Un juicio inédito: un policía enfrenta cargos por matar de un tiro a una perra en Chubut
En marzo del año pasado, en pleno aislamiento social por la pandemia de coronavirus, el sargento Elías Saavedra entró en una casa de Playa Unión; Tita le ladró, como a un intruso, y el uniformado le disparó a quemarropa; en la acusación se apelará al concepto de los animales como “sujetos de derecho”, como en el caso de la orangutana Sandra
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LA NACIONGastón Rodríguez
Tita sintió que un extraño irrumpía en la casa y salió a enfrentarlo. Era incapaz de distinguir que se trataba de un policía, y mucho menos de entender que portaba una pistola. Se le fue encima y logró sacarlo a la calle. El escarmiento del sargento Elías Saavedra fue impiadoso: le disparó a quemarropa, provocándole la agonía y luego la muerte. El miércoles 26 de mayo, en la oficina judicial de Rawson, Saavedra será juzgado por un nuevo caso de violencia institucional en Chubut durante la cuarentena por Covid, pero con un detalle que lo vuelve excepcional: la víctima es una perra.
“Tita era como nuestra hija; si llegamos hasta la instancia de juicio es porque era una integrante más de la familia y no una simple mascota. Por eso queremos que se haga justicia”, le dice a LA NACION Marionella Castillo, alguien que sería incapaz de presentarse como la “dueña” de Tita. El caso, sin antecedentes en el país, obliga a reemplazar términos habituales por expresiones que se ajustan al Derecho Animal, como “cuidador responsable” o “guardador”; a desterrar la idea de “tenencia”, que refiere a objetos, y a incorporar conceptos como “familia multiespecie”, “seres sintientes” o “animales no humanos”.
El caso de Tita, muerta por un disparo policial en Playa Unión, no será encuadrado legalmente como un “homicidio”. Se discutirá bajo el paraguas normativo de la ley 14.346, que tiene más de 60 años y establece penas de entre 15 días y un año a las personas que “inflijan malos tratos o hicieren víctima de actos de crueldad a los animales”.
“Yo sentía el dolor de haber pedido una hija –insiste Marionella–, pero dentro del Código Civil el animal es visto como un objeto, una propiedad. Me acuerdo de que el policía hasta me quiso pagar por Tita, como si fuera una mercancía. Por suerte, Lorena Bilicic, una experta en Derecho Animal, se comunicó conmigo, nos enseñó este cambio de paradigma sobre el maltrato animal y nos mandó jurisprudencia para saber cómo encarar la causa”.
La defensoría pública de Rawson, representada por Damián D’Antonio, había tomado intervención de inmediato por tratarse de un claro hecho de abuso policial, sin embargo, la presencia de Tita obligó a construir una estrategia judicial fuera de lo común.
“Como querella nos diferenciamos de la fiscalía porque nosotros humanizamos a la víctima, en una concepción que tiene en cuenta los derechos del animal. Nunca me había tocado un caso así, y debí entender el concepto de familia multiespecie, es decir, no solo compuesta por personas, sino también por animales que son sujetos de derecho. Lo que se genera entre el animal y las personas es una relación de familia; el animal comparte nuestras alegrías, está con nuestros hijos; no es una mascota y mucho menos una cosa, porque son seres sintientes. Así lo entendimos y así lo vamos a presentar en el juicio”, explica D’Antonio.
A Marionella, además del castigo por el dolor causado, la moviliza una razón menos personal. “La manera en que este hombre actuó en plena tarde, a la vista de todos, la liviandad con la que sacó el arma y mató a Tita solo porque le había ladrado, me causa temor. Lamentablemente, las leyes de maltrato animal tienen penas que son muy bajas, son delitos excarcelables. Incluso, no pretendo que pierda el trabajo, pero al menos que no pueda portar más el arma porque es un peligro para la comunidad. Si así funciona su cabeza, no tengo dudas de que se va a mandar otra cagada más grave”, advierte.
