A un año de la grieta religiosa: cómo sigue el conflicto entre la Iglesia de Salta y las monjas de clausura de San Bernardo
Con denuncias cruzadas entre las partes, la tensión continúa; frente a un fallido acuerdo, el Vaticano monitorea de cerca la evolución de la situación
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PARA LA NACION
CÓRDOBA.– Hace un año, en el comienzo de la Semana Santa de 2022, se hizo público uno de los conflictos más duros de la Iglesia argentina. El arzobispo de Salta, monseñor Mario Cargnello, fue denunciado junto a otros religiosos por violencia de género y económica por las monjas de clausura del convento San Bernardo. El hecho destacó una diferencia que lleva años y que en la provincia era un secreto a voces: las religiosas son parte de la fundación de la Virgen del Cerro, una devoción que la Iglesia no reconoce. El conflicto está lejos de resolverse.
En estos doce meses se acumularon denuncias cruzadas entre las partes, la intervención del Vaticano y la firma de un acuerdo que, al poco tiempo, quedó en letra muerta. En diciembre pasado reapareció en la fiesta de la Virgen del Cerro, María Livia Galliano, la mujer que dice tener apariciones marianas y que impulsó la construcción de la ermita con la imagen de la virgen –pintada por las monjas del San Bernardo– en el barrio salteño Los Tres Cerritos.
A horas del inicio de la Semana Santa del año pasado, las 18 carmelitas del convento –incluida una religiosa que pedía dejar el monasterio y regresar a la provincia de donde era oriunda– se sumaron a la denuncia de la priora María Fátima del Espíritu Santo. La abogada de las religiosas, Claudia Zerda Lamas, dijo entonces a LA NACION que vivían un “hostigamiento” y un “estado de sufrimiento mantenido en el tiempo desde 1999″ y que tenían “turbación, miedo, pánico, terror”.
Desde la Iglesia siempre negaron que existieran situaciones de violencia, pero sí admitieron tensión en algunas ocasiones cuando el arzobispo pidió e insistió ante las monjas que no podían profesar la devoción a la Virgen del Cerro y que, en caso de mantenerla, debían “elegir” porque la Iglesia no la reconoce.
Doce días antes de la denuncia de las monjas, el Vaticano a través de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, de la que dependen las monjas de clausura, emitió un comunicado que plantea que las carmelitas “no deben en ningún modo involucrarse en actividades ligadas a la así conocida Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús y sostener esta actividad, que claramente tiene sus repercusiones entre los fieles”. Ese es el nombre de la fundación de la Virgen del Cerro del que las monjas son socias.
Apariciones
Sobre las “denominadas apariciones”, el mismo texto señala que todavía la Santa Sede debe “discernir su veracidad y autorizar las prácticas de culto”. Agrega que la comunidad del Carmelo “está obligada a la estricta observancia de las normas de ley en este aspecto, incluida la estricta observancia de la clausura monástica”. La advertencia parece apuntar a las visitas al convento, que según testigos, realizan Galliano y su esposo Carlos Obeid, que es síndico del Carmelo.
A medida que el conflicto fue escalando –frente al monasterio hubo durante meses custodia policial y sobre Cargnello; continúa la restricción de acercamiento, a la vez que hay una investigación judicial sobre las finanzas del San Bernardo–, el Vaticano impulsó un acuerdo entre las partes. El “mediador” ya era conocido en Salta, Francisco Belda Iniesta, que fue abogado del obispo emérito Gustavo Zanchetta, condenado a cuatro años y medio de prisión por abuso sexual.
En el acuerdo, no hay referencias explícitas a la Virgen del Cerro, establece que la priora del Carmelo “proveerá, junto a la comunidad, un proyecto formativo que desarrolle el estudio de la espiritualidad carmelitana y la especificidad de la vida monástica” y plantea que “cada hermana, como el resto de los fieles, puede practicar las devociones particulares que desee, cuando dicha práctica no impida la observancia de la Regla y de sus propias Constituciones”. También pide una “rendición de cuentas” de las finanzas del convento.
La paz duró poco. Días después los abogados de las monjas pidieron a la Justicia que registre en la “planilla prontuarial” a los denunciados y pidieron “medidas compensatorias no económicas”, además de que se notifique a la Santa Sede que existieron hechos de violencia. Justo Cargnello estaba en Roma y se había reunido con el papa Francisco para hablar del tema.
Los abogados del Arzobispado, por su parte, no firmaron el acuerdo para que se frenara la investigación judicial sobre la economía del convento e, indirectamente, sobre el vínculo con la fundación de la Virgen del Cerro.
El año pasado cerró con las autoridades del monasterio denunciadas por presunta privación ilegítima de la libertad por la familia de una de las monjas. El San Bernardo fue allanado porque no le abrían las puertas a los oficiales de Justicia. Cuando los bomberos trepaban para ingresar por los techos, franquearon el ingreso.
En el Vaticano siguen la situación; se mantiene abierta la posibilidad de una “intervención” al convento.
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