Aborto. Hay muchas resistencias, pero cada vez se realizan más interrupciones
Los programas de difusión impulsados por el gobierno nacional colisionan con la oposición de algunas obras sociales y prepagas y también con la oposición de gobiernos provinciales
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LA NACIONMaría Nöllmann
La historia de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Argentina comenzó a escribirse en la madrugada del 30 de diciembre, cuando luego de 12 horas de un debate reñido y de una vigilia intensa, con la plaza del Congreso dividida en dos colores, verde y celeste, la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, realizó el conteo final de votos y anunció lo que una mitad de la plaza esperaba y la otra temía: “Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo”.
Hoy, tres meses después, la misma tensión que se manifestó esa noche dentro del recinto y en las calles lindantes al Congreso se percibe en la puesta en marcha de la ley. Los programas de difusión, promoción y capacitación impulsados por el gobierno nacional para lograr garantizar la IVE en todos los centros de salud del país colisionan con la resistencia de algunas obras sociales y prepagas y también con la oposición de ciertos gobiernos provinciales, centros médicos y agrupaciones pro vida, que en algunas jurisdicciones han logrado la suspensión e incluso la prohibición de la nueva ley.
Según informó a LA NACION la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, desde que se promulgó la ley de acceso al IVE -que legaliza los abortos sin fundamento hasta las semana 14 de gestación- los llamados al 0800 de la línea de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud nacional aumentaron un 50% con respecto a los meses anteriores.
Sin registro
A pesar de que aún no existe un registro nacional ni jurisdiccional sobre la cantidad de abortos realizados bajo el marco de esta nueva ley, tanto fuentes gubernamentales como profesionales médicos consultados afirman que el número es elevado y que está en constante aumento. “El cambio fue abrupto. Desde que se legalizó, recibimos unas cuatro solicitudes de IVE por semana”, remarcó un ginecólogo y jefe de sección de un reconocido hospital privado de la ciudad, que prefirió mantener el anonimato.
En la provincia de Buenos Aires ya son 400 los hospitales públicos y centros de atención primaria que realizan los procedimientos propios de la IVE. Este número, según destaca Sabrina Balaña, directora provincial de Equidad de Género y Salud de la cartera sanitaria bonaerense, marca una diferencia importante con respecto al año pasado. Para finales de 2020, afirma, había unos 200 centros médicos que realizaban abortos legales, la mitad que ahora. Todos estos se realizaron bajo el marco legal de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que aplica para mujeres que fueron violadas o cuya salud es vulnerada por la gestación. Este procedimiento se practica desde 2007 en centros médicos y puede ser realizado hasta el último mes de embarazo. El año pasado se realizaron 14.330 ILE en la provincia, según datos de la gobernación.
“Logramos duplicar la cantidad de establecimientos que realizan intervenciones de embarazo, pero todavía queda avanzar mucho más”, destacó Balaña.
En paralelo con los avances en la implementación de la nueva ley, según Isla, también existen “importantes barreras de acceso”. “En las llamadas al 0800, muchas veces las mujeres denuncian obstáculos, que frecuentemente tienen que ver con que sus prepagas no quieren cubrir el IVE, con que un hospital no quiso realizarlo, o que no consiguieron misoprostol en la farmacia”.
Trabas en el acceso
Las trabas más importantes para la implementación de la ley radican, sin embargo, en los recursos de amparo y medidas cautelares presentadas por ciudadanos y grupos pro vida ante los poderes judiciales provinciales.
Hace un par de días, en San Luis, la jueza laboral 2 María Eugenia Bona declaró la plena vigencia del artículo 19 del Código Civil y Comercial, que reconoce “la existencia de la persona humana desde la concepción” y sentenció, de esta manera, la “inconstitucionalidad” e “inconvencionalidad” de la ley de acceso a IVE. La exsenadora peronista y activista pro vida Liliana Negre de Alonso había solicitado la prohibición.
Una sentencia opuesta se conoció en Chaco ese mismo día, cuando la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº19 revocó la medida cautelar y el amparo judicial que había presentado un grupo de ciudadanos a mediados de enero para declarar la inconstitucionalidad de la ley de acceso al IVE. Ambos recursos habían generado la suspensión de la implementación de dicha ley, que volvió a funcionar a partir del viernes pasado. Pero según anticipó el abogado Fernando Guirado, uno de los ciudadanos que presentaron el amparo, a LA NACION, ante la “arbitrariedad de la sentencia”, su agrupación presentará un recurso extraordinario al Superior Tribunal de Justicia.
“En casi todas las provincias se han presentado acciones judiciales pidiendo la inconstitucionalidad. Es fácil. Hay 14 constituciones provinciales que ordenan proteger la vida humana desde la concepción”, indica María Teresa Mockevich, abogada civilista y delegada por Tucumán de la Red Federal de Familias, agrupación pro vida con delegaciones en 18 provincias.
Leyes provinciales
A los amparos y las medidas cautelares se suman también las leyes provinciales. Según detallaron fuentes del ministerio de salud nacional, la provincia de San Juan mantiene prohibida la comercialización de misoprostol desde 2009, por lo que las farmacias, clínicas y hospitales privados no pueden adquirir el medicamento. En tanto, las ciudadanas sanjuaninas que quieren acceder a una IVE, deben acudir a centros de salud públicos, que son abastecidos con esta medicación por el ministerio de salud nacional.
