Vuelo narco: clausuraron un aeródromo, arrestaron a tres sospechosos y pusieron a un fiscal en la mira por los 324 kilos de cocaína

El misterio del vuelo narco que se estrelló al intentar aterrizar en un camino rural en Chaco provocó un fuerte escándalo en Bolivia. Las autoridades de ese país analizaron la información obtenida a partir de la matrícula de la aeronave que transportaba más de 324 kilos de cocaína y avanzaron en su propia investigación: cerraron un aeródromo, arrestaron a tres sospechosos y pusieron en la mira a un fiscal que habría colaborado con la organización criminal.

El cargamento de cocaína hallado dentro de la avioneta está valuado en más de seis millones de dólares.

La línea de investigación local apunta a que la avioneta pertenecería al clan Lima Lobo, que es una organización narco oriunda de Santa Cruz de la Sierra, pero que tiene relación con PCC. La sospecha de que podría estar esta organización detrás de este narcovuelo responde a que la justicia chaqueña venía investigando que el clan Lima Lobo había comenzado a operar en el norte y el Litoral argentino a partir de la pandemia.

Si esta hipótesis se confirma podría ser otro indicio más de la presencia de PCC como abastecedor de cocaína en territorio argentino. Lo que deducen los investigadores es que esa cantidad de cocaína -324,8 kilos- podría estar destinada al tráfico internacional.

En agosto de 2021, Jesús Einar Lima Lobo Dorado, fue condenado a 14 años de cárcel por la justicia de Brasil, luego de comprobarse que fue responsable de enviar 300 kilos de droga a ese país vecino en 2017.

Por lo pronto, en Bolivia se decidió la captura de los responsables operativos de la aeronave Cessna 210, Turbo Centurion II, con matrícula CP-3123. La base de esa avioneta es el aeropuerto de El Trompillo de Santa Cruz, según informó Elmer Pozo, director de la Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, en declaraciones a la prensa de su país. El plan de vuelo del martes 18 marcaba un trayecto de 25 minutos hasta el aeródromo Río Negro, en la localidad de Ascensión de Guarayos. De allí partió en un “vuelo privado” y estaba previsto que volvería un día después. En ese momento fue en que una mala maniobra en el aterrizaje, presuntamente por un reparto inadecuado de la carga, derivó en que el Cessna 210 quedase tumbado.

Pese a las deficiencias en la información del plan de vuelo, el despegue fue autorizado en el aeródromo Río Negro, donde no se tomó en cuenta tampoco que la aeronave tenía prohibición de salida de Bolivia. Por eso, las autoridades decidieron clausurar esa terminal aérea.

Y apuntaron contra un fiscal, que quedó bajo sospecha por su supuesta colaboración con la organización que trafica drogas. Es que se había detectado un vuelo irregular a Paraguay que se concretó con esa aeronave el pasado 23 de mayo y, en consecuencia, una de las medidas de control ordenadas por la justicia fue la inspección total del Cessna en busca de posibles residuos de drogas. La avioneta estuvo precintada en el aeropuerto Puerto Suárez, en Santa Cruz, hasta que el 13 de junio un fiscal decidió que el examen fuese realizado por forenses a su cargo en lugar de peritos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Con el resultado negativo, el Cessna fue habilitado nuevamente.

El viceministro boliviano de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, anticipó a radio Erbol que impulsará una acción penal contra la fiscalía que actuó en ese tema.

Ese contrabando de drogas forma parte de una de las rutas más exploradas por los grupos narco. Durante los últimos doce meses empezó a repetirse un fenómeno que preocupa a los gobiernos en Buenos Aires y Asunción: el robo de avionetas destinadas al narcotráfico. Se produjeron siete casos de sustracción de aeronaves. Dos en Chaco y cinco del otro lado de la frontera, en Paraguay, con otra particularidad: las aeronaves robadas tenían como destino Bolivia, país que es productor de cocaína, donde se sospecha que estas avionetas, en su mayoría Cessna, se utilizan para vuelos clandestinos para trasladar droga a Paraguay y la Argentina, donde se presume que esos cargamentos luego salen por la hidrovía Paraná-Paraguay, rumbo a Europa, una ruta cuya logística maneja el Primer Comando Capital (PCC).

Uno de los encargados de esa ruta aérea sería Jorge Adalid Granier Ruiz –boliviano, pero con DNI argentino– que tenía orden de captura internacional desde hace un año y fue atrapado en abril pasado en Brasil. Su servicio de “taxi aéreo” costaba 300.000 dólares. Los clientes debían pagar un adelanto para contratarlo. Los viajes los hacía un piloto de su mayor confianza. La aeronave despegaba desde Paraguay o Bolivia hacia la Argentina solo cuando tenía completa su capacidad de carga: entre 380 y 400 kilos de cocaína.

Uno de las formas más habituales de traslado de cocaína hacia los puntos de acopio de drogas, donde luego es acondicionada para el transporte terrestre hacia los mercados de consumo, es el bombardeo en campos. Las avionetas pasan a baja altura y dejan caer las cargas. A veces los cálculos de las bandas no son precisos y esos cargamentos quedan en manos de las autoridades luego que puesteros o cazadores encuentran de casualidad esas bolsas con cocaína. Así pasó en en la zona de J.B. Molina, cerca del límite entre Santa Fe y Buenos Aires, donde se hallaron bolsas arpilleras con 175 kilos de cocaína de máxima pureza.

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