Víctor Saldaño. El cordobés que lleva más de 25 años en el Corredor de la Muerte en Texas le dijo a su madre que tiene cáncer
Condenado en los Estados Unidos, le escribió a Lidia Guerrero contándole de su enfermedad, hace un mes; hay un pedido a la Cancillería para que solicite a las autoridades norteamericanas que confirmen esa información y, eventualmente, expliquen qué tratamiento médico se le aplica
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA. Víctor Saldaño, el cordobés condenado a pena de muerte en los Estados Unidos, envió una carta a su madre en la que le dijo que tiene cáncer de próstata. Una copia de la misiva fue entregada por su apoderado en la Argentina, el abogado Juan Carlos Vega, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al canciller Santiago Cafiero, a quien se le pidió que el Estado argentino verifique esa información con el Servicio Penitenciario de Texas. Hasta ahora no hay una respuesta oficial contundente.
El cordobés tiene 49 años y lleva más de 25 en el “Corredor de la Muerte” en el Estado de Texas. Acusado por el homicidio del vendedor de computadoras Paul Ray King, fue condenado a muerte en un primer juicio, en 1996, pero esa sentencia fue anulada por estar viciada de racismo. Sin embargo, en un segundo proceso se repitió el fallo. En noviembre de 2019 la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó la última instancia de apelación al argentino. No aceptó tomar su caso en revisión. Desde entonces espera que las autoridades de Texas decidan ejecutar la sentencia por medio de una inyección letal.
La última presentación fue hecha en julio del 2019 por Jonathan Miller, quien representa los intereses de la Cancillería ante los tribunales de los Estados Unidos. No respondió, hasta ahora, la consulta de LA NACION respecto a qué sabe de la salud de Saldaño.
En diálogo con LA NACION, Vega explicó que, en su carta, Saldaño le contó a su madre de su enfermedad: “Hace dos semanas me reuní con el canciller Cafiero y le pedí que se comunicaran con el Servicio Penitenciario de Texas para verificar lo escrito por Saldaño desde la cárcel, si corresponde o no con un diagnóstico médico y qué terapia farmacológica y clínica recibirá”.
Lidia Guerrero no visita a su hijo desde antes de la pandemia de Covid-19. Ella también ella con problemas de salud. Solo recibe sus cartas. En la última, Víctor le contó de su enfermedad. Como lo hace desde hace años, se refugia en su fe –recibe visitas permanentes de los pastores evangélicos de su zona– y también en el vínculo forjado con Vega.
En diálogo con LA NACION, Guerrero ratificó que en la carta su hijo le dijo que fue revisado en la prisión y que le informaron de su enfermedad. También le relató que “escupe sangre”. “Inmediatamente, llamé a la Cancillería, hablé con la persona que siempre se ocupa del caso y quedó en averiguar. Ha pasado más de un mes y seguimos sin saber nada. Nunca pudimos hablar por teléfono con él en la cárcel que está ahora, es únicamente por carta”, explicó. En la última carta, Saldaño no le contó si recibe visitas.
“Durante la pandemia le mandamos tres cartas a través de Cancillería, como hacemos siempre, pero mi hijo dice que no las recibió. Sobre su salud nos respondieron que pidieron los informes, pero nada más. Algo debe haber, nos preocupa mucho”, agregó Guerrero. LA NACION preguntó a la Cancillería sobre el tema. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores indicaron que “la causa judicial impide que se den detalles del trabajo consular”. Tampoco a la familia les dieron una contestación.
El cordobés fue detenido por secuestrar y asesinar a tiros Paul Ray King, un vendedor de computadoras al que, junto con el mexicano Jorge Chávez, ambos drogados y borrachos. El 25 de noviembre de 1995 lo abordaron en el estacionamiento del supermercado Sack’N’Save de Plano, Texas. Lo llevaron al área de Tickey Creek, en el Lago Levon. Le dispararon y lo mataron. Le robaron 50 dólares y un reloj de plástico que Saldaño tenía cuando lo arrestaron; también conservaba el arma homicida.
Su cómplice, que confesó el hecho, fue sentenciado a cadena perpetua. Saldaño recibió la primera sentencia de muerte en julio de 1996 y desde septiembre de ese año está en el “Corredor de la muerte”. Primero fue en Huntsville, en un pabellón de máxima seguridad, pero más flexible que la cárcel Allan B. Polunsky, de Livingston, Texas, donde fue trasladado hace años.
Insistencia ante la CIDH
El 28 del mes pasado, Vega se reunió con el secretario ejecutivo de la CIDH, Jorge Meza, a quien le entregó una copia de la carta del cordobés y le pidió que ratifique la necesidad de que los Estados Unidos cumpla lo planteado por la Comisión Interamericana respecto de trasladar a Saldaño a un hospital psiquiátrico y que sea indemnizado con 10 millones de dólares por los daños causados por sus años de prisión “a base de racismo judicial, puro y exclusivo”.
El mandato de la CIDH de “reparar de manera integral” está ordenado desde 2015, pero no es vinculante. Es decir, no obliga a los Estados Unidos a cumplirlo. Ahora, el reclamo de Vega es que se “cuantifique” lo resuelto.
“Le hemos dicho a Meza que, si le parece excesiva la suma pedida, fijen 1 dólar como concepto de indemnización. Lo importante es que los Estados Unidos sean condenados a pagar por las violaciones de los derechos humanos probadas en el caso Saldaño”, señala Vega.
El abogado enfatizó que solo buscan “justicia e igualdad ante la ley”, y que confía en que la Cancillería argentina apoye el pedido en la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA). La CIDH, en 2016, sostuvo que las dos sentencias de muerte estaban viciadas de “racismo” y señaló que la situación de prisión en aislamiento afectó la salud mental de Saldaño.
Los representantes de los Estados Unidos, quienes mantuvieron media docena de reuniones con la CIDH, indicaron que no cumplirán las “recomendaciones” porque no están jurídicamente obligados, ya que la Declaración Americana “no tiene fuerza jurídica obligatoria” en aquel país, como tampoco lo tiene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Por la pandemia, en 2020 se suspendieron las ejecuciones en Texas; el año pasado fueron ejecutados con inyecciones letales tres hombres en ese Estado (en todo Estados Unidos fueron 11, la menor cifra desde 1998). En lo que va del 2022, también fueron tres, el último, hace ocho días, el 5 de este mes.
Por Gabriela Origlia
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