Abusos en el Próvolo: en el segundo juicio, nueve mujeres se sentarán en el banquillo

MENDOZA.– Ya pasó el debate histórico con duras sentencias para los curas abusadores del Instituto Antonio Próvolo en Mendoza. Pero, la megacausa no llegó a su fin. Resta un juicio clave, tras unificarse los expedientes, para desentrañar si también hubo "entregadores y facilitadores" para las vejaciones, además de un sistemático encubrimiento y omisión de denunciar. Por eso, nueve mujeres de la institución deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Por estas horas se realizan las audiencias preliminares en los tribunales provinciales, a la espera de que se fije la fecha de inicio del proceso decisivo.

Entre las principales imputadas están las monjas Kumiko Kosaka, la más complicada porque sobre ella pesan denuncias de abusos, y Asunción Martínez, como partícipe primaria. También deberá dar explicaciones por "omisión" la apoderada legal del colegio, Graciela Pascual, identificada por las víctimas como "la jefa" y mano derecha del director, el sacerdote Nicola Corradi (83), condenado a 42 años de cárcel el 25 de noviembre del año pasado. Ese día, el cura Horacio Corbacho (59) recibió 45 años de cárcel y el jardinero Armando Gómez (49), 18 años. Ahora, en el segundo debate, también deberán responder exdirectoras, una cocinera y una psicóloga de la entidad religiosa. Todas podrían recibir condenas altas y en algunos casos similares a los sacerdotes.

Así, las víctimas y los familiares, en diálogo con LA NACION, explicaron que buscan que se abra el debate sobre las complicidades y omisiones que hicieron posible las atrocidades que sufrieron. "Lo que quiero es justicia y que la monja [Kosaka] pague por todo el mal que nos hizo a mí y a mi hija. Nos hizo mucho daño. Yo era muy chica y creía que lo que ella me decía era verdad", expresó Silvana Sosa, madre de Mayra, una joven hipoacúsica que ya tiene 26 años.

Se espera que sea un largo proceso judicial, ya que restan más de 40 jornadas para definir el arranque del juicio, que se estima durará más que el primero, que fue de casi cuatro meses. En estas instancias preliminares se oficializarán todas las imputaciones y se definirán las pruebas y testimonios. Además, se espera que se realicen presentaciones de la defensa rechazando hechos y pruebas del primer debate.

"Después de las audiencias se fijará la fecha. En estas instancias, incluso, se pueden producir juicios abreviados, donde reconocen la culpabilidad, y se produce la condena, pero dudamos que esto ocurra. En realidad, las partes fijarán las pruebas y qué hechos se discutirán", explicaron a LA NACION desde la Justicia provincial.

En tanto, desde la querella, indicaron a LA NACION que antes de iniciado el debate pedirán que se utilicen las filmaciones de las Cámara Gesell utilizadas en el primer juicio con el fin de no revictimizar a los denunciantes, salvo que ellos expresamente y con autorización de los profesionales de la salud mental quieran volver a contar el horror vivido.

Asimismo, confirmaron que se presentó una nueva demanda civil por daño moral contra la Obra San José, ex propietaria del instituto Próvolo y responsable de la congregación, por los perjuicios ocasionados a una de las 11 víctimas de los abusos. Así, en ese fuero provincial ya son casi una decena las presentaciones por resarcimiento económico, que siguen su curso y se esperan resoluciones.

"Los abogados de la Iglesia dicen que no pretenden hacer ninguna reparación voluntaria, que quieren ir a juicio y esperar a que resuelva el juez. Hay una negación a reparar a las víctimas y a reconocerlas como tales, lo que es un doble discurso hipócrita. Esperamos ahora que se condene la omisión de estas mujeres imputadas", explicó a LA NACION Sergio Salinas, patrocinante de las víctimas y miembro de Xumek, la reconocida organización de DDHH.

El letrado contó además que, salvo una de las acusadas, todas las demás desconocían la lengua de señas, por lo que era una incomunicación total. "Nadie hacía nada cuando los chicos les decían lo que padecían; de hecho esto quedaba registrado en los libros y no hacían nada", dijo.

En cuanto a la situación actual de las imputadas, solo Kumiko se encuentra con prisión domiciliaria. El resto espera el juicio en libertad, lo que provocó en su momento malestar de las víctimas y sus familiares por la "doble vara judicial", en referencia a los abogados que defienden a las acusadas.

Sobre la denominada "monja mala", encargada del albergue de mujeres, pesan las acusaciones más graves: siete imputaciones como autora y partícipe de las vejaciones, además de ser señalada como "entregadora". Por su parte, la religiosa Martínez, que se desempeñaba como la madre superiora de Kumiko, se le endilga no haber denunciado las aberraciones que padecían los chicos de la entidad. En el caso de Pascual se la acusa por haber omitido advertir los hechos a las autoridades judiciales. Es más, afirman que presionaba a los padres de los chicos para que no radicaran denuncias ante las sospechas que surgían.

Las otras mujeres imputadas por participación primaria son la exdirectoras en las sucesivas administraciones a lo largo de los años: Gladys Pinacca, Valeska Quintana y Cristina Leguiza. También están señaladas por la Justicia la cocinera Noemí Paz y la psicóloga Cecilia Raffo.

El caso Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre del 2016 cuando se realizaron allanamientos en el instituto y se detuvo a los sacerdotes, además de un grupo de empleados. El escándalo no solo se limita a Mendoza, donde los abusos comenzaron a fines de la década del 90, sino que tiene su correlato en La Plata, donde está la sede argentina y se aguarda la realización de un juicio, que tiene también en la mira al cura Corradi. Es más, hay denuncias por hechos cometidos décadas atrás en Verona, Italia, donde nació la institución y desde dónde enviaron al sacerdote.

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