Violencia en el conurbano: los motochorros instalan cotos de caza y el delito se muda a los alrededores de escuelas
La reiteración de violentos episodios expone que ladrones eligen como víctimas fáciles a estudiantes y docentes bonaerenses
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La mecánica del delito es bastante simple. Dos ladrones merodean arriba de una moto hasta visualizar alguna presa fácil. Esa sencilla modalidad criminal se repite una y otra vez en el conurbano. Sin que nada detenga el movimiento de motochorros. Y con el camino libre rodean nuevos blancos. El objetivo parece centrarse en los últimos días alrededor de escuelas. Así lo exponen cámaras de seguridad que grabaron ataques a estudiantes y docentes a metros de establecimientos educativos. Son apenas una muestra que se hace pública. En la provincia de Buenos Aires se denuncian cada día 137 robos agravados por el uso de arma de fuego. Sin embargo, las estadísticas oficiales del Ministerio Público Fiscal bonaerense no logran transmitir los peligros callejeros con la misma intensidad de las imágenes filmadas. Esa secuencia, por ejemplo, en la que una profesora corre y lucha contra motochorros que la emboscaron frente a un colegio en La Matanza.
Ese ataque sucedió anteayer, a las 14.30, frente a la Escuela de Educación Secundaria N° 7, situada en Hilario de Almeira al 1800, en la localidad de Isidro Casanova. Uno de los delincuentes realizó un disparo al aire cuando su cómplice fue golpeado con una bolsa por una vecina que intentó auxiliar a la docente. Robo agravado por el uso de arma de fuego, como los 50.119 denunciados en territorio bonaerense el año pasado.
En José León Suárez la víctima fue una alumna de 12 años. “Tengo miedo”, se escuchó decir a la chica al ser consolada por vecinos. Iba a la escuela con su hermana cuando fueron sorprendidas por ladrones. “Había gente en la esquina y nadie vino a ayudar”, agregó, ahogada en sollozos, mientras un grupo de mujeres intentaba, sin fortuna, contenerla. En muchos casos los testigos intentan actuar. Así lo hizo esa mujer que buscó proteger a la docente en La Matanza. También intentó ayudar a una vecina Carlos Víctor Bustos el pasado lunes en Lavallol, pero los ladrones no le dieron oportunidad y lo mataron de un disparo. Fue una de las siete víctimas mortales en robos registradas en los últimos siete días.
Pero en el episodio que llenó de temor a esa menor en el partido de San Martín no se observó un arma de fuego. Entonces, para la Justicia se trataría de un robo simple. De esos casos se sumaron 102.976 denuncias en 2022. En promedio, 282 por día. Muchas víctimas ni siquiera denuncian el hecho. Así que las estadísticas son solo un piso que establece el nivel del delito en Buenos Aires.
De nuevo las imágenes de cámaras de seguridad demuestran los riesgos con mayor fuerza que las cifras del delito. La filmación del sistema de videovigilancia instalado por un vecino en Quilmes –inversión privada en protección motivada por la inseguridad– registró cómo un hombre y su hijo fueron robados por motochorros en la localidad de Ezpeleta.
El hecho se produjo el pasado martes, poco después de las 7, mientras un hombre acompañaba a su hijo a la Escuela Secundaria N° 22. A la altura de las calles Julio Casares y Namuncurá, a dos cuadras del colegio, el menor y su padre fueron abordados por dos motochorros que los rodearon y rápidamente le arrebataron al adolescente sus pertenencias. Un día antes, otro video difundió un robo antes del ingreso en un establecimiento educativo de Quilmes. En esa grabación se observa a dos adolescentes mientras caminaban el pasado lunes rumbo a la escuela. Faltaban algunos minutos para las 7.30 cuando una pareja de motochorros las consideró un blanco accesible.
Desde 2019 existe en Buenos Aires una ley que permite la acción preventiva contra motochorros. La legislatura provincial aprobó en mayo de ese año una iniciativa que transfería a los municipios la posibilidad de prohibir la circulación de dos personas en una moto en determinados sectores y en horarios a definir por el jefe comunal. Pasó al olvido esa norma, pese a su vigencia.
La chica robada en Quilmes por motochorros no tuvo esa protección, aunque la intendenta Mayra Mendoza había apelado a las restricciones durante la pandemia de coronavirus. Y no solo para evitar la transmisión de una enfermedad, sino también para frenar la propagación de una modalidad delictiva que causa real pánico en el conurbano. “Firmamos un decreto de adhesión a la resolución de Buenos Aires para seguir las recomendaciones sanitarias respecto de la circulación de vehículos y motos particulares en Quilmes”, dijo Mendoza al presentar en junio de 2020 la prohibición de circulación de dos personas en una moto. Esa decisión no fue solo por la amenaza del Covid-19, la intendenta, una de las máximas referentes de La Cámpora, lo dejó en claro en ese momento al agregar: “Esto también nos permitirá tener mayores herramientas para prevenir el delito”.
Tres años después, la pandemia es un mal recuerdo, pero los motochorros, una realidad. Y no hay diseñado un sistema de prevención eficaz para detener su avance. Tampoco restricciones como solución táctica que dé tiempo a un plan general de seguridad. Frente al retroceso estatal, los delincuentes merodean escuelas. Golpean.
También el lunes pasado y casi a la misma hora del robo en Quilmes, otra chica de 12 años fue atacada por motochorros en La Plata cuando caminaba desde su casa al colegio. Una repetición de eventos que causa preocupación.
Mucha más inquietud genera desde el miércoles 9 del actual la cacería que realizan motochorros en los alrededores de establecimientos educativos del conurbano. Ese día fue asesinada Morena Domínguez.
La chica de 11 años falleció en Lanús como consecuencia de los golpes propinados por motochorros que se quedaron con su celular. El caso generó una fuerte conmoción en la sociedad. La niña estaba a metros de ingresar en la Escuela N° 60 Almafuerte. Los padres de alumnos que asisten a ese establecimiento educativo y a otros colegios cercanos mencionaron en esos días que la actividad de motochorros provocaba angustia y cambios de hábitos. Llegar y salir de una escuela parece haberse convertido en una tarea de riesgo en el conurbano, donde no están implementados corredores seguros para los estudiantes. Los ataques de motochorros en los alrededores de escuelas exponen las fallas del sistema de prevención.
Ese tema también es tomado en cuenta por los delincuentes, que llevan adelante la elección de blancos con una básica comparación de riesgos y beneficios. Pocos peligros representa para los motochorros el ataque por sorpresa a menores y la recompensa es interesante en su pensamiento criminal, ya que los adolescentes portan celulares de fácil reventa.
El mercado ilegal de teléfonos mantiene hace un tiempo un ritmo de sostenido crecimiento. Tampoco hay mucha actuación gubernamental o judicial sobre los puntos que convierten en dinero a esos aparatos robados. Incluso el artista L-Gante está acusado, además de por el delito de secuestro, de encubrimiento agravado por tener un “celular de sangre”. La tormenta criminal alrededor de las escuelas es perfecta, víctimas fáciles, ninguna restricción en la entrada y la salida del coto de caza de motochorros y acceso al rápido cambio de un botín por dinero. En ninguno de los tres puntos se observan movimientos preventivos de las autoridades.
En 2019, en medio del debate en la Legislatura bonaerense para regular la circulación de motos, se argumentó que siete de cada diez robos son cometidos por motochorros. No hay una estadística concreta sobre ese tema. Pero el recuento de casos impactantes siempre pone a esa modalidad en el primer lugar.ß
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