Violencia en el Congreso. El Ministerio de Seguridad demandará a los detenidos que paguen el costo del operativo

El Ministerio de Seguridad de la Nación denunciará los daños sufridos por las fuerzas federales que intervinieron para poner fin a los violentos desmanes cometidos ayer en la zona del Congreso por manifestantes que se oponían a la aprobación de la Ley Bases en el Senado. Además, demandará a los detenidos y a quienes sean identificados con posterioridad como partícipes de los hechos por los costos del operativo y la reposición y reparación del equipamiento que sufrió daños.

La jueza federal María Romilda Servini y el fiscal federal Carlos Stornelli, que estaban de turno con las fuerzas federales cuando se desató la violencia en las inmediaciones del Palacio Legislativo, ya llevan adelante una causa en la que al menos 33 de los 35 detenidos están imputados por delitos contra la seguridad pública y el orden constitucional, además de por las lesiones a ocho policías federales, cuatro gendarmes y cuatro efectivos porteños. Los otros dos quedaron presos por la tentativa de robo de objetos del interior del móvil de prensa de Cadena 3 que fue incendiado durante los desmanes.

Stornelli pidió la indagatoria de los detenidos por delitos tales como lesiones, daños simples y agravados, incendio u estrago, delitos contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva contra las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos, con la posible agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal, prevista para la comisión de eventuales “acciones terroristas”.

También adelantó que pedirá las prisiones preventivas de los imputados mientras avanza la investigación tendiente a determinar los actos de cada implicado y la individualización de otros autores de desmanes.

El Ministerio de Seguridad había previsto, inicialmente, presentarse como querellante en la causa para acusar a los detenidos por sedición y por la eventual comisión de actos terroristas. Pero finalmente desistieron, en atención a que Stornelli ya había avanzado en el mismo sentido. Los equipos legales de la cartera no perdían de vista, tampoco, que una eventual participación como querellantes obligaría al juzgado a apartar a las fuerzas federales de la pesquisa.

Así, las cosas, se limitaron a adelantar que denunciarán los desmanes cometidos por “grupos sediciosos” con “la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación”.

En un comunicado, el Ministerio precisó que las fuerzas a su cargo debieron conducir “acciones encaminadas al restablecimiento del orden en la Plaza Congreso y calles aledañas”.

“Este Ministerio denunciará los daños sufridos en su equipamiento, sin perjuicio de las lesiones a los efectivos de las fuerzas, que ya son motivo de investigación por el fiscal Carlos Stornelli”, informaron.

Y agregaron que, además, demandarán “los costos del operativo, los cuales están en proceso de determinación, ya que incluirán no solo las erogaciones necesarias para el despliegue sino también los gastos de curación de los efectivos y también la reposición del material destrozado”.

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