Violencia institucional: una madre denuncia que su hijo fue víctima de un caso de “gatillo fácil”

Hace un año que la vida de Romina Vergara tiene un único fin: probar que el asesinato de su hijo Brandon Romero a manos de un oficial de la policía bonaerense no fue un acto de legítima defensa, sino un caso más de gatillo fácil.

“En todo este tiempo –contó– fui yo la que reconstruyó el hecho porque los fiscales no investigaron nada, solo se dedicaron a creer la versión del intento de robo. No les importó que Brandon tuviera 18 años, que nunca hubiera pisado una comisaría, que estuviese desarmado e indefenso en una ruta. Mi hijo fue presentado como el ‘chorro’ que le había querido robar a un policía; en el juicio se va a saber que, en realidad, era un panadero al que un policía fusiló de siete disparos”.

Brandon estaba de franco ese domingo 5 de julio de 2020 y por eso había ‘alargado’ la noche anterior. Alrededor de las 4.30 de la madrugada un joven en moto pasó a buscarlo por su casa, en el barrio Las Américas, de Mar del Plata, para juntarse a tomar unas cervezas. Dos horas después, a la altura del kilómetro 6 de la Ruta Nacional 226, Brandon se cruzaría con Pedro Arcángel Bogado, un subteniente de la policía bonaerense que trabaja en el traslado de detenidos.

Según la versión del policía, él estaba con su moto a pocos metros de la rotonda de Sierra de los Padres cuando tres jóvenes, también a bordo de una moto, lo sorprendieron para robarle. Luego de esquivarlos, Bogado retomó de contramano y estacionó en la banquina. Dijo que escuchó el estruendo de un disparo y que alguien gritó “matalo”. Eso lo convenció de vaciar su cargador contra uno de los jóvenes que se acercaba caminando por el medio de la ruta. Lo último que vio, dijo, fue que al menos tres vehículos arrollaron el cuerpo tendido sobre el asfalto.

Al mediodía, un patrullero dejó una notificación en la casa de los Romero para que se presentaran en la comisaría 6a. Romina estaba en Santa Clara del Mar y el viaje de regreso lo hizo con la certeza de que algo había pasado con su hijo. Cuando llegó, un jefe policial le explicó que Brandon había querido robarle a un policía, que recibió dos disparos y que, al caer sobre la ruta, lo atropelló un auto y lo mató.

“Me dieron el carnet de la obra social –recordó Romina–, el celular y el cargador con un poquito de sangre. Me habían dicho que a mi hijo lo habían pisado tres autos, pero el celular estaba intacto. Esa misma tarde, los medios dieron la noticia de que habían abatido a un ladrón con antecedentes, que tenía 23 años y que estaba en un raid delictivo. A pesar de mi dolor, igual era muy consciente de que había algo raro. No quería que cremasen el cuerpo, quería conservarlo para que lo analizaran. En la funeraria nos dijeron que para velarlo había que ‘armarlo’. Así me lo dejaron”.

Entre el sobreseimiento y la prisión perpetua

La autopsia al cuerpo de Brandon constató que recibió siete disparos. La ubicación de los casquillos desparramados en la escena del crimen permitió inferir que los dos primeros fueron a una distancia mayor y que impactaron en las piernas, provocando la caída. Luego Bogado se acercó y apuntó cinco veces más. “Mi hijo se tapó la cara y por eso uno de los tiros le entró en una mano; otro fue al pómulo; otro, a la nariz, y el último, en medio de la frente. Fue un fusilamiento contra un chico desarmado que ni siquiera se podía defender”, se lamenta la madre.

El juez de Garantías Saúl Errandonea elevó la causa a juicio oral con Bogado acusado de “homicidio agravado por haberse cometido abusando de su función o cargo por ser miembro integrante de las fuerzas policiales y por el empleo de arma de fuego”, que tiene una expectativa de pena de prisión perpetua. Lo hizo por pedido del abogado de la familia de Brandon, César Sivo, luego de que el fiscal marplatense Alejandro Pellegrinelli desistiera de acusar y pidiera el sobreseimiento del policía alegando que se había tratado de un caso de legítima defensa.

En su instrucción, Pellegrinelli avaló la versión de Bogado y dictaminó que “se trató de una conducta defensiva esperable en términos de racionalidad, donde el encartado se encontró en una situación de vulnerabilidad que hizo -a mi entender- que no pudiera actuar o reaccionar de otro modo, resultando el instrumento de defensa empleado de igual entidad agresiva que el utilizado por sus atacantes para generar la agresión ilegítima, con el trágico y lamentable desenlace conocido”.

En su requerimiento de elevación a juicio, el abogado Sivo opinó que el Ministerio Público “ha efectuado una consideración fragmentaria, sesgada, aislada y sumamente discriminatoria (y minada de prejuicios de clase) de las pruebas e indicios recolectados, incurriéndose en omisiones y falencias respecto de la verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio. En otras palabras, omitió realizar una visión de conjunto de la prueba hasta ahora reunida, por lo que su pretensión debería ser declarada nula o, como mínimo, carente de todo sustento, razón y derecho”.

Bogado, en tanto, cambió de defensor y está a la espera de que la Cámara de Apelaciones confirme la elevación a juicio. Pese a la gravedad de la imputación, no estuvo ni un solo día detenido.

“Voy a luchar hasta el final –dijo Romina– para que se haga justicia por mi hijo. Así como salió la ley de femicidio, quiero lograr una ley para el gatillo fácil y que los policías que fusilan pibes paguen y no queden nunca más impunes”.

Marchas a los tribunales

El 5 de cada mes, la familia y amigos de Brandon Romero se movilizan hacia los tribunales de Mar del Plata para visibilizar el reclamo de justicia. También realizaron acampes para exigir que las autoridades judiciales los reciban y para repudiar el pedido de sobreseimiento hecho por el fiscal Alejandro Pellegrinelli con respaldo de la Fiscalía General, a cargo de Fabián Fernández Garello.

El 27 de diciembre de 2020, un día antes de la fecha en que Brandon hubiera cumplido 19 años, se estrenó el documental “Sin plata, sin miedo” que reconstruye su vida, la lucha de la familia para que se castigue al policía que lo mató y hasta el rol de los medios en el tratamiento de la noticia.

El documental también sirve como retrato de los jóvenes de los barrios populares, que suelen ser las víctimas de los abusos de las fuerzas de seguridad.

El propio abogado que representa a la familia Romero como particular damnificado, César Sivo, afirmó en su requerimiento de elevación a juicio que las características que rodean al caso “implican que debamos incorporar en su análisis el término ‘violencia institucional’ y todo lo que social y normativamente ello significa. Este tipo de violencia vulnera los derechos de todos los ciudadanos, pero en particular, los de los grupos más excluidos y/o minoritarios de nuestra sociedad: los integrantes de la comunidad LTGB, las comunidades indígenas, las personas de bajos recursos económicos, los jóvenes, los cuerpos gestantes -a la hora de dar a luz- entre tantos otros ejemplos”.

En ese sentido, Sivo recordó un relevamiento de la Comisión por la Memoria (CPM) que concluyó que “los hombres jóvenes provenientes de sectores urbanos degradados corporizan el estereotipo socio-policial sobre la peligrosidad y el delito, constituyéndose por tanto en objeto predilecto de la persecución de las fuerzas de seguridad, pero también de las restantes agencias que componen el sistema penal”.

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