A pesar de las cifras de pobreza. Denuncian que el presupuesto de este año reduce más de un 13,3% las partidas destinadas a la infancia
Desde Unicef advierten que esto incrementará aún más el número de chicos que viven en la pobreza extrema; dos de cada tres menores tienen afectados sus derechos más básicos, según un informe reciente
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LA NACIONEvangelina Himitian
La situación no es nada favorable: hoy el 51% de los chicos argentinos vive en la pobreza y dos de cada tres tienen afectados sus derechos más básicos, según el reciente informe sobre pobreza multidimensional presentado anteayer por Unicef. En este contexto, resulta llamativo que, tal como denunció el organismo, el Estado nacional haya reducido para este año el presupuesto destinado a la infancia entre un 13,3% y un 22,2%, según el índice inflacionario que se tome en cuenta.
“El presupuesto es un factor clave en la reducción de la pobreza de chicas y chicos. Es fundamental priorizar las políticas públicas y, particularmente, los programas de protección de ingresos que han demostrado ser una herramienta potente para mitigar la pobreza y, sobre todo, la pobreza extrema”, apuntó Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina. Según el informe, elaborado sobre la base del Presupuesto Abierto, el presupuesto nacional destinado a la infancia en 2023 presenta contracciones importantes en áreas sensibles. De no revertirse la situación, se agravaría aún más el impacto de la pobreza en la infancia.
“La asignación del presupuesto nos habla de las prioridades de un gobierno. Si queremos contribuir a erradicar la pobreza en la niñez, esto debería verse reflejado en el presupuesto. Hay que tener en cuenta que en 2022, ya tuvimos una contracción del 4,23% del presupuesto en infancia. Eso se profundizará aún más este año, con recortes en los programas de Asignación Universal por Hijo (AUH), de Primera infancia, entre otros”, explica Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión de Unicef Argentina.
Según detalla, el presupuesto para 2023 votado por el Congreso, facultó al Ejecutivo a realizar un incremento de unos $241.413 millones destinados a los programas e iniciativas nacionales de distintas áreas dirigidas a la niñez y la adolescencia, que son etiquetados en el presupuesto como presupuesto transversal de NNyA (niñas, niños y adolescentes). “Sin embargo, este aumento no se concretó”, apunta Waisgrais.
Para elaborar el informe, en Unicef calcularon dos escenarios posibles: uno con 76,5% de inflación anual, y el otro en base a la estimación del Banco Central de expectativas de mercado, de un 96,7%. Si no se incluyen esas partidas, descontando el impacto de la inflación se producirá una reducción en términos reales 13,3% a 22,2% del presupuesto de infancia.
LA NACION consultó a los voceros del Ministerio de Economía, sin embargo se explicó que esa cartera solo ejecuta el presupuesto que acordaron en el Congreso y que depende de cada secretaría o ministerio. También se remitió la consulta a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), pero no hubo respuestas.
“La asignación inicial del presupuesto para 2023 no contempló el incremento de partidas por $241.413 millones con impacto sobre el transversal de niñez incorporado en el artículo 116 de la ley de presupuesto que dispuso el Congreso Nacional en el debate parlamentario. En consecuencia, los $2.713.602 millones (1,83% del PIB) asignados al presupuesto transversal de NNyA para el año en curso representan una contracción adicional respecto de 2022 (de entre 0,21 y 0,28% del PIB), una caída en la participación de la niñez y adolescencia en el total de la Administración Pública Nacional (pasando de 10,3% a 9,4% del total) y un ajuste real que volvería a incumplir la prohibición legal de reducciones interanuales”, apunta el informe de Unicef.
¿En qué áreas se verán las restricciones presupuestarias? Según el informe de Unicef, en base a cifras oficiales, durante 2022 se achicaron las partidas de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, en un 10,4%; los programas para madres de 7 o más hijos, en 10,8% y la prestación Alimentar, en 7,5%, “todas destinadas a la protección de ingresos de la niñez y sus familias; los programas destinados al fortalecimiento y construcción de espacios de educación y cuidado para la primera infancia (en conjunto caen 36%); y otras políticas relevantes del sector educativo (Gestión educativa y políticas socioeducativas, -39,3%; Infraestructura y Equipamiento educativo, - 27,4%) y del sector salud (entre ellos, Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, -13,8%”, señala el informe. El gasto ejecutado por la Sennaf también se redujo un 10%.
Para este año, los recortes son estimados y afectarán principalmente las asignaciones familiares, AUH y asignación por embarazo, con una reducción de entre un 11% y un 20%; también se destinará entre un 22% al 42% menos para políticas alimentarias. Además, se recorta el presupuesto de primera infancia y cuidados entre un 24% y un 32%, y caerá la inversión en la construcción de centros de desarrollo infantil a más de un 90%. “Todos estos son elementos muy potentes para revertir la pobreza, en un contexto inflacionario”, apunta Waisgrais.
El informe detalla cómo se redujo en los últimos años el presupuesto de la administración pública, a nivel general, con el objetivo de reducir el gasto del Estado. “El gasto del Estado nacional se redujo de 23,3% del PIB en 2021 a 20,5% del PIB en 2022″, dice. Sin embargo, ¿es correcto contabilizar las erogaciones en el presupuesto de infancia como gastos del Estado? “Es importante la aclaración. Estamos en una situación que demanda la reducción del déficit fiscal. El presupuesto habla de la prioridad de las políticas públicas. El presupuesto nacional representa el 20,5% del PBI y el de niñez, 1,83%. Este ajuste lo reduce en un 0,2% del PBI. En términos de la economía no es tan relevante, pero el impacto en los hogares es enorme. Frente a un contexto donde la mitad de los niños y niñas están en pobreza y dos de cada tres tienen vulnerados sus derechos básicos, no debería ser una variable de ajuste. Deberíamos encontrar los consensos básicos para que ningún chico viva en la pobreza”, apunta Waisgrais.
“Vemos retrocesos importantes en cuestiones básicas de políticas alimentarias y de asignaciones familiares. Si se quiere reducir la pobreza en la infancia, no están yendo en la dirección correcta. Es importante aclarar que no estamos hablando del todos los planes sociales en general, sino del sistema de protección social que mitiga enormemente el impacto de la pobreza, como la AUH y la tarjeta Alimentar, que generan un sostén para muchísimas familias. Si no tuvieras estos mecanismos de protección, el impacto de la pobreza sería aún mayor: tendríamos un 55% de chicos en la pobreza, y más del 20% en pobreza extrema”, agrega.
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