad italiana. Este sitio fue el primero que pisó el hoy fallecido Corradi, tras su arribo al país, aunque la Justicia bonaerense declaró años atrás la prescripción de la causa. También, el sacerdote acumuló denuncias por violaciones en su país natal, en la sede madre de Verona.

Las imputaciones, en detalle

La más complicada

Kumiko Kosaka, apodada por las víctimas como “la monja mala”. Nació en la provincia de Okasaki-Shi, en Japón.

Se le imputan siete hechos en dos causas:

• ”Partícipe primario en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante, del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el autor encargado de la guarda, por ser ministro de culto y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.
• ”Corrupción de menores, agravado por ser encargada de su guarda, tres hechos en concurso real”.
• ”Abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto reconocido y por ser encargada de la guarda, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser encargada de su guarda”.
• ”Ser autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.

El resto de las acusadas:

• Graciela Pascual Ivars, de 67 años, nacida en la provincia de Mendoza. Se desempeñaba como representante Legal del Instituto Antonio Próvolo.
• Asunción Martínez, de 55 años, nacida en el departamento de Guayrá, Paraguay, naturalizada argentina. Es enfermera profesional y monja.
• Gladys Edith Pinacca Andrade, de 68 años, nacida en Mendoza. Fue directora del Instituto Próvolo entre 1997 y 2008.
• Cristina Fabiana Leguiza Funes, de 52 años, oriunda de Mendoza. Fue directora del Instituto Próvolo entre 2008 y 2010.
• Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela, de 50 años, nacida en Talca, Chile, naturalizada argentina. Fue directora del Instituto Próvolo entre 2013 y 2017.
• Laura Alejandra Gaetan Sicardi, de 62 años, nacida en Buenos Aires. Fue directora del Instituto Próvolo entre 2010 y 2013.
• Cecilia Alejandra Raffo Andreotti, de 45 años, nacida en Mendoza. Licenciada en Psicología.

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