Abusos en el Instituto Próvolo: comenzó el segundo juicio

MENDOZA. Arrancó en esta ciudad el segundo megajuicio por los abusos sexuales contra niños hipoacúsicos del ex Instituto Antonio Próvolo, el cual se estima durará más de cinco meses, ya que se unificaron las tres causas contras las 9 mujeres imputadas, principalmente por encubrir o haber omitido denunciar las aberraciones que allí se cometieron contra al menos 36 menores.

Durante la primera jornada del debate, que es semipresencial por la pandemia de coronavirus y que reportó algunas fallas técnicas de conexión, se realizó un acto formal de “lectura del requerimiento fiscal de citación a juicio”, mientras que las acusadas, desde las 8, seguían el proceso desde sus domicilios particulares o desde los estudios jurídicos de sus abogados.

“Con algunas demoras, se inició el juicio con la identificación de todas las imputadas. Así, se abrió formalmente el debate, con una presentación de la defensa sobre nulidad absoluta del juicio”, indicaron a LA NACION desde los tribunales provinciales.

Se trata de un grupo de religiosas, exdirectivas y personal de la institución que deberá responder en el banquillo “virtual” de los acusados, señaladas como “entregadoras y facilitadoras” de los abusos, por lo que la Justicia pretende determinar si eran responsables de un “sistemático encubrimiento y de la omisión de denunciar”.

La más comprometida es la monja Kumiko Kosaka, de 46 años, quien enfrenta los cargos más graves, en dos causas. Nacida en la provincia de Okasaki, Japón, se encuentra hoy en prisión domiciliaria, imputada por abusos sexuales simples y agravados, como partícipe primaria de vejaciones, corrupción de menores agravada por ser encargada de guarda, entre otras calificaciones. Entre los siete hechos que se le endilgan a “la monja mala”, como la apodaron las víctimas, se encuentra el caso de una menor a la que “entregó” a uno de los curas para que fuera violada, además de ser la responsable de colocarles pañales a niñas para disimular las vejaciones. Así se desprende de las denuncias de las víctimas durante el primer juicio, que terminó en noviembre del 2019 con duras condenas para los sacerdotes Nicola Corradi (84), sentenciando a 42 años de cárcel y Horacio Corbacho (60), quien recibió la pena de 45 años de cárcel; en ese proceso el jardinero Armando Gómez (50) fue condenado a 18 años.

La otra religiosa acusada es Asunción Martínez, imputada como partícipe primaria del horror que padecían los chicos en la “Casita de Dios”. También enfermera profesional, Martínez, nacida en el departamento de Guayrá, República del Paraguay, fue imputada por “participación necesaria en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente del mismo, en modalidad de delito continuado”.

Por su parte, la cocinera Noemí del Carmen Paz Torrez, de 63 años, recibió la misma calificación que Martínez. Asimismo, por “omisión” deberá dar explicaciones la apoderada legal del instituto, Graciela Pascual, de 65, identificada por las víctimas como “la jefa” y mano derecha del cura Corradi, director del establecimiento religioso. Esta licenciada en Trabajo Social y representante legal del Próvolo está imputada por su eventual “participación necesaria en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante en los delitos atribuidos a los imputados Horacio Corbacho, Nicola Corradi, Armando Gómez, Jorge Bordón y un exjardinero”.

En tanto, las exdirectoras del Próvolo entre 1997 y 2013, Gladys Edith Pinacca Andrade (66 años), Cristina Fabiana Leguiza Funes (50), Laura Alejandra Gaetan Sicardi (60) y Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela (48) fueron imputadas como “partícipes secundarias en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante”. Por último, la psicóloga Cecilia Alejandra Raffo Andreotti (43), fue imputada por el mismo delito.

El tribunal está compuesto por cinco jueces, bajo la presidencia de Horacio Cadile, el único físicamente presente en la sala 4 del Tribunal Penal Colegiado. De manera remota siguió el debate el resto de los magistrados: Gabriela Urciuolo (1er. vocal); Rafael Escot (2° vocal); Belén Salido (1er. suplente) y Belén Rena (2a. suplente). En total, solo pueden estar en el recinto de forma presencial 25 personas.

Se espera la participación de 265 testigos que han sido citados para declarar, mientras que en el primer debate lo hicieron 90. De ahí que este segundo megajuicio se extenderá por más tiempo, con el objetivo de llegar a las sentencias antes de que se cumplan los cinco años de la primera denuncia que destapó el escándalo, el 25 de noviembre del 2016.

La imputada más complicada

Es Kumiko Kosaka, de 46 años, apodada por las víctimas como “la monja mala”. Nacida en la provincia de Okasaki-Shi, en Japón, actualmente se encuentra con prisión domiciliaria.

Se le imputan siete hechos en dos causas:

• “Partícipe primario en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante, del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser el autor encargado de la guarda, por ser ministro de culto y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.
• “Corrupción de menores, agravado por ser encargada de su guarda, tres hechos en concurso real”.
• “Abuso sexual simple agravado por ser cometido por ministro de culto reconocido y por ser encargada de la guarda, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser encargada de su guarda”.
• “Ser autora del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.

El resto de las imputadas son:

• Graciela Pascual Ivars. De 65 años, nacida en la provincia de Mendoza. Se desempeñaba como representante Legal del Instituto Antonio Próvolo.
• Asunción Martínez. De 53 años, nacida en el departamento de Guayrá, Paraguay, naturalizada argentina. Es enfermera profesional y monja.
• Gladys Edith Pinacca Andrade. De 66 años, nacida en Mendoza. Fue directora del Instituto Próvolo entre 1997 y 2008.
• Cristina Fabiana Leguiza Funes. De 50 años, oriunda de Mendoza. Fue directora del Instituto Próvolo entre 2008 y 2010.
• Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela. De 48 años, nacida en Talca, Chile, naturalizada argentina. Fue directora del Instituto Próvolo entre 2013 y 2017.
• Laura Alejandra Gaetan Sicardi. De 60 años, nacida en Buenos Aires. Fue directora del Instituto Próvolo entre 2010 y 2013.
• Cecilia Alejandra Raffo Andreotti. De 43 años, nacida en Mendoza. Licenciada en Psicología.
• Noemí del Carmen Paz Torrez. De 63, nacida en Salta. Se desempeñó en el Instituto Antonio Próvolo como cocinera.

El Caso Próvolo de Mendoza salió a la luz pública el 25 de noviembre del 2016, tras allanamientos en el instituto de Luján de Cuyo en los que fueron detenidos los sacerdotes y un grupo de empleados del colegio religioso. Los abusos sexuales sistemáticos de los chicos hipoacúsicos durante años, desde fines de la década del 90, tuvieron su correlato en La Plata, donde se encuentra la sede argentina de la entidad italiana: por allí pasó el cura Corradi, tras su arribo al país, aunque la Justicia de la capital bonaerense declaró la prescripción de la causa. Asimismo, existen denuncias por violaciones cometidas por el sacerdote décadas atrás en la sede madre, en Verona, donde todo comenzó.

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