La implementación de la ley de acceso a la IVE varía significativamente según el distrito. Según destacan fuentes de la gobernación porteña y bonaerense, en la Capital y en la provincia de Buenos Aires, el sistema se encuentra aceitado, ya que desde antes de la aprobación del IVE los centros de salud públicos de ambas jurisdicciones contaban con un sólido andamiaje para la implementación de la ILE. Esto se ve de manera clara, por ejemplo, en los centros de salud y acción comunitaria de la ciudad de Buenos Aires (Cescac).
“Nosotros ya estábamos preparados para la IVE. Hace años que trabajamos con ILE y el procedimiento es casi el mismo”, destaca Melina Ceccato, psicóloga especializada en Salud Sexual y Reproductiva, que trabaja en el Cescac 18, ubicado en la Villa 20, Villa Lugano. Según destaca la profesional, que participa de las entrevistas que se le realizan a las mujeres que solicitan un aborto, en lo que va del año, su equipo atendió 30 interrupciones del embarazo, de las cuales la mitad fueron ILE y la otra mitad, IVE.
Los procedimientos utilizados para realizar abortos legales son parecidos en todos los centros de atención primaria de la capital. La paciente que llega para solicitar un IVE o ILE es entrevistada por miembros del equipo interdisciplinario, quienes evalúan que la decisión de realizar el procedimiento sea propia de la persona embarazada. Luego, se le realiza una ecografía. Según detalló a LA NACION María, médica pediatra y miembro del equipo que realiza interrupciones del embarazo en un centro médico de la Villa 31, durante la ecografía, el profesional evita que la mujer gestante escuche los latidos y vea las imágenes del estudio.
Decisión
Luego del análisis, el médico generalista a cargo del paciente define si el aborto se realizará de manera ambulatoria o no, y si será por medio de medicación -con misoprostol- o de una intervención médica -la más común es la aspiración manual endouterina (AMEU)-. Generalmente, destacan los profesionales consultados, la mayoría de los casos se resuelven de manera ambulatoria con medicación. A partir de la semana 13 de embarazo, se deriva al paciente a un hospital, donde es internada y se define el método para realizar el aborto según la semanas de gestación.
De acuerdo con la nueva ley, a partir de los 13 años, una mujer no necesita contar con la autorización de sus padres para realizar un aborto legal. Según destaca Isla, la ley considera que una adolescente mayor a 16 años puede decidir en forma autónoma. Aquellas de entre 13 y 16, en tanto, también pueden solicitar un ILE o IVE por su cuenta, pero en caso de que se necesite realizar un procedimiento que implique riesgo, los médicos deben recomendarles que llamen un mayor de edad que consideren de referencia, que puede o no ser un padre o tutor. “Muchas veces las mujeres son abusadas en su ámbito familiar. Por eso es importante que no necesiten apoyo de sus padres para abortar”, destaca la funcionaria.
La objeción de conciencia del personal médico, contemplada en las leyes que regulan la práctica de la ILE y la IVE, fue un tema que generó grandes controversias durante los debates que se dieron en la Cámara de Diputados y Senadores previos a la aprobación de esta última normativa. Hoy, según médicos consultados, la temática sigue generando discusiones e inconvenientes, especialmente en el sector privado.
En el Hospital General de Agudos J. A. Fernández, existen desde 2013 10 Anestesiólogos y 15 ginecólogos y obstetras que firmaron su objeción de conciencia a ILE. A partir de la promulgación de la IVE, otros cuatro profesionales se sumaron a la lista, que suma en total 29 médicos. La información fue prevista a LA NACION por Ignacio Previgliano, director del hospital. El centro médico tiene anotados en un cuaderno a estos profesionales y evita que tengan contacto con las solicitudes de abortos.
Dentro del sector médico privado, sin embargo, el manejo de la situación es distinta. “Los objetores de conciencia estamos muy solos. Las obras sociales y prepagas no nos ayudan a saber cómo resolver los casos que nos llegan y no queremos resolver. No nos brindan una lista de personas no objetoras”, manifiesta un ginecólogo y obstetra de renombre, quien prefirió mantener el anonimato. Él atiende en un consultorio privado a través de coberturas sociales y trabaja como jefe de una sección obstétrica de un hospital porteño.
Según destaca la ley, los profesionales de salud que se declaren objetor de conciencia deberán “derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”. Sin embargo, según el médico consultado, en la práctica, esto es complicado. “En mi entorno profesional la mayoría de los ginecólogos somos objetores de conciencia, por lo que es difícil derivar. Además, según la ley, la responsabilidad de que el aborto ocurra cae sobre el primer profesional a quien consulta la paciente, sea objetor o no”, destaca.
“Tucumán está blindado. Hay hospitales que contratan médicos no objetores especialmente para realizar IVE porque no cuentan con ninguno. Esto pasa en muchas provincias”, cuenta Mockevich, que es abogada y se dedica desde hace unos meses a aconsejar legalmente a médicos objetores de conciencia de todo el país.
La ley de acceso al IVE prevé sanciones tanto profesionales como también para las coberturas sociales que no cumplan con lo estipulado en sus artículos. Estas pueden ser disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda. Actualmente, destacan fuentes de la cartera sanitaria nacional, la mayoría de las obras sociales y prepagas no están ofreciendo la cobertura de las IVE, como estipula la ley. Sin embargo, por ahora, afirmó Isla, se está buscando generar consensos a través del diálogo.
Por María Nöllmann
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