“Un vacío enorme”
El 26 de marzo de 2020, a días de comenzada la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, el sargento Elías y otros dos efectivos recorrían las calles del balneario Playa Unión, a pocos kilómetros del centro de Rawson, para verificar el cumplimiento de las restricciones. Cerca de las dos de la tarde, Saavedra ingresó en la propiedad de los Castillo con el pretexto de buscar albañiles que estuvieran trabajando en una obra dentro del terreno. “Tita se alertó y salió a ladrarle. El policía retrocedió, llegó a la vereda y cuando mi marido ya estaba a un metro de Tita para llevársela, sacó el arma reglamentaria y la ejecutó delante de mi esposo y de todos los vecinos que en ese momento ya estaban mirando la escena. Después, el policía se subió al patrullero y huyó, dejando a los dos compañeros”, recuerda la mujer.
Uno de los hijos de Marionella envolvió a Tita en una frazada y junto al padre la llevaron hasta el veterinario más cercano, pero el diagnóstico fue descorazonador: la perra había perdido demasiada sangre y la bala, que había ingresado por el cuello, le había pulverizado vértebras y le había dañado los pulmones. Para evitarle más sufrimiento, la familia accedió a la inyección que apuró el final.
El fiscal de Rawson, Osvaldo Heiber, imputó a Saavedra por infracción a la Ley 14.346 de Protección Animal en concurso con el delito de abuso de autoridad, con una pena prevista de un año de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación por dos años. La defensa del policía alegó que se había defendido luego de que Tita lo mordiera y pidió el sobreseimiento. En la audiencia preliminar, el juez Fabio Monti admitió la postura del fiscal y elevó la causa a juicio oral.
Tita era una perra mestiza, de un año y tres meses, de pelo negro con una “corbatita” blanca en el pecho que dio el pie perfecto para el nombre. Dormía con los hijos de Marionella y hasta se bañaba en la ducha de la casa.
“La muerte de Tita nos dejó un vacío enorme; todos los días se la extraña. Haber llegado al juicio es importante porque vamos a poder demostrar que fue un asesinato y así lograr que se haga justicia por ella”, concluye la mujer.
Una ley pionera con penas bajas que aún no se ha podido reformar
Más de 20 proyectos presentados en el Congreso Nacional buscaron reformar la normativa vigente sobre maltrato animal, pero hasta el momento ninguno prosperó. La Ley 14.346, sancionada en 1954, fue pionera desde el punto de vista ético al considerar a los animales como víctimas, dando cuenta de que no se trata de objetos. Sin embargo, a lo largo de 60 años mucho ha cambiado sobre el valor inherente de los animales y sus derechos.
“La ciencia demostró que los animales no humanos, para salir de la visión antropocéntrica, sienten y piensan. Considerarlos víctimas en una ley penal de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional marca un quiebre con el Código Civil, que todavía los considera como una propiedad. Por eso es importante aplicar la ley, aún defectuosa como es, para avanzar en la jurisprudencia y también en la educación de las personas; por ejemplo, cambiando el lenguaje para decosificarlos”, explica Lorena Bilicic, abogada penalista y directora del Observatorio de Derecho Animal Argentina, un espacio ad honórem que litiga por la causa animal.
Bilicic destaca como paradigmático el caso de la orangutana Sandra, a quien el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N°4 de la Ciudad de Buenos Aires reconoció como “sujeto de derecho” y “persona no humana”, al tiempo que le ordenó al Zoológico de Palermo que le garantizara “las condiciones naturales del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas”, en un fallo de marzo de 2015. Sandra está, desde noviembre de 2019, en un santuario para grandes simios en Florida, Estados Unidos.
En su libro Protección jurídica de los animales no humanos, Bilicic señala que la jurisprudencia argentina “ha sentado importantes precedentes en cuanto a la consideración jurídica de los animales no humanos como sujetos de derecho, gracias a la aplicación de la ley 14.346”, pero lamenta que “aún no se ha plasmado en nuestro ordenamiento civil y comercial, que considera a estos como cosas”.
“La ley actual –agrega en el diálogo con LA NACION– tiene penas muy bajas; en la mayoría de las causas la sentencia termina siendo una probation. En el caso de Tita, si la defensa pública no hubiera tenido otro delito [el abuso de autoridad cometido por el sargento Elías Saavedra] para sumar a la carátula del hecho, no se hubiera llegado a juicio”.
Por Gastón Rodríguez
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