Violencia: un narco enojado por el traslado de prisión habría ordenado ataques indiscriminados y amenazas a la prensa para generar terror
El gobierno de Santa Fe califica como “terrorismo” a la estrategia criminal de uno de los clanes rosarinos
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ROSARIO.-La sombra de René Ungaro, uno de los narcos más pesados y sanguinarios de Rosario, preso actualmente en el penal federal de Rawson aparece detrás del ataque a balazos contra el edificio de tribunales federales de Rosario y de la amenaza que apareció el martes pasado en Telefé Noticias con el mensaje: “Vamos a matar periodistas”. Los dos hechos encierran una estrategia criminal que desde el gobierno de Santa Fe catalogan como “terrorismo”.
Es un escenario inédito hasta ahora en la Argentina. Las alarmas en Rosario se encendieron desde hace tiempo y la escalada de violencia no sólo perforó la vida cotidiana de esa ciudad –donde se produjeron más de 2300 homicidios en la última década-, sino que ahora pone en la mira blancos institucionales.
A estos dos hechos se suman otros más trágicos, planeados por el mismo grupo criminal, como fue el doble asesinato de Claudia Delddebio y su hija, la profesora de danzas Virginia Ferreyra, que fueron acribilladas el 23 de julio pasado, cuando esperaban el colectivo en una plaza. Los dos autores detenidos por este doble crimen –que recibieron órdenes de Ungaro desde el penal federal de Ezeiza, donde estaba alojado antes de ser trasladado a Rawson- están acusados también de disparar contra el edificio del distrito sur de la Municipalidad de Rosario. “Se buscó causar temor en la zona y herir o matar a alguna persona ajena al conflicto” narco, resumió el fiscal Pablo Saldutti.
El cartel que colgaron en Telefé Noticias de Rosario el martes a la mañana tuvo el mismo objetivo: generar terror. “A todos los medios de Rosario…dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode”, advertía una tela con letras rojas pintadas con aerosol que se instaló en la puerta de la emisora, a dos cuadras del Monumento a la Bandera.
Una de las hipótesis de la investigación apunta a que esta amenaza fue el plan B. La idea original era disparar el lunes a la madrugada contra el canal, pero algo falló. Una versión señala que uno de los soldaditos narco fue detenido antes de concretar el ataque. Otros miembros del grupo fueron a rescatarlo al ofrecer un aporte económico a la policía. Esa pista señala que la orden para atentar contra el canal salió de la cárcel de Piñero, a 25 kilómetros de Rosario. Horas después de que apareciera la amenaza el fiscal Federico Rébola ordenó que se requisara el pabellón 13, donde está detenido un sicario de la banda de Los Funes, aliados y socios de Ungaro, que se llama Iván Gutiérrez. Funes habría tenido contactos con el penal de Rawson, donde está alojado actualmente Ungaro.
Gutiérrez es el novio de Solange Funes, hermana del líder del clan. Está detenido por una investigación que realizó la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Balaceras. Lolo, como se lo apoda a este joven de 19 años, era uno de los sicarios más activos del clan Funes-Ungaro, según detectó la causa. En las escuchas telefónicas se advierten las órdenes que su jefe le daba a Lolo a través de su hermana, que por ejemplo le recrimina no haber descartado el arma que usó para matar a una persona. “Con la pistola esa mataste. Por qué no la guardaste. Te lo dije mil veces”, le dijo Solange a Gutiérrez el 13 de octubre de 2021. Ese día la policía realizaba un operativo en el barrio La Tablada, donde operaba Gutiérrez, y corría riesgo de ser detenido con el arma que –según su pareja- había usado en asesinatos. “Tiene las huellas de todos”, admitió Lolo esa tarde.
La amenaza al periodismo aparece unida con el ataque que se produjo el 23 de setiembre pasado a los tribunales federales de Rosario. El clan criminal es el mismo que estaría detrás de los dos hechos. Y el detonante, según interpretan los investigadores, sería una respuesta o venganza del líder del narco Ungaro a su traslado desde la cárcel de Ezeiza a Rawson. “Con los traslados los jefes narcos pierden dinero y poder de mando, que logran reconstituir a través de los contactos dentro de los penales, pero les lleva tiempo y mucho dinero”, explicó una fuente de la investigación.
Una secuencia similar ocurrió en mayo de 2018, cuando Ariel “Guille” Cantero fue trasladado del penal de Piñero a la Unidad Penitenciaria Federal Nº7 de Resistencia, Chaco. El líder de Los Monos comenzó a partir del 29 de mayo de ese año un plan para atentar contra edificios judiciales y residencias de magistrados. Fue condenado a 22 años de prisión por considerarlo el ideólogo de siete de los 10 atentados que se juzgaron. El “traslado” equivale, según apuntaron los investigadores, a perder por un tiempo cierta cuota de poder con el territorio.
“La única salida es crear un régimen especial de detención, en un penal de máxima seguridad, donde los presos de alto perfil tengan condiciones de seguridad más rigurosas. Esta propuesta se lo trasladamos a funcionarios del gobierno nacional, porque la situación es límite con el crimen organizado en Rosario”, advirtió el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, en diálogo con LA NACION.
En septiembre del año pasado el titular de Procunar Diego Iglesias presentó un informe sobre cómo actúan los grupos narcos en la sombra de las cárceles federales, donde desde que estalló el escándalo por el llamado operativo Puf –de supuesto espionaje contra dirigentes políticos del kirchnerismo- se disolvió el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. En el documento se mencionan 20 casos de capos narcos, la mayoría de ellos ya condenados, en los cuales se detectó que aún coordinan, desde cárceles federales y provinciales de todo el país, “maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros delitos vinculados, ya sea lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas”.
En el atentado al edificio de los tribunales federales de Rosario actuó el mismo grupo narco. El miércoles pasado fue detenido el presunto autor, que es un eslabón de la banda narco de Ungaro. Guillermo C. vivía en San Lorenzo al 2200, en pleno centro, a cuatro cuadras del lugar donde disparó el 23 de setiembre para sembrar terror.
Fue atrapado cuando limpiaba la vereda de su casa, que pertenece a una mujer que vive en Estados Unidos. Vestía pantalones cortos y una remera. Esa mañana se acercaron dos policías de civil y lo rodearon. Después se sumaron más efectivos y lo sentaron en el piso hasta que le pusieron las esposas. El plan de la Policía Federal, según explicó a LA NACION el jefe de esa fuerza en Rosario, Victor Chanenko, era detenerlo fuera de su casa. El inmueble fue allanado minutos después. Esa manera de actuar en la calle respondió a que querían evitar que Guillermo C. se deshiciera de su celular y de otras pruebas si allanaban la residencia donde vivía. Primero lo detuvieron y después ingresaron a la casa.
El fiscal federal Javier Arzubi Calvo tenía evidencia suficiente para su detención, después del minucioso trabajo que la Unidad Antiterrorista había realizado con las cámaras de seguridad públicas y privadas, y también con otras pruebas que se habían obtenido. Después del atentado del 28 de setiembre, Guillermo C. tiró en el contenedor de la basura de calle San Lorenzo al 2200 un blíster de tarjeta SIM de celular y papeles con anotaciones. La PFA no logró secuestrar el arma que utilizó la madrugada del 28 de setiembre para hacer dos disparos, uno de los cuales atravesó la garita de seguridad que usa la Prefectura Naval, cuyos guardias a esa hora dormían dentro del edificio de Oroño 940, según admitieron al fiscal.
En la investigación se detectó que Guillermo C. mantenía comunicaciones permanentes con la cárcel de Rawson. Aunque se deshizo de varios chips de celular que cambiaba de manera permanente los efectivos de la Unidad Antiterrorista de la PFA lograron establecer a través de información suministrada por las empresas telefónicas que se conectaba a un celular en Rawson y recibía llamadas del teléfono público del penal.
Ahora se trata de establecer con qué preso se contactaba en esa unidad penitenciaria. El fiscal Arzubi Calvo ordenó que se extraiga la información de la tarjeta SIM que fue secuestrada en el contenedor de basura. Y se presume que esos datos van a confirmar la hipótesis de que Guillermo C. recibía órdenes de René Ungaro, el jefe narco de Rosario que opera en alianza con Alan Funes. Ungaro, condenado por narcotráfico y homicidios, suma más de 50 años de condena en ambos fueros, fue trasladado desde el penal de Ezeiza a Rawson con extremo bajo perfil, según confirmaron fuentes de la justicia federal.
Según informaron fuentes de la justicia provincial, Gutiérrez mantuvo comunicaciones el domingo pasado con miembros del clan Funes-Ungaro, que habrían estado preparando el ataque que finalmente se frustró contra Canal 5 -del grupo Telefé-, donde apareció el martes el cartel con la amenaza: “Vamos a matar periodistas”.
A la par de estos hechos violentos, donde convergen atentados y amenazas, se suma otro, que tiene como protagonista al llamado Rey de la Efedrina Mario Segovia, actualmente preso en el penal de Ezeiza. Este viernes la Cámara federal de San Martín confirmó el procesamiento contra Segovia y su hijo Matías, que tenían un plan de fabricar explosivos de alto poder. La Justicia Federal de Rosario investiga a Segovia y al narco peruano Julio Rodríguez Granthon por estar detrás de un plan para colocar coches bomba en Rosario.
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