Abusos en el instituto Próvolo: comienza el segundo juicio en Mendoza
Desde mañana enfrentarán cargos por los abusos en el colegio religioso para hipoacúsicos situado en Luján de Cuyo; las principales acusadas son dos monjas y en el banquillo estarán otras siete mujeres
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MENDOZA. Luego de dilaciones durante el año pasado, por la pandemia del coronavirus, y de postergarse nuevamente hace un mes, finalmente este lunes arranca el segundo megajuicio por los abusos sexuales cometidos contra los niños hipoacúsicos del ex Instituto Antonio Próvolo. En esta oportunidad, luego del debate histórico de noviembre de 2019, que culminó con duras condenas para los curas que vejaron a los menores, se sentarán en el banquillo de los acusados nueve mujeres, acusadas de ser entregadoras y facilitadoras del horror que vivían los chicos en la “Casita de Dios”. En concreto, la Justicia busca determinar si las imputadas era responsables de un sistemático encubrimiento y de la omisión de denunciar lo que allí ocurría.
Entre las principales acusadas se encuentran las monjas Kumiko Kosaka, de 46 años, la más complicada porque está denunciadas por abusos sexuales simple y gravemente ultrajante, y Asunción Martínez, procesada como partícipe primaria. Por “omisión” deberá dar explicaciones la apoderada legal del instituto, Graciela Pascual, identificada por las víctimas como “la jefa” y mano derecha del director del establecimiento, el sacerdote Nicola Corradi, de 84 años, que en el primer juicio fue sentenciando a 42 años de cárcel; en ese proceso, el cura Horacio Corbacho, de 60, recibió la pena de 45 años de cárcel y el jardinero Armando Gómez, de 18 años. Además, en esta nueva instancia están señaladas exdirectoras, una cocinera y una psicóloga, quienes también podrían recibir condenas altas, similares a las impuestas a los religiosos.
“Queremos que se haga justicia y, en nuestro caso, que la monja Kumiko pague por todo el daño que le hizo a mi hija. Ella me mentía, me decía que todo estaba bien, mientras pasaban cosas muy graves adentro del instituto”, contó a LA NACION Silvana Sosa, madre de Mayra, una joven hipoacúsica que ya tiene 28 años.
Al igual que el anterior debate, se estima que este proceso sea extenso, aunque se cree que demorará aún más. Así, desde la Justicia local indicaron a este diario que al menos se realizará durante 5 meses, mientras que el primer juicio tuvo una duración de cuatro meses.
“Este juicio tiene la particularidad de contener 3 causas que fueron unificadas. La modalidad en la que se desarrollará será semipresencial. En total son 9 las personas imputadas. En un principio se calcula que el juicio tendrá una duración de 5 meses, aunque podría extenderse”, indicaron a LA NACION desde la Justicia provincial.
La parte querellante se prepara para el inicio de esta instancia decisiva, aunque en la primera jornada que arranca este lunes a las 8 en la Sala 4 del Fuero Penal Colegiado, presidido por Horacio Cadile, se hará un acto formal que consiste en la “lectura del requerimiento fiscal de citación a juicio”. Luego, de lunes a viernes se desarrollará todo el proceso, utilizando las filmaciones de Cámara Gesell del primer debate, con el fin de no revictimizar a los denunciantes.
En tanto, las acusadas seguirán el juicio desde sus domicilios, donde cumplen con las disposiciones legales. “Tenemos por delante un extenso juicio, donde esperamos que se condene a estas mujeres, principalmente por omisión”, indicó a LA NACION Sergio Salinas, patrocinante de las víctimas y miembro de Xumek, la reconocida organización defensora de los derechos humanos.
Además de las monjas Kumiko y Martínez están imputadas la trabajadora social y responsable legal del Instituto Graciela Pascual, la cocinera Noemí Paz, la psicóloga Cecilia Raffo y las exdirectivas Valeska Quintana, Gladys Pinacca, Laura Gaetan y Cristina Leguiza. “Todas ellas, por acción u omisión, permitieron que les sobrevivientes atravesaran el horror; todas ellas posibilitaron que los abusos, torturas e indescriptibles aberraciones se cometieran contra niñas y niños sordas/os en el Instituto Próvolo de Mendoza. ¡Recordemos sus nombres! Exijamos JUSTICIA para que hechos como los sucedidos no vuelvan a ocurrir NUNCA MÁS ni en Mendoza, ni en ninguna parte del mundo”, expresaron este domingo en un comunicado desde el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo, para convocar a los mendocinos a seguir de cerca lo que ocurra en los tribunales provinciales.
Sobre Kumiko, considerada por las víctimas como la “monja mala”, ya que era la encargada del albergue de las niñas, pesan las acusaciones más graves: siete imputaciones como autora y partícipe de las vejaciones, además de ser señalada como “entregadora”. En tanto, la religiosa Martínez, que oficiaba de madre superiora de Kumiko, deberá responder por no haber denunciado las aberraciones que sufrían los menores. Sobre Pascual recaen las acusaciones por no haber advertido los hechos a las autoridades judiciales. De hecho, en el primer debate quedó más complicada tras escuchar testimonios de los familiares de las víctimas, ya que aseguraron que los presionaba para que no hicieran las denuncias frente a las sospechas que tenían.
El escalofriante Caso Próvolo irrumpió en la escena pública el 25 de noviembre del 2016 tras una serie de allanamientos en el instituto de Luján de Luján de Cuyo. Se detuvo a los sacerdotes y a un grupo de empleados del establecimiento educativo. Los abusos sistemáticos de los chicos hipoacúsicos durante años, a fines de la década del 90, no se limitaron a la provincia cuyana, sino que tuvieron su correlato en La Plata, donde se encuentra la sede argentina de la entidad italiana, que también tuvo en la mira al cura Corradi, aunque en esa ciudad argentina la Justicia declaró prescripta la causa. De hecho, hay denuncias por vejámenes cometidos décadas atrás en Verona, donde nació la institución y desde donde enviaron al sacerdote.
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