A pesar del hambre, aún no hay ley de donación de alimentos

Cerca de 4 millones de argentinos viven en la indigencia, lo que significa que no llegan a comprar lo básico para alimentarse.

De los hogares del país, el 16% presenta riesgo alimentario, es decir que al menos uno de sus miembros pasó hambre durante el año, según el último informe del Barómetro de la Deuda Social, publicado en 2010 por la Universidad Católica Argentina.

A pesar de ello, diariamente, restaurantes, caterings y supermercados tiran gran cantidad de comida. ¿La consecuencia? Familias enteras, todas las noches, revolviendo bolsas en busca de algo para comer. Algunos lugares optan por darle los sobrantes a gente que pasa a pedir, pero la práctica no está sistematizada.

Si hubiese una ley nacional que lo reglamentara, una parte importante de esos alimentos podría recuperarse y donarse en mejores condiciones para su consumo. Pero tal ley aún no existe.

Actualmente, rige una norma que en los hechos no incentiva la donación. Se trata de la ley 25.989 (del buen samaritano), aprobada en 2004, que estipula quiénes pueden donar, qué productos, cómo debe hacerse y los derechos y obligaciones de cada parte. En su artículo 9, eximía a los donantes de la responsabilidad sobre los alimentos una vez entregados a los beneficiarios bajo las condiciones exigidas por el Código Alimentario Argentino. Ese punto fue vetado en 2005 y, a partir de allí, la ley dejó de alentar la donación.

"Si tuviéramos una nueva ley, podríamos conseguir alimentos frescos y también de empresas chicas, que se ven desamparadas a la hora de donar", explicó a La Nacion Alfredo Kasdorf, presidente de la Red Argentina de Bancos de Alimentos (ver aparte).

En la Cámara de Diputados hay dos proyectos que hace más de un año permanecen en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, sin pasar de la discusión de asesores. De no tratarse este año, perderán estado parlamentario.

Uno es el que postula un nuevo artículo 9 para la ley 25.989 y ya tiene sanción del Senado. Este proyecto, defendido, entre otros, por el senador Daniel Filmus, atenúa la responsabilidad de los donantes.

El otro es un proyecto de la diputada María Laura Leguizamón que plantea una responsabilidad solidaria de todos los actores en la cadena de donación y prevé un registro de donantes, donatarios e intermediarios.

Sin interés

Según fuentes cercanas a los diputados y varias organizaciones sociales, la demora en la sanción no sólo se debe al desacuerdo sobre la responsabilidad del donante; el problema es que no hay interés en sancionarlo. "No hubo mucha voluntad de tratamiento", confió a La Nacion uno de los asesores de la comisión, que agregó que, por las elecciones, será difícil que se discuta este año.

En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación Civil Observatorio Social, Gabriela Agosto, afirmó que la ley donal forma parte de una agenda legislativa social que está postergada. "Hay leyes fundamentales que, como no son mediáticas ni favorecen a los grupos con presión política, quedan sin tratamiento", afirmó. Entre ellas, mencionó las de adopción, trata de personas y el régimen de responsabilidad juvenil ante la ley penal.

Por un lado, están quienes consideran que entre donante y donatario hay una relación contractual: el que recibe tiene los mismos derechos que un consumidor y el que da, las mismas responsabilidades de un vendedor. En esta línea está el proyecto de Leguizamón.

Del otro lado están quienes consideran que no puede pesar sobre el donante la misma responsabilidad que cuando comercializa mercadería. Con este espíritu estaba redactado el artículo vetado y se mantiene, en parte, en el proyecto de Filmus.

"El oficialismo ya no tiene mayoría en la comisión como para darle tratamiento", dijo Filmus a La Nacion cuando se le preguntó por qué cree que su proyecto no tuvo en Diputados el mismo éxito que en el Senado.

Por su parte, María Laura Leguizamón dijo: "Luego del veto a la ley del buen samaritano hicimos una nueva propuesta con asesoramiento de muchos sectores para que no sea objetada".

Héctor "Toti" Flores, diputado que integra la Comisión de Acción Social y Salud Pública, afirmó a La Nacion que la legislación tiene que ayudar y no ser una traba. "La ley debería ser facilitadora. Las donaciones se basan en procesos donde tiene que haber confianza entre quien dona y quien recibe", dijo.

En el despacho del diputado Antonio Morante, presidente de la comisión, afirmaron que, por la gran cantidad de proyectos tratados, en 2010 no hubo tiempo de llegar a un dictamen.

Por Lucia Guadagno